CARLOS PAGNI

El rasgo sobresaliente de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se acaba de celebrar en Buenos Aires fue el anacronismo. Los principales asistentes, con Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva encabezando el podio, se prometieron restaurar una armonía sudamericana cuya inviabilidad quedó demostrada por la misma cumbre. Las noticias más llamativas fueron que Nicolás Maduro, investigado en La Haya por crímenes de lesa humanidad, no puede abandonar Venezuela. Que lo mejor que podía esperar Dina Boluarte es que no se mencionara a su país: Perú. Casi lo consigue, si no fuera por las críticas del chileno Gabriel Boric a la represión de las revueltas en ese país. Luis Lacalle Pou observó algo indiscutible: una asociación de países no puede aspirar a ser una cofradía ideológica. Lo demostró él mismo, al tratar con gran cordialidad a un icono de la izquierda, Lula da Silva, que visitó Uruguay.

Para poner más en evidencia la fragilidad de todos estos vínculos, Cristina Kirchner se negó a reunirse con Lula. Dicho de otro modo: puso como condición que el presidente de Brasil se allanara a visitarla en su despacho de vicepresidenta en el Senado, que es como bloquear la posibilidad de una entrevista. Sería un error menospreciar estos pormenores como si fueran irrelevantes. En este contexto general se inscribe la embestida del peronismo contra la Corte Suprema de Justicia. Alberto Fernández agrega ese conflicto a un paisaje regional que no soporta una gota más de inestabilidad.

La ausencia de Maduro estaba asegurada desde un comienzo. El emir caribeño no podía arriesgarse visitando un país en el que un juez de primera instancia necesitado de respaldo político, Federico Villena, tuvo secuestrados a varios venezolanos, un grupo de iraníes y un avión durante semanas enteras. Para ponerlo en otros términos: Maduro no puede exponerse a sistemas en los que el Poder Judicial no sea manejado con rienda corta por el Poder Ejecutivo. Alberto Fernández pudo hacer gestiones para que Interpol no lo detenga. Pero no está en condiciones de asegurar el comportamiento de los tribunales.

Los amigos del dictador recibieron otra versión. Un audio en el que él explica: “Me llegaron informaciones de fuentes de inteligencia que jamás nos fallaron sobre algo terrible que iba a suceder pero que no puedo revelar”. No hacía falta espionaje alguno para adelantarle que su figura sería vapuleada por las manifestaciones de protesta de los miles de venezolanos que soportan su exilio en Buenos Aires.

El desencuentro de Lula con la señora de Kirchner era de prever. De vuelta de su último viaje a Buenos Aires, en plena campaña electoral, el líder del PT confesó a sus amigos que se sintió manipulado en una interna ajena: la de Fernández con su vice. Después de ganar los comicios el fastidio se acentuó. Fue cuando le hicieron notar que la gorrita con la leyenda CFK 2023 que una diputada de La Cámpora le hizo vestir en medio del alboroto del festejo, quería decir que Cristina Kirchner debía ser candidata en 2023. Al revés: quería decir que Fernández no tendría derecho a postulase para la reelección.

En su visita como Presidente, Lula evitó quedar atrapado en esa pelea. En un momento imaginó un almuerzo con el Presidente y la vicepresidenta. Le hicieron notar que ella no se prestaría a compartir la mesa con quien fue su ahijado y candidato. Cuando empezaron a llegar las invitaciones para ir al Senado a visitarla, tuvo la excusa ideal para liberarse de la trampa. Una agenda saturada; la cuidadosa y determinante “Janja”, su mujer, que le impide tener jornadas extenuantes, y otros pretextos por el estilo.

La verdad hay que buscarla en otras razones. Lula consolidó una estrechísima relación con Alberto Fernández, que está entre las tres personas que más aprecia en el mundo, según un colaborador muy cercano: las otras dos son el papa Francisco y Emmanuel Macron. Gratitud por los gestos que tuvieron con él mientras estaba preso. Una demostración de la apreciación de este vínculo es que destinó como embajador en Buenos Aires a uno de los mejores profesionales de Itamaraty, Julio Bitelli, mano derecha del canciller Mauro Vieira cuando era embajador en la Argentina.

