El gobierno de Larreta denunció que la Nación ya incumplió el fallo y no depositó los fondos, pero el máximo tribunal no tiene previsto reunirse esta semana para analizar el caso
HERNÁN CAPIELLO
La Corte Suprema de Justicia le quita vértigo a la pelea entre la Ciudad y la Nación por los fondos coparticipables. A pesar de que ya ingresó en el máximo tribunal el escrito del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que denuncia que el Estado nacional no depositó los fondos restituidos e incumplió el fallo, sumado al hecho de que el Gobierno prepara un recurso para que se revea esta decisión, los jueces del máximo tribunal no tiene previsto por ahora reunirse esta semana en acuerdo para tratar el asunto.
La Corte Suprema tiene sus tiempos, que no son los tiempos de la política, repiten en los tribunales. Marca el ritmo del expediente y todo hace pensar que más allá de los millonarios fondos en juego, el estruendo político y la vorágine mediática que genera el proceso, los jueces se tomaran toda la feria judicial y analizarán el asunto al regreso de las vacaciones de enero.
Los ministros del máximo tribunal no tienen previsto, al menos por ahora, reunirse esta semana en su acuerdo habitual, a pesar de que la mayoría se encuentra en Buenos Aires. En la feria judicial, en la primera quincena de enero, actuarán el juez Ricardo Lorezentti y Juan Carlos Maqueda, en la segunda el juez Horacio Rosatti y en los últimos días del mes el juez Carlos Ronsekrantz. Pero nada de lo que se discute en este caso tiene la urgencia ni amerita que se habilite la feria judicial, señalan en los tribunales.
El análisis que hacen en el Poder Judicial es que la semana pasada, tras el dictado de la sentencia que obliga a la Nación a depositar el 2,95 % de los fondos coparticipables, el Gobierno nacional dijo que no iba a cumplir el fallo y 72 horas más tarde, no solo está dispuesto a hacerlo, sino que hasta anunció que ofrecería bonos para pagarlo.
Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti
En los ámbitos judiciales también se lee la política. Empujado por gobernadores y el kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández adoptó una postura más dura y habló de un fallo “incumplible”. Pero los mercados y el consejo del ala jurídica de la Casa Rosada hicieron que diera marcha atrás.
El dólar blue en alza y la desconfianza de los tenedores de bonos que se rigen por la ley argentina hizo rever el discurso presidencial, en vísperas del acto de reaparición de Cristina Kirchner, donde se espera que el enfrentamiento con la Corte y el Poder Judicial sea uno de los tópicos salientes de su discurso.
La Ciudad le planteó a la Corte, en un escrito de una carilla y media, que el Gobierno incumplió su fallo ya que hace dos días debería haber depositado, a través del Banco Nación, 1100 millones de pesos diarios, y no lo hizo.
El texto del escrito enviado a la Corte, firmado por el Procurador del Tesoro porteño, Gabriel Astarloa, señala que pone el incumplimiento en conocimiento del tribunal “a los fines de que se arbitren las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo ordenado en el plazo previsto”.
El escrito de la Ciudad no exige que se embarguen los fondos nacionales, como se barajó en un principio, y pone en cabeza de los jueces de la Corte decidir la manera en que harán efectivo el cumplimiento de su sentencia. Esto también es un reconocimiento de que los tiempos los marca la Corte y que la Ciudad prefiere llevar el caso con pie de plomo.
Rodríguez Larreta ya tiene ganada la medida cautelar, la Corte decidió que es verosímil su reclamo y por eso ordenó que el Estado Nacional le entregue los fondos, para evitar un perjuicio mayor. Ahora es cuestión de tiempo para que cobre, mientras se tramita en la Corte el modo en que se va a ejecutar esta sentencia.
Además, resta resolver el juicio de fondo, donde se discute además el pago del retroactivo desde septiembre de 2020, cuando la Nación dejó de girarle el 3,5% de los fondos coparticipables que le entregaba a la Ciudad y los redujo al 1,40%. El gobierno nacional dijo que lo hacía para crear un fondo para la provincia de Buenos Aires, que en ese momento no podía resolver una revuelta de la policía bonaerense en reclamo de aumentos salariales, y que, en plena pandemia, rodeaba a modo de protesta la quinta de Olivos.
La Ciudad le dijo a la Corte que el pago no se efectuó y le envió la copia de los saldos bancarios del jueves 22 y el viernes 23 de diciembre, donde se evidencia que “se ha incumplido lo ordenado” porque “la transferencia efectuada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha continuado siendo del 1,40% y no el 2,95% dispuesto en la sentencia”.