Comenzó otra audiencia para realizar una adecuación tarifaria transitoria de Edenor y Edesur en el marco del proceso de RevisiónIntegral dispuesto a través de la resolución 576/2022.
El Interventor del ENRE inició esta mañana la Audiencia Pública virtual convocada a principios de noviembre pasado para analizar las propuestas que EDENOR y EDESUR presentaron con miras a una adecuación tarifaria transitoria, dentro del proceso de Revisión Tarifaria Integral y con carácter previo a fijar las tarifas definitivas del servicio público de distribución de energía eléctrica.
En su discurso de apertura, Walter Martello invocó el derecho a la asequibilidad de los servicios públicos, se refirió a la implementación de esquemas de subsidios en otros países latinoamericanos, recordó los fundamentos del régimen sancionatorio establecido en la Ley 24.065 y reivindicó la regulación vigente en la Argentina. "El Estado no puede ni debe renunciar al poder tarifario", afirmó.
"Ésta es la primera audiencia pública donde el debate tarifario permite introducir un punto fundamental para los servicios públicos esenciales" consideró Martello en alusión al "concepto de asequibilidad aplicada a las demandas eléctricas" y a la consecuente elaboración de un esquema de subsidios según la estratificación socioeconómica de los usuarios residenciales. En este punto, el interventor del ENRE destacó el alcance de la Ley Nº 27.541 de 2019, de la Ley Nº 27.668 de 2022 y del Decreto Nº 332 de 2022, artífices de la segmentación energética que el Gobierno nacional materializó en octubre pasado y que establece topes de impacto para los sectores más vulnerables de la población.
"Nuestro interés está en la economía real, en que las tarifas sean asequibles, es decir, que se ubiquen dentro de la verdadera capacidad de pago de los usuarios del servicio, y que abonar dicho servicio no implique un esfuerzo excesivo sobre la economía familiar" afirmó el Interventor del ENRE. Luego nombró a Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador entre los países de la región cuya regulación contempla subsidios intra-demanda y/o basados en una estratificación socioeconómica.
Por otra parte, Martello reivindicó el régimen sancionatorio vigente en nuestro país, que posee -no un carácter represivo- sino una naturaleza contractual y un propósito reparador y retributivo. "El objeto de las sanciones contenidas en los contratos de concesión y en la Ley Nº 24.065 no pretende ser un castigo, sino incentivar a la concesionaria para que cumpla los niveles de inversión que aseguren la calidad y eficiencia de la prestación del servicio brindado", explicó.
En respuesta a declaraciones públicas del directivo de una multinacional productora y distribuidora de electricidad y gas, el Interventor del ENRE desmintió que nuestro país posea "la regulación más bizarra del mundo” y agregó: "Nosotros creemos que lo verdaderamente bizarro, en el sentido de Raro y Extravagante según define la Real Academia Española, es pretender tarifas del Primer Mundo ofreciendo una calidad de servicio del Tercer Mundo", así como "no poder gestionar un negocio en un mercado no competitivo y con usuarios cautivos".
La regulación argentina le confiere a nuestro Estado un poder tarifario irrenunciable. Por eso, sostuvo el funcionario, "las distribuidoras no van a obtener la tarifa que piden, sino aquélla que los usuarios pueden pagar en el actual contexto económico y social". De hecho, prosiguió, "evaluamos la posibilidad de realizar una nueva audiencia pública de adecuación tarifaria en el cuarto trimestre de este año".
Antes de terminar su discurso de apertura, Martello adelantó que el ENRE les exigirá a EDENOR y EDESUR "un plan de inversiones que garanticen un servicio eficiente y de calidad", y que estas presentaciones "serán analizadas por distintas áreas del organismo y auditadas para que las obras se concreten en tiempo y forma". Luego precisó: "Avanzaremos con este control de calidad en las zonas donde la afectación en alimentadores se mantenga por más de un semestre".
En este punto, el funcionario advirtió que las interrupciones del servicio eléctrico afectan la seguridad, la salud, la economía -en síntesis, la calidad de vida de la población. "Afectan la seguridad cuando el alumbrado público y los semáforos se apagan y entonces las personas se convierten en víctimas potenciales del accionar delictivo o de un accidente vial; afectan la salud cuando alteran el servicio de agua potable o desestabilizan la conexión de los usuarios electrodependientes; afectan la economía cuando se pierde la cadena de frio de alimentos y medicamentos o cuando los golpes de tensión arruinan electrodomésticos".
Por último, Martello resaltó el compromiso de esta Intervención con la defensa de los derechos de los usuarios y con un ejercicio regulatorio dedicado a garantizar un servicio eléctrico eficiente, seguro y sustentable. "Los usuarios y usuarias del Área Metropolitana de Buenos Aires merecen este justo derecho, que también es nuestro norte", concluyó.
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