DANIEL MONTAMAT * 

Con alguna razón mucha prensa ha criticado el arreglo al que arribó la Secretaria de Energía por las deudas millonarias que distribuidoras eléctricas mantenían con CAMMESA, la compañía que regula la operación del mercado mayorista y el despacho (compra los electrones a los distintos generadores y los vende a las distintas distribuidoras).

En su operación, esta sociedad anónima que de hecho controla el Estado Nacional aunque sólo es dueño del 20% de su capital accionario, acumula déficit millonarios en dólares (en el 2022 de unos 10.500 millones de dólares según estimaciones de Carta Energética) porque es forzada a comprar la electricidad a un precio que remunera el costo medio total de producirla, y a venderla a un precio subsidiado más bajo, sobre todo a ciertos consumos como los residenciales.

El mal negocio empeora, porque la mayoría de las distribuidoras a los que les vende los electrones a un precio estacional que incluye el transporte, para llegar con electricidad a los consumidores finales deben cobrar un “peaje” por la infraestructura que requieren para mantener un servicio con ciertos estándares de calidad (mínimo número de cortes y decreciente duración de las interrupciones) y ampliarlo a nuevos usuarios.

Si la tarifa que reciben por ese servicio se congela en contextos inflacionarios, y sus costos se incrementan al compás de la inflación, se recortan inversiones y se rompe la cadena de pagos. No pueden dejar a los usuarios sin servicio, pero aumentan los cortes y su duración.

Entre el 2018 y el 2022 la inflación de precios al consumidor acumuló una suba del 816%, el coeficiente de variación salarial acumuló una suba del 613%, mientras el VAD (valor agregado de distribución) en la zona de AMBA donde prestan servicios Edesur y Edenor, tuvo un ajuste acumulado del 102%.

El punto de partida es el 2018 porque el congelamiento se inicia en julio de 2019, y de allí se prolonga con la actual administración por el incumplimiento del artículo 5 de la ley 27.541 que imponía la obligación al Poder Ejecutivo de iniciar una Revisión Tarifaria Integral dentro de los 180 días de su aprobación, lo que nunca ocurrió.

Se incumplió también la propia normativa emitida por el Poder Ejecutivo (Decreto 1020/20) que estableció el inicio de la renegociación tarifaria integral, la cual debía culminar dentro de los 2 años desde su inicio, es decir, el 16 de diciembre del año pasado, y que tuvo que ser prorrogada hasta el 16 de diciembre de 2023 (Decreto 815/2022) sustituyéndose por un procedimiento de Adecuación Tarifaria Transitoria (discrecionalidad para el año electoral). Todo esto con Entes reguladores sectoriales intervenidos sine die y con una institucionalidad en crisis.

En un país normal, las concesionarias de electricidad y las distribuidoras de gas natural (que padecen un problema semejante), con estas distorsiones entre sus costos y las tarifas retrasadas hubiesen acudido a un procedimiento concursal, que seguramente derivaría en quitas y esperas con los acreedores (con el Estado regulador como principal responsable) para aliviar el pasivo, o en eventuales quiebras de persistir la situación (en la anterior experiencia de la administración kirchnerista muchas empresas de dueños extranjeros amparadas en tratados de garantías de inversiones suscriptos en los 90 acudieron al CIADI- Tribunal arbitral del Banco Mundial).

De última, en un país normal las licencias o concesiones se vuelven a licitar o el Estado debe hacerse cargo del servicio. ¿Es imaginable entre nosotros una nueva SEGBA 4.0 administrada por el Estado?

El salvataje negociado con varias distribuidoras el mes pasado saca del closet populista uno de los esqueletos que iba a heredar la administración que viene. Según datos oficiales de Cammesa, al 30 de septiembre pasado, las empresas distribuidoras le debían $ 486.419 millones, de los cuales, Edenor y Edesur adeudaban entre las dos, casi la mitad, $ 219.615 millones. En los acuerdos firmados, se eliminaron los intereses punitorios que se habían acumulado, como estaba dispuesto en la ley de presupuesto 2021. Además se establecieron créditos compensatorios y la deuda que finalmente resultó se refinanció a 8 años con tasas de interés subsidiadas.

Sí, una licuación de pasivos, otro subsidio implícito que deberán afrontar los engañados argentinos que siguen creyendo que los congelamientos tarifarios son un regalo del cielo a través del ungido de turno. Los subsidios, que son su contracara, benefician más a los ricos que a los pobres, y, como se financian con emisión, generan más inflación que los ajustes necesarios para que las tarifas remuneren los costos económicos del servicio (incluyendo una tarifa social focalizada en los usuarios vulnerables).

En total, se regularizaron deudas por $ 210.946 millones, que equivale al 93% del acumulado en los últimos años (sin contar los intereses punitorios, que se eliminaron). Todavía falta normalizar deudas por un total de $ 14.843 millones. Los acuerdos incluyen, además, un compromiso de las empresas de no volver a endeudarse con Cammesa a partir de marzo. Es decir, las distribuidoras deberán pagarle a Cammesa el 100% de las facturas de electricidad.

Y ahí vienen la tres preguntas que generan grandes dudas: ¿Habrá reincidencia?, ¿Qué mecanismo compulsivo se activará contra los deudores a futuro? , ¿Repetiremos el ciclo endeudamiento, salvataje, licuación de pasivos con hijos y entenados? Las dudas seguirán creciendo mientras la política y la sociedad no asuman que los nefastos congelamientos tarifarios incuban el huevo de la serpiente que genera todos estos desbarajustes.

* Ex secretario de Energía y ex presidente de YPF