MARTÍN BIDEGARAY

La secretaría de Energía le perdonó deuda a las distribuidoras eléctricas por $ 62.000 millones. Pero, además, les otorgó un plan de refinanciación de 96 cuotas para los pasivos que seguirán vigentes.

Además, accedió también a descontarles intereses (correspondientes a 2020-2022) por las deudas que Cammesa finalmente cobrará.

La decisión lleva tres años gestándose, con la participación de diversos ministros y secretarios de Energía. En el medio, hubo oposiciones internas, desacuerdos y hasta temores de provocar un escándalo de proporciones.

El origen del desaguisado está en la pandemia. Los hogares tuvieron la chance de no pagar la boleta, ya que las distribuidoras estaban imposibilitadas de cortarles el suministro, por un decreto presidencial. Miles de clientes dejaron de abonar su factura, ya que eso no tendría consecuencia en la provisión del servicio.

De esa forma, las distribuidoras se encontraron con menos recursos para pagar la electricidad que consumían sus clientes. Recaudaban menos -por los clientes que dejaban de pagar-, pero se supone que debían desembolsar lo mismo por la electricidad que les entregaba Cammesa.

Ese “rojo” que se generó en 2020 se trató de arreglar en 2021. En el presupuesto de ese año, se estableció que las distribuidoras podían descontar “hasta 5 facturas medias” de su pago a Cammesa. Sin embargo, en 2021, la deuda ya no era la de 2020. Había crecido por los intereses acumulados a la fecha.

A fines de 2020, Daniel Vila y José Luis Manzano compraron el control de Edenor. Los empresarios se propusieron regularizar la deuda. El resto de las distribuidoras también se iba a beneficiar de la medida.

Se bosquejaron distintos planes de pago, pero con reducción de intereses. Para ello, se necesitaba el consentimiento de Cammesa y la subsecretaría de Energía Eléctrica, que estaba encabezada por Federico Basualdo.

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió la renuncia de Basualdo, porque el funcionario se negó a aumentar las tarifas en las escalas que quería Economía. El kirchnerismo se alineó con Basualdo y lo defendió. El subsecretario de Energía Eléctrica salió fortalecido. Y desde allí tomó la decisión de tratar de regularizar la deuda de las eléctricas, pero sin las concesiones que le pedían algunas empresas.

Su decisión de buscar un arreglo, pero no a cualquier costo, también lo puso en la mira de algunos empresarios eléctricos. Desde el campamento Vila-Manzano sugerían que era “inflexible” y que preferían negociar con otro interlocutor. El presupuesto 2022 también incluyó cláusulas de renegociación de la deuda con Cammesa, pero Basualdo siguió firme en su posición.

La situación cambió en septiembre de 2022, con el desembarco de Sergio Massa en el ministerio de Economía. Con la botonera a mano, dispuso cambios en la secretaría de Energía. Desplazó a Darío Martínez, a quien reemplazó por la salteña Flavia Royón, una funcionaria caracterizada en las empresas como proclive al diálogo. Y removió a Basualdo, reemplazado por Santiago Yanotti, que estaba en Cammesa y es conocedor del sector.

Para completar el cuadro, en la ley de Presupuesto 2023 vino el refinanciamiento de 96 cuotas a las distribuidoras de su deuda. Pero allí no se hablaba de “compensaciones” por pérdidas que hubieran tenido las distribuidoras, que justificaban el “perdón” de la deuda. Tampoco de anular los intereses acumulados entre 2020 y 2022.

La secretaria de Energía dudó más de una vez sobre la conveniencia de firmar un acuerdo, según interlocutores que hablaron con ella sobre el tema. Pero hubo una orden directa del ministro de avanzar en esa dirección.