En el balance general, el de la minería es, junto con el de la industria, el frente que más satisfacciones arrojó para el oficialismo en un año que se le complicó por el extenso conflicto con el sector Salud, denuncias por corrupción de una alianza opositora acicateada por la inminencia del año electoral y, sobre el final, la emergencia de las fallas en los dispositivos de designación de jueces y fiscales, con la crisis en la investigación del asesinato del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, que colocó en el eje de la controversia al fiscal Laureano Palacios.

De concretarse, el convenio entre CAMYEN e Y-TEC YPF para montar una planta que fabricará celdas, baterías de ion-litio y material activo completaría la cadena productiva del “oro blanco” en Catamarca con dos empresas estatales.

En el Gobierno inscriben el hecho en las reformas de la política minera que iniciaron con la reforma de la legislación provincial del sector que transfirió competencias del Juzgado Electoral y de Minas al Ministerio de Minería, sobre todo en lo que concierne al otorgamiento de los pedimentos mineros y el control sobre las inversiones que concesionarios deben realizar para retener sus derechos.

La especulación con las concesiones no se ha erradicado del todo en el marco de la fiebre del litio, pero el Gobierno procedió con una depuración del padrón y varios de los pedimentos fueron a parar a CAMYEN, en lo que de hecho es una capitalización de la firma.

Estas reformas se complementaron con un férreo control de los resortes políticos del área.

En reemplazo de Ávila, fue encumbrado como ministro de Minería el diputado ultracorpaccista Fernando Murúa.

Al frente de CAMYEN quedó, tras la salida del senador belicho Jorge Solá Jais, Susana Peralta, que responde al gobernador Raúl Jalil. La secunda como vicepresidenta Natalia Dusso, hija del vicegobernador Rubén Dusso.

El espinel se completa con el Juzgado Electoral y de Minas, donde fue designada Agustina Crook, que venía de cumplir funciones en el Senado provincial.

Vale decir que el Gobierno ha puesto particular empeño en asegurar la sintonía de la línea minera, con paladares negros abulonados en los puestos clave a nivel provincial y el sostenimiento de Fernanda Ávila en el orden nacional.

Quizás sea en la obstinación por sustraer a esta línea minera de las fluctuaciones políticas donde radique el principal motivo del gobernador Raúl Jalil para celebrar las elecciones provinciales en el turno agosto-octubre, a diferencia de la mayoría de los mandatarios provinciales del país, que prefirieron desacoplar su suerte de la de la Casa Rosada.

La armonía con el devaluado Gobierno nacional no solo lubrica el flujo de fondos, sino también acuerdos como el firmado para la fábrica de baterías, sucedáneo del convenio entre CAMYEN e YPF para explorar las existencias de litio en una superficie de 20 mil hectáreas ubicadas en Fiambalá, firmado en agosto.