Con 63 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el proyecto de Ley 3195/2022-PE, que prorroga hasta 2027 la vigencia de la Ley 27623 y de la Ley 27624, a fin de promover la exploración en las actividades mineras y de hidrocