JUAN JOSÉ RONSECCO *

Finalmente, el miércoles 4 de enero la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó el proyecto de Royalty Minero y pasó a la Comisión de Hacienda. Sin duda la creación de un Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo es una de las mejores noticias recibidas para iniciar el año 2023 y esperamos que éste se implemente de manera eficiente, contribuyendo positivamente al crecimiento de nuestra región.

Lo que sí nos preocupa es si el Ministerio de Hacienda está ponderando correctamente la recaudación que le generará la puesta en marcha de este impuesto y la mantención del atractivo a la inversión de la industria. Justamente frente al punto más relevante del proyecto -las tasas efectivas que se cobrarán a la minería- es donde más vemos discrepancias, manteniéndonos en absoluta alerta. 

Según Hacienda, el gravamen total llegaría a un 39%, mientras que los estudios independientes, como los desarrollados por CRU y Deloitte, indican que dichas tasas fluctuarían entre 48% y 50%. La diferencia es sustantiva y, además, en el peor de los escenarios, dejamos de ser competitivos, ya que deja a Chile cobrando más impuestos que otras jurisdicciones mineras.

Como parámetro, hay que considerar que no debemos estar por arriba de la tasa que cobra Perú, nuestro principal competidor, que tiene una carga de 40%.

La minería es un negocio muy particular, que funciona al largo plazo y tiene una lógica muy distinta a otras industrias. Desde la exploración hasta que un proyecto germine pueden pasar entre una y dos décadas, e incluso más. Por eso, un punto clave para la proyección de este negocio es tener reglas claras al largo plazo, en especial porque los países compiten entre sí para captar inversionistas.

Otros elementos que ponderan los inversores tienen que ver con la geología de los yacimientos. En el caso de Chile, hemos experimentado una caída en la leyes de mineral, con lo cual, la extracción es más costosa.

Con todo, el ranking del Instituto Fraser que mide el atractivo a la inversión minera ha sido lapidario con Chile que hace 5 años ocupaba el sexto lugar y hoy el puesto 31. Esta pronunciada caída se explica en gran medida por la incertidumbre política y legislativa que la industria vive hace años.

Más allá del hecho que otros países mineros tengan mejor perfil para captar las inversiones futuras, veríamos directamente afectación en los encadenamientos productivos y empleos.

En Atacama un 69% de los trabajos se relacionan con la minería y tenemos proyectados US$18.197 millones de inversión en esta industria a 2031. Si el proyecto de Royalty es aprobado con tasas efectivas que nos dejan fuera de competencia, podríamos ver un deterioro de la inversión y empleos. Así, el objetivo del desarrollo regional terminaría siendo una paradoja.

* Presidente de Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA)