SANTIAGO SPALTRO

Después de más de dos décadas, el 2023 será el primer año en el que cerca de un tercio de los hogares volverá a pagar por completo el costo de la energía, sin subsidios. Por la segmentación de las tarifas, los usuarios de "Nivel 1" (altos ingresos o patrimonios) afrontarán el costo pleno de la energía eléctrica y el gas natural como en la era de la Convertibilidad.

Entre enero y marzo de este año de elecciones entre el 25% y el 35% de los usuarios residenciales del país pasará a abonar el precio de la generación de energía eléctrica y del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) así como las importaciones sin ayuda del Estado nacional.

Los aumentos de las tarifas serán para todos los usuarios del país, tanto industrias como comercios y hogares de las tres categorías de segmentación, para bajar en 0,5 puntos porcentuales los subsidios que aporta el Tesoro, del equivalente a 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 a 1,6% en 2023, tal como está marcado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Equivale a unos $ 700.000 millones de ahorro fiscal.

De acuerdo a lo anunciado por el gobierno, las subas se empezaron a aplicar el sábado 31 de diciembre en el caso de los usuarios de altos ingresos del gas por red. El incremento de la energía eléctrica estaba previsto para el domingo 1 de enero; no obstante, las autoridades económicas argentinas y los técnicos del FMI consensuaron demorar esta eliminación de los subsidios hasta una fecha cercana al 15 de febrero.

En la Secretaría de Energía estaban trabajando en una actualización del precio del gas en PIST (mayorista, en boca de pozo), mientras que las distribuidoras de gas de todo el país ya cuentan con las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para eliminar los subsidios al nivel 1.

La prórroga hasta mediados de febrero sería únicamente en el caso del Precio Estacional (PEST) de la energía eléctrica, a nivel nacional.

ANTECEDENTES
El fin de la Convertibilidad, tras el estallido político, económico y social de diciembre de 2001, trajo a la Argentina un prolongado período de 20 años en el que las tarifas en pesos se desindexaron de la evolución del dólar (la moneda en la que se efectúan las importaciones de combustibles).

En este lapso, que abarcó las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, el Estado se hizo cargo de los crecientes costos de la energía, producto de la devaluación del peso y la escasez de producción local, con tarifas que tuvieron un extendido congelamiento.

Nicolás Arceo, director de la consultora Economía & Energía, contabilizó que a partir de 2004 los subsidios al sector energético devengados fueron de aproximadamente el equivalente a 142.000 millones de dólares.

Según un análisis del economista Alejandro Einstoss, que presentó para el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, think tank del radicalismo, la suma de los subsidios a la energía y el transporte entre 2008 -cuando se empieza a acelerar la inflación y la devaluación del peso- y 2022 llega a US$ 214.000 millones de dólares, con un promedio anual superior a los US$ 13.000 millones.

Por otro lado, la suba de tarifas para remunerar a las transportistas y distribuidoras de gas se aplicaría recién en febrero, al igual que en el caso de Edenor y Edesur.

El gobierno autorizó también a partir de enero un incremento de 154% en los ingresos de Transener y de otras empresas, que se reflejará en una actualización de hasta $ 20 por mes para el 72% de los usuarios.