Otro motivo de la reticencia de Lula a verse con Cristina Kirchner es que el presidente de Brasil no tiene margen para mostrarse al lado de alguien condenado por corrupción. La tolerancia que podría existir en ese campo la consume en su propio drama. Alcanza con recordar que en la catarata de mensajes solidarios que se conocieron cuando el fiscal Diego Luciani pidió una condena en el caso de Vialidad, no hubo ninguno de Lula. En cambió el brasileño se pronunció cuando Fernando Sabag Montiel quiso asesinarla en la puerta de su casa. El argumento protocolar según el cual un presidente no puede condescender a ver a un amigo en su domicilio quedó invalidado ayer, cuando Lula fue hasta la casa de José “Pepe” Mujica.

La intransigencia ceremonial de la señora de Kirchner es fácil de explicar. Ella ve en el Presidente al candidato de un bando rival. Entendió, con razón, que la cumbre de la Celac era una plataforma de lanzamiento. No la convalidaría. Al contrario, demostraría con un largo besamano en el Senado que es ella quien ejerce el poder real en el país. Xiomara Castro, Luis Arce, Evo Morales y Gustavo Petro accedieron a esa coreografía. Lula no se prestó.

Del mar de temas que decoraron el paso del presidente de Brasil por Buenos Aires hubo uno a destacar: el pedido de Fernández para que el Bndes, el banco de desarrollo brasileño, financie el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que debería empezar a ejecutarse en octubre próximo. La energía, con su formidable impacto sobre las reservas monetarias, sigue teniendo a la Argentina al borde del abismo.

En parte eso se debe a los desvaríos oficiales. Por ejemplo: el 18 de enero el senador Oscar Parrilli envió una nota a la Secretaría de Energía pidiendo que el Estado Nacional asuma la administración de las centrales hidroeléctricas cuyos contratos de concesión están a punto de vencer. Se justifica en que las inversiones de las actuales concesionarias no reportaron beneficios al país. Parrilli se refiere a AES, Enel, Orazul Energy, Cerros Colorados S. A., Central Puerto, Hidroeléctrica Futaleufú y Pampa Energía. Entre esos operadores hay varios amigos de Sergio Massa, el ministro del que depende la decisión.

Massa no atraviesa días agradables. Ayer tuvo otro disgusto: se conocieron las críticas de Jorge Bergoglio a la inflación y la pobreza que flagelan a la Argentina. El Papa aclaró que se refería a datos objetivos. Que no hacía política. ¿Por qué dudar? Sin embargo, hay un interrogante inevitable. ¿Hubiera dicho lo mismo si el ministro fuera su dilecto Martín Guzmán, a quien hizo designar miembro de su Academia de las Ciencias? Massa infligió al Papa una afrenta, al parecer, irreparable. Fue cuando, en combinación con el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone, con el otrora obispo de Campana, Oscar Sarlinga, y con el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly, soñó con cortarle la cabeza al entonces arzobispo porteño para llevársela en bandeja a Néstor Kirchner. Massa hizo de todo por borrar aquel agravio. Hasta ordenó una edición de la encíclica Fratelli Tutti con fondos del Congreso. La clemencia todavía no llegó.

Al antiguo fastidio del Papa con Massa se le suma uno más moderno, con Fernández. Tiene que ver con el impulso que dio a la ley de despenalización del aborto. Voceros informales del jefe de la Iglesia aseguran que el Presidente había prometido no avanzar en esa dirección. En cambio, al lado de Fernández alegan que en su primera reunión con el episcopado el dejó abierta la posibilidad de esa reforma. Lo concreto es que cuando Fernández viaja a Europa no consigue ver a Francisco. Sí lo logró su esposa, Fabiola Yañez, semanas atrás.

Estas especulaciones pueden ser presunciones maliciosas de simples pecadores. Igual que la teoría, que circulaba ayer en el peronismo, según la cual el Papa comenzó a crear un clima favorable para otro de sus preferidos: Juan Grabois, cuyos seguidores han comenzado a tapizar el conurbano con la leyenda Juan XXIII. Hasta contrataron una avioneta para hacer pasear el cartel por las playas de Mar del Plata: pequeña licencia de un pobrista.

Grabois fantasea con una candidatura presidencial y adoptó la marca de otro aspirante que, por ahora, desistió: Juan Manzur, que imprimió carteles, mucho más lujosos, con el mismo pseudónimo de Juan XXIII. La historia siempre simula repetirse. De nuevo aparece un Juan XXIII apócrifo y otro que lo depone. El verdadero Juan XXIII, Giuseppe Roncalli, tomó ese nombre para recordar que Baldasarre Cossa, el Juan XXIII que se proclamó sucesor de Pedro entre 1410 y 1415, era un antipapa. En la guerra laica del oficialismo, Grabois acaba de arrebatarle la triple tiara a Manzur. Y, siempre según esta tesis, el Papa ha salido a respaldarlo.

La Casa Rosada reaccionó a la crítica del Pontífice con un automatismo: los problemas económicos son culpa de Mauricio Macri. Es curioso ese ensañamiento con el gobierno de Macri. Sobre todo si se tiene en cuenta que la Primera Dama, “mi querida Fabiola”, como la llama el Presidente, formó parte de esa gestión entre 2017 y 2019, contratada en un organismo de control. Tal vez ese detalle no tenga la gravitación suficiente como para torcer una estrategia electoral.

No sólo el Papa está inquieto por la economía. Los principales empresarios del país temen que la precaria política de Massa desbarranque como consecuencia de un alboroto institucional. Se refieren al asedio a la Justicia. Esos hombres de negocios, que tratan de respaldar a Massa disimulando sus carencias, creen que el agravamiento de esa lucha de poderes puede alterar variables sensibles como, por ejemplo, la cotización del dólar paralelo.

La inflación, como opinó Bergoglio, está descontrolada. La medición de mediados de este mes de enero que realiza la Ciudad habría dado 7%. En general, en la segunda quincena suele repetirse. No hay mucha divergencia entre ese estudio y el del Indec. De ser así sería una pésima noticia para el ministro. Dentro de este marco, los más grandes empresarios del país aspiran a que Massa utilice toda su influencia para cerrar el pleito con la Corte.

Los amigos de Massa hacen llegar al máximo tribunal una justificación vergonzosa: “No podemos abandonar esta batalla porque está en juego la candidatura de Sergio”. Dicho con más claridad: el ataque a la Corte es el precio que Massa paga para conseguir la bendición de Cristina Kirchner. A la luz de esta coartada hay que releer la preocupación de los empresarios. Ellos se preguntan: ¿de qué proyecto, con qué orientación, pretende ser candidato Massa? Es una pregunta clave, sobre todo a la hora del financiamiento.

Estas incógnitas son cruciales. Hoy comenzará a tratarse la propuesta del peronismo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Los representantes de Juntos por el Cambio son 14. Los del PJ, 16. A la oposición se le agrega Alejandro “Topo” Rodríguez, que se referencia en Roberto Lavagna. Llamativo: Lavagna es el más gravitante consultor externo de Massa. Al ministro le quedan dos delegados en esa comisión: Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez. Este legislador solía apasionarse defendiendo la autonomía del Poder Judicial. Es el presidente de la comisión de amistad argentino-estadounidense. Como publicó LA NACION, la cancillería de los Estados Unidos condenó el ataque a la Corte. Acaso Gutiérrez les haga entender a esos diplomáticos por qué conviene votar como él piensa hacerlo.

A medida que fueron pasando los días los motivos para enjuiciar a la Corte se fueron desvaneciendo. Ayer, los diputados de Juntos por el Cambio consideraron que no hay razón para abrir el caso. Como en la Corte piensan lo mismo, es posible que los jueces resuelvan no autorizar a sus subordinados a acudir a la comisión ni siquiera en carácter de testigos. Hay un matiz en la posición de la Coalición Cívica, como aclaró ayer Elisa Carrió en una entrevista con María O’Donnell: esa fuerza mantendrá su pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Es un desafío para el peronismo, que también ayer se encontró con una novedad: el diputado radical por Formosa Fernando Carbajal propuso que su partido se sume al de Carrió en esa iniciativa. Mario Negri, que asistía a la reunión, escuchó, petrificado.

Carrió sospecha que Lorenzetti alimenta al PJ con informaciones perjudiciales para sus colegas de la Corte. Hay muchas versiones en esta dirección. Algunas son injustificadas. Por ejemplo, que la oficina de observaciones judiciales, desde donde se intervienen teléfonos y correos, demoraba responder al fiscal Carlos Stornelli si algún magistrado había ordenado espiar los teléfonos del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y del funcionario de la Corte Silvio Robles. En realidad, esa dependencia, que conduce Tomás Rodríguez Ponte bajo la dirección del camarista Javier Leal de Ibarra, nunca recibió una solicitud. El fiscal propuso esa consulta a María Eugenia Capuchetti, en la causa por una denuncia de D’Alessandro, pero la jueza la denegó.

La mayor inconsistencia del pedido de juicio político radica en que el juez Sebastián Ramos archivó la denuncia contra el funcionario Robles por las conversaciones con D’Alessandro. Se basó en que esas conversaciones se conocieron por una operación de espionaje clandestino. Ramos asumió como propia la opinión del fiscal Stornelli, quien a la vez citó el voto en minoría de la camarista de Casación Ana María Figueroa en el caso del Memorandum con Irán. Figueroa sostuvo en esa oportunidad, contra la posición de sus colegas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que no se podía reabrir el expediente sobre la base de una escucha subrepticia a una charla telefónica entre el entonces canciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger.

Como Ramos obturó la principal línea operativa del peronismo en el Congreso, ayer Axel Kicillof intentó auxiliar a sus compañeros: denunció a Robles en el juzgado federal de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. La saga parece dirigirse a un combate Ramos vs. Ramos. Un detalle para la intriga: la del gobernador es la quinta denuncia contra Robles. Las primeras se produjeron en diciembre y se sintetizaron en el expediente que cerró Ramos. Pero el remolón Kicillof demoró hasta la segunda quincena de enero para llevar el caso a tribunales. ¿Será porque la Cámara Federal de La Plata dispuso que Ramos Padilla sería juez de feria sólo entre el 16 y el 31 de enero? Pareciera que Kicillof estuvo esperando a “su” Ramos.

La trama judicial que se está desarrollando está plagada de paradojas. Los argumentos de Sebastián Ramos, basados en el voto de Figueroa, para archivar el caso Robles, beneficiarían a Cristina Kirchner en el caso Memorandum. Aun cuando ese expediente no se reabrió sólo por la escucha a Timerman y Borger.

Al mismo tiempo, el juez Ramos perjudica a los diputados peronistas en la comisión de Juicio Político porque les quita su argumento principal. El defensor de la privacidad de las conversaciones es Stornelli, a quien Ramos Padilla procesó atribuyéndole operaciones de espionaje junto al falso agente de Inteligencia Marcelo D’Alessio. ¿Usará Ramos Padilla ahora el contenido de intervenciones ilegales para investigar a Robles? El mamarracho puede empeorar todavía más. De hecho, ayer el papá del juez Ramos Padilla, Juan Ramos Padilla, que también es juez, relataba vía Twitter, en tiempo real, las medidas que su hijo estaría tomando para investigar a Robles. Perón dijo: “Al enemigo, ni Justicia”. Pero un dictador caribeño lo perfeccionó: “Al enemigo, la Justicia”.

Lula no necesitó sumergirse en estos detalles para advertir que la calidad institucional está casi tan amenazada en la Argentina como en su país. Eso sí, de su trato con Fernández y con la señora de Kirchner se llevó una impresión que lo hace coincidir con otro dirigente sindical: “El peronismo está hecho mierda”, dictaminó Luis Barrionuevo.

Con el mismo diagnóstico reapareció Eduardo Duhalde. En un pequeño video anunció que pelearía para convertirse de nuevo en presidente del PJ bonaerense. Al pasar, con inocencia, mencionó un dato: “La controversia por la conducción del partido está en la Corte”. El peronismo bonaerense hoy está bajo la conducción de Máximo Kirchner. Es la principal zona de repliegue de su madre, la vicepresidencia. El refugio al cual recurrir en caso de perder las elecciones nacionales. El control de esa zona sagrada, informó Duhalde, está en manos de los cuatro jueces a los que Cristina Kirchner pretende destituir. La historia sigue estando abierta.