CARLOS PAGNI

Son varios días donde Alberto Fernández se mueve como una especie de barrilete sin cola. Lo primero que llama la atención de la disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una dimensión institucional muy relevante, es la improvisación, porque este fallo estaba dentro de las probabilidades, de lo que podía ocurrir.

Toda disputa judicial, sobre todo cuando la encara nada menos que el Estado nacional contra un poder público como es la Ciudad de Buenos Aires y viceversa, es como un ajedrez donde se supone que los que juegan conocen las jugadas posibles, las distintas configuraciones que puede ir adquiriendo el tablero. Y, por lo tanto, tiene una respuesta jurídica y política pensada hacia lo que puede sobrevenir. Daría la impresión de que al Presidente y a todo su entorno, el Gobierno en general, lo tomó por sorpresa lo que casi no tomó por sorpresa a nadie.

A veces las noticias son hechos, como un decreto, una disputa, la renuncia de un ministro, un acuerdo. Acá la noticia más importante, que está en proceso desde hace varios años, es un concepto, que es difícil de asimilar por la dirigencia política, y sobre todo por este Gobierno. Este concepto es una gran innovación que introduce la Constitución en su reforma del 94 y es la que está cifrada en este fallo que dicta la Corte. Es el concepto de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esto ha cambiado radicalmente la idea que teníamos de la Capital Federal en nuestra cabeza. Esa idea era la de un distrito, precisamente federal, que le había sido arrancado a la provincia de Buenos Aires en 1880 cuando se federalizó la Ciudad, y era una especie de playa de maniobras del gobierno nacional que tenía la autoridad para delegar el poder a dedo en su intendente. No había un gobierno autónomo, los porteños no elegían a su gobernante local. Esto fue cambiado con la lógica de la reforma del 94, que consistió en darle más tiempo al Presidente, pero menos poder. 

Esa fue la lógica última de Alfonsín en la negociación del Pacto de Olivos. Y ese menor poder al Presidente supuso la elección directa del intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, supuso más: quitarle poder al Estado nacional sobre los porteños y habilitar algo que no es lo que era antes la Capital Federal al arbitrio del Poder Ejecutivo nacional, pero tampoco una provincia. Es como una provincia y la Constitución y este fallo le reconocen esa autonomía.

Horacio Rosatti, que está entre quienes elaboran el fallo, define a la Ciudad -al igual que lo hace en sus libros- como una ciudad autónoma federada. Es como si fuera una provincia. Es importante entender esto porque no estamos hablando de recursos que graciosamente el Estado nacional le puede dar o quitar a la Ciudad de Buenos Aires. La innovación de la autonomía es que la Ciudad tiene un derecho sobre esos recursos.

Cuando la Corte acepta este tema, igual que aceptó otros temas relativos a conflictos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con Córdoba, está diciendo: “Esto es mi competencia”. Está reconociendo que es un estado autónomo, como si fuera una provincia, porque si no la mandaría a discutir a primera instancia. Por eso es tan insólita la argumentación inicial del Presidente. Cuando dice: “No, no le puedo dar los fondos porque se los estoy dando a las provincias”. El Presidente, sabiendo que está diciendo una falacia, sostiene algo como lo siguiente: “Es plata que le pertenece a las provincias porque yo la gasto en las provincias”. ¿Y en qué lugar las podría gastar que no fuera en una provincia? No hay forma.

Es dinero nacional que el Estado se apropió de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma. Si me doy cuenta yo, que no soy abogado, ¿cómo no se va a dar cuenta alguien que se autoproclama todo el tiempo como un amante y un sabio del derecho y da clases en la facultad? ¿Cómo no se va a dar cuenta que cuando dice “es plata que le pertenece a los gobernadores” eso es falso? La Corte dice expresamente: “Esto no afecta a las provincias”. Le está contestando a las distintas reuniones que los gobernadores hicieron para ser parte en el tema.

Lo primero es un problema de improvisación, llama la atención que el Presidente tuviera tan poco pensado este problema sabiendo que era un tema que le iba a sobrevenir. La segunda cuestión es de carácter institucional, conceptual. La poca comprensión que hay de la autonomía porteña.

Veamos ahora cómo giró el Presidente. Fernández empezó diciendo que no iba a cumplir el fallo. Con el paso de las horas y yo creo que a medida que pasen los días, el Gobierno va a seguir modificando su posición. De no cumplir el fallo, ahora dice: “Bueno, lo vamos a acatar”. Acá tuvieron influencia algunas personas alrededor de Alberto Fernández, me parece que la más decisiva fue Vilma Ibarra, que es la que custodia la firma del Presidente, la que tiene que evitar que él tenga que ir a dar explicaciones a la Justicia por sus actos, ahora o más adelante. Supongo que sabía de todo el proceso y que no le debe haber gustado la idea de decir abiertamente: “No cumplimos con un fallo de la Corte”.

Hay una conferencia de un juez de la Corte americana, Stephen Breyer, en un homenaje a otro gran juez, fallecido, Antonin Scalia, donde se dice algo muy interesante: “Los fallos de la Corte deben cumplirse, mucho más cuando nos parecen equivocados, porque es ahí donde se ratifica la norma. El imperio de la ley”. Si rompemos esa regla, entramos en una especie de ley de la selva, de anarquía. Entonces, me parece que influyeron alrededor del Presidente, la posición de Vilma Ibarra desde el punto de vista jurídico y la posición de Sergio Massa desde el punto de vista económico.

Según tengo entendido, Massa fue de los primeros en adherir a una idea de la ruptura y con el paso de las horas se dio cuenta de que eso para la visión de la economía en general es absolutamente negativo. Si no, basta mirar el dólar blue y el contado con liquidación. Vilma Ibarra y Massa estuvieron detrás de todo este giro, lo han convencido al Presidente de que esto no era una buena decisión.

Fernández obedeció a la presión de los gobernadores. Dicen que, en la primera reunión en el Ministerio del Interior, algunos no querían subir al despacho porque suponían que él resistiría esa presión

El Gobierno dice: “Acato, pero lo pago con bonos”. Acá viene otro problema, porque la Corte dice que lo tiene que pagar y cómo: “Lo tiene que pagar y con el goteo de coparticipación del Banco Nación”. Es decir, todos los días hay una cuenta del Banco Nación que le gira a la Ciudad de Buenos Aires lo que le corresponde por coparticipación. En un principio, la Ciudad de Buenos Aires fue a la Corte a decir: “Les quiero avisar que esa cuenta del Banco Nación tendría que haber aumentado desde el jueves pasado y no aumentó, es decir no me están pagando”.

En segundo lugar, el Presidente aduce que se ampara en una ley, que es una vieja ley de consolidación de deuda que es la 23.982, en donde el artículo 22 permite derivar al presupuesto del año que viene una deuda y eventualmente pagar con bonos. Pero, se trata de deudas que ya fueron definidas con sentencias firmes, cosa que no es el caso, porque esto es una medida cautelar.

Y además, en esa ley, se habla del stock de la deuda. Yo puedo deber un alquiler, se va acumulando mes a mes, supongamos que debo mil pesos por mes, al cabo de 12 meses acumulo una deuda de 12 mil pesos. Yo puede decir que eso acumulado lo pago con un bono, lo que no puedo es seguir pagando mes a mes con un bono. El flujo lo tengo que pagar como lo dice la Corte, que es con giro de pesos que estén disponibles como efectivo para el gobierno que los cobra.

Todo esto se va a discutir en febrero, porque la Corte no abre la feria para cuestiones pecuniarias. Y en febrero creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a ir a la Corte a pedir el embargo de las cuentas.

Mientras tanto, Ricardo López Murphy y otros diputados de Juntos por el Cambio, como Fernando Iglesias y Martín Tetaz, han hecho una presentación pidiendo el juicio político del Presidnete, que va a generar presión sobre los responsables directos. Una de las responsables inmediatas es Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación. La Corte le dijo al Banco que debe pagarle. Es una curiosidad porque Batakis, en su calidad de encargada del área de Provincias del Ministerio del Interior, en su momento, fue la que tuvo que ir a las audiencias por este tema.

Conoce bien cuál es la discusión. Tanto ella como Wado De Pedro. Batakis puede decir que ella quiere pagar pero que no recibe los fondos, o la orden, por parte de Sergio Massa. En ese caso el responsable sería Massa. Cuándo empiece a verse el problema penal detrás de este problema fiscal y federal, probablemente estos funcionarios le digan a Alberto Fernández -a quien ya le sugirieron acatar el fallo- que hay que pagar en efectivo. De acá a febrero todo puede seguir cambiando.

Después de eso viene la discusión de fondo, que es el monto que tiene que pagar la Nación a la Ciudad por la Policía. Cada vez que la Nación le transfiere un servicio a una provincia, según una claúsula constitucional, le tiene que pasar los recursos correspondientes. Hubo un convenio entre la Nación, con Macri, y la ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta.

Curiosamente la encargada de transferir la Policía fue Patricia Bullrich. Los actores de este negocio fueron Bullrich y Larreta, que hoy compiten.

Lo que dice el Gobierno es que en su momento Macri le pasó a Larreta plata de más. Eso lo tendrá que decir la Corte más adelante. Mientras tanto, dio la orden de que se le pague 2,95% de la coparticipación general, de los recursos nacionales, a la Ciudad.

Todo esto tiene un trasfondo político importante. Hay que mirar a Alberto Fernández. Posiblemente él ya estuviera en un conflicto con la Corte, poco ventilado. Tiene que ver con la discusión de la paritaria del Poder Judicial. Es la paritaria de los empleados judiciales que involucra el sueldo de los jueces, inclusive de los magistrados de la Corte. La discusión que llevó meses tuvo como actores, por un lado, al administrador de la Corte, Héctor Marchi y, por el otro, al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial tiene un monto dentro del presupuesto. Cuando se supera ese monto, por ejemplo, para pagar aumentos de sueldos, la Corte recurre al Poder Ejecutivo para que haga una reasignación de partidas. Tiene que hacerla el jefe de Gabinete.

El que se encargó de esta negociación fue Juan Manuel Olmos, vicejefe de gabinete. Aparentemente, estuvo bastante duro con la Corte, tanto que le negó parte del aumento. La Corte pretendía un aumento del 30% pagado en tres cuotas, y el Poder Ejecutivo terminó concediendo 20%. Olmos debe aducir que su función es no aumentar el déficit público, comprometido con el Fondo. ¿Hay algo de este conflicto detrás del fallo? Creo que no. El fallo refleja todos los conceptos de la Corte respecto de la cuestión porteña, de la ciudad de Buenos Aires y su autonomía. Hay toda una línea conceptual muy clara, sobre todo una vez que se incorpora Rosatti a la Corte. Refuerza lo que venían haciendo Lorenzetti y Maqueda en esta dirección. Pero, tras el fallo, se agrega el conflicto de Olmos con la Corte. Olmos puede decir que su mandato fue cuidar las cuentas fiscales, que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahí hay tensión.

Con independencia de esto, siempre hay una pregunta respecto de Alberto Fernández. Uno la ve a Cristina Kirchner, y como todos sabemos, tiene un concepto antiliberal de la vida pública y del Estado, vive en el borde externo de lo que sería la institucionalidad republicana. Siempre a punto de caerse y en situaciones de ruptura. ¿Para qué? Para otro orden del mundo. Para una gran revolución, una gran reforma. Convocó a no pagarles a los holdouts para reformar el sistema financiero internacional, con países que la apoyaban en la Organización de las Naciones Unidas para esa saga. En ese caso ella les dice a sus feligreses lo que se le atribuye a Maquiavelo: “el fin justifica los medios”. A

lberto Fernández también rompe las reglas. Él dijo que no iba a obedecer un fallo de la Corte, algo gravísimo. También dijo, hace poco tiempo, que estaba indignado por el viaje que realizaron a Lago Escondido jueces, ejecutivos de Clarín, un agente de inteligencia, y dos funcionarios porteños, del que tomó conocimiento a partir de una intervención clandestina en las comunicaciones de esas personas. Admitió que esa era su fuente. Es un delirio. ¿Para qué rompe las reglas? ¿Cuál es el fin que justificaría esos medios? Eso es lo que nunca se sabe de Alberto Fernández. ¿Por qué rompe las reglas para objetivos que siempre son grises? El objetivo no está claro, sobre todo para la gente que lo sigue.

Este martes Cristina hará alguna alusión a esto. Ella no habló de este tema aún. Ese silencio es estratégico. Lo que ella quiere manifestar es que el problema de la Corte no es con ella, sino con el peronismo. Ya lo había manifestado en un discurso cuando habló de que el conflicto pareciera que fuera con ella porque concentra la identidad del peronismo. Pero el conflicto, sostiene, es con el peronismo.

En sus términos, la Corte es de una élite, que responde a una orientación política determinada -si se quiere- de “los poderes fácticos de la clase dominante” contra el pueblo, al que ella y su partido representan. Según esta mirada, que el conflicto no sea solo con ella, sino también con el Gobierno, le da la razón. Ella busca siempre argumentos, coartadas, un relato que justifiquen las sanciones penales que han caído sobre lo que fue el manejo de los recursos durante las administraciones de ella y, sobre todo, de su esposo. Estoy seguro de que ella no habló con Alberto Fernández sobre esto. Sospecho que, si hubo alguna comunicación, pudo haber sido con Jorge Capitanich. No me cabe duda de que este conflicto de la Corte con el Gobierno, presentado como un conflicto entre la Corte y el peronismo, le viene muy bien para lo que es en general su presentación de las cosas.

No es que la persigan a ella porque es una bandida, sino que se trata de un conflicto ideológico y casi de clase, según su perspectiva. Sin embargo, tiene una desventaja en esa construcción. Los cuatro jueces son provincianos. Rosatti y Lorenzetti son santafesinos, Maqueda es cordobés y Rosenkrantz es correntino. No se puede hablar de jueces porteños. Y tres de ellos provienen del peronismo. Salvo Rosenkrantz, los demás son peronistas del Interior.

Por otro lado, está la cuestión de los gobernadores. Muchos de ellos quieren esta plata porque el Estado la destina a sus distritos, no porque les pertenezca. Y otros, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y, sobre todo, Jorge Capitanich (Chaco) -que además lidera una liga de gobernadores- están en una jugada política importante. Primero se trata de predicar en contra de los porteños en sus propias provincias.

Una curiosidad y perdón por la distancia. En 1999, Capitanich y Rodríguez Larreta eran los dos viceministros de Ramón “Palito” Ortega en el Ministerio de Desarrollo Social. En ese ministerio trabajaban en aquel momento dos chicas, una era María Eugenia Vidal -recién salida de la UCA- y la otra, Malena Galmarini. Revoloteaba por entonces en ese ministerio un chico que cortejaba a Galmarini, Sergio Massa. Después de su gestión, Palito Ortega terminó siendo el candidato a vicepresidente de Eduardo Duhalde. Hay una vieja historia entre Capitanich y Rodríguez Larreta.

Capitanich levanta el perfil con esto porque tiene un juego. Se trata de, en algún momento, tal vez dar vuelta la carta de una candidatura presidencial. Hoy, hay dos candidatos presidenciales que se disputan ese sueño -por ahora con alguna discreción- Wado de Pedro y Sergio Massa. En el momento en que Cristina Kirchner dijo que no jugaba, los dos se lanzaron más abiertamente. A lo mejor este movimiento está demostrando que en el interior también hay una vocación política por el protagonismo nacional y Capitanich quiera ganarse el afecto de la vicepresidenta peleándose con la Corte.

Más allá de que De Pedro es de La Cámpora, a varios miembros de esa agrupación no les disgusta Capitanich y lo ven como un gobernador afín. No hay que olvidar fue que fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner y que hizo algo muy valioso para la cultura de este grupo. Rompió un diario Clarín delante de las cámaras de televisión en una conferencia de prensa. Tiene en el pecho todas las medallas que se pueden pedir en el Instituto Patria para esta carrera. Conclusión: además de una pelea por los recursos, por la cuestión institucional, hay una pelea por la sucesión de Alberto Fernández.

Otro actor es Larreta, que obviamente está convencido de que esto le conviene. Tiene un triunfo institucional, jurídico. Es importante. Va en línea, con aquel otro que tuvo cuando decidió abrir los colegios, que también fue una discusión jurídica con el Estado nacional.

Hay una picardía en el discurso de Larreta sobre este tema, cuando él celebra este fallo. Festeja que es un gran fallo para el federalismo, porque no quiere quedar como el porteño que defiende los recursos de una ciudad rica frente a las provincias pobres, que es el relato kirchnerista. Como es candidato a presidente, él tiene que ir a las provincias, y no quiere llegar a un aeropuerto y que le pregunten por qué se lleva el dinero. Está presentando este fallo en beneficio de las autonomías de las jurisdicciones subnacionales, provincias y Ciudad de Buenos Aires, y no como una conquista de la ciudad frente al interior.

La Cámpora porteña y el PJ porteño, que está dirigido por Mariano Recalde, están en el peor de los mundos. Tienen que defender -y no lo hacen- que su gobierno le saca recursos a aquellos a los que les tienen que ir a pedir el voto. Estoy seguro de que si hablamos con Máximo Kirchner, lo traemos y lo hipnotizamos para que diga toda la verdad, él nos diría: “Sé que en la Capital no tengo más que 20% o 22% de los votos, por eso no me importa pelearme con los porteños.

Pero esta pelea me da votos en el interior”. Ahí hay una lógica detrás, pero es más difícil percibir cuál es la lógica del profesor de derecho Alberto Fernández, que además es porteño. El que más sinceramente se expresó es Leandro Santoro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que no es de La Cámpora, y aunque tiene que salir a sostener a su jefe que es Alberto Fernández. Santoro dijo: “La verdad que esto no me gusta, no está bien planteado”. Probablemente su electorado le reconozca esa disidencia.

En el fondo de todo sigue habiendo un problema que es de carácter general, ideológico y que tiene que ver con una concepción del poder. El régimen en el que vivimos -le guste o no a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner- es un régimen constitucional, republicano, que en buena medida hunde sus raíces en la constitución de los Estados Unidos. Ese régimen supone que el poder es sospechoso y que hay que cuidarse del Estado. Esta es la gran diferencia entre una posición liberal republicana y una kirchnerista, populista. La sociedad no debe ser organizada por el Estado, sino que debe tener el menor Estado posible para garantizar la libertad de las personas. El poder, para eso, se divide. En funciones y también territorialmente, para limitarlo. Es decir, distintos estamentos de poder. Eso es el federalismo.

El Presidente tiene poder, pero en determinada jurisdicción. Hay cosas que no las puede hacer. Esto es lo que está detrás de este fallo: la idea de que Alberto Fernández no puede, aunque quiera, sacarle recursos a la Capital para pagarle a la Policía de la provincia de Buenos Aires, que es lo que hizo cuando tuvo aquel levantamiento en septiembre de 2020.

En el fondo de todo esto, no hay solamente un desconocimiento del poder de la Corte. Es un desborde de poder en dos sentidos. Por un lado, del Poder Ejecutivo respecto de la Corte a la que quiso desobedecer y sigue desobedeciendo, pero también un especie de desborde de poder respecto de la Ciudad de Buenos Aires, que es como una provincia. Esto es lo que pone en peligro una determinada cultura pública.

El Presidente tiene menos poder porque hay otros poderes que lo limitan, como la Corte, cuya función es que los demás poderes cumplan con la Constitución. El sistema supone que el Congreso y el Presidente pueden violar la Constitución. La Corte es como un árbitro, quien dice cuando el gol es gol. No es como lo vemos nosotros, si la pelota entró o no. El gol es gol cuando el árbitro dice que es gol. La Corte se puede equivocar también, pero es la que interpreta la Constitución. No solo hay un desborde respecto de la Corte, sino que hay otro respecto de la jurisdicción porteña.

Esto es lo que hace que el país se vuelva un país inseguro, porque la ley está hecha en favor del menos poderoso. No es solamente un problema de inseguridad jurídica para los inversores, que es de lo que se habla siempre. El débil necesita la ley, que se cumpla la regla, porque es una garantía del débil frente al poder de otro, y en especial del Estado. En un país donde no se cumple la regla, obviamente el débil está perdido. También el inversor.

Las cámaras empresariales emitieron comunicados en las últimas horas y le deben haber dicho a Massa: “Con este criterio de que no se cumplen los fallos de la Corte, ¿tampoco van a pagar los bonos?”. ¿Cuánto va a ser el riesgo país? ¿Cuánto va a ser el riesgo de la deuda en pesos si un día vos podés decir “no la pago”, como un día dijeron no le pago a la ciudad de Buenos Aires?

En un país así, vamos llevando la cultura capitalista a un tipo de capitalismo donde solo puede hacer negocios el que es amigo del poderoso, ya que no hay ley. No puede entrar cualquiera, y si entro tengo que tener un socio local, un baqueano, un especialista en mercado regulados. Esta semana, lo denunció solamente Juan Manuel López, el presidente del bloque de la Coalición Cívica. La empresa Mirgor, que ensambla electrónicos importados en Tierra del Fuego, anunció que va a haber un arancel más caro para los que importen computadoras personales para que esa empresa pueda fabricar las computadoras que le vamos a tener que comprar casi obligatoriamente. Es decir, el Estado le regala un mercado a la empresa Mirgor.

Lo interesante de esto es que el dueño de Mirgor es Nicolás Caputo, hermano de la vida de Macri, recaudador de las campañas de Macri, recaudador de la campaña de Larreta, y aparentemente ahora, alto beneficiario de Sergio Massa. No sabemos si será también recaudador de la campaña de Massa. Finalmente llegamos al Pacto de la Moncloa de la peor manera. El beneficio para Caputo lo paga el público que va a tener que pagar las computadoras más caras, porque Caputo las va a vender diez pesos menos de lo que saldría importarlas.

Hay una distinción por parte de la Coalición Cívica respecto de estos problemas en cuyo fondo está el financiamiento de la política. Cada vez más sistemáticamente, uno empieza a ver que hay un grupo de políticos que arman negocios a partir de regulaciones para que los empresarios que se benefician con esos negocios después los financien a ellos. Es una práctica que se da en la Argentina y lamentablemente en toda América Latina, donde es muy difícil encontrar un gran negocio que no esté atado a un decreto desde el Estado.

Cuando la Coalición Cívica planteó la menor duda sobre el régimen de Tierra del Fuego, hubo un comunicado de la conducción de la Unión Cívica, avalado por Gerardo Morales y Martín Lousteau, en el que se afirmaba que, prácticamente, no se podía tocar el tema. Al final de su programa, Alfredo Leuco, contó que la periodista Laura Serra publicó en LA NACIÓN un informe de la Auditoría General de la Nación sobre la forma en que se hicieron las compras sanitarias durante la cuarentena. Allí están los camisolines, los barbijos, la logística. Pero no los laboratorios. El informe es escandaloso. Por lo que dice. Y por lo que falta. Por una decisión del kirchnerismo, se determinó que no se van a revisar los contratos sobre las vacunas. Hay zonas tabú.

Otro tema, señalado por la Coalición Cívica y pocos más: es lo que ocurrió la semana pasada en la provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense confirmó la suspensión del fiscal de San Isidro Claudio Scapolan. Es un tema que siguió largamente Elisa Carrió. La decisión se debe al mérito del procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien llevó adelante la acusación. Scapolán es un fiscal que está acusado de encabezar una banda de narcotraficantes policías. Es defendido por un abogado, Marcelo D’Angelo, que fue funcionario del ministro de Seguridad en la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Fue funcionario de Cristian Ritondo. Scapolan fue suspendido de su cargo la semana pasada. Hubo nueve votos contra uno.

¿Quién votó a favor de Scapolan? Sofía Vannelli, una representante del Frente Renovador de Sergio Massa. Walter Carusso, mano derecha e izquierda de Gustavo Posse en temas judiciales, faltó ese día. Justo cuando había que determinar aquello por lo cual él estaba constituyendo parte del jurado. Siempre hubo versiones de que Malena Galmarini hizo gestiones a favor de Scapolan en la Cámara Federal de San Martín, por favores importantísimos que le debe la familia Massa a ese fiscal. De Daniel Angelici, el gestor judicial de Macri, se afirma que habría hecho, al parecer, gestiones similares. Un día antes de que fuera suspendido, la Corte le había rechazado a Scapolan un recurso por el cual solicitaba la nulidad de la declaración de “imputado colaborador” en la causa. Otro fallo de la Corte que, si no molestó al Gobierno, muy probablemente molestó a Sergio Massa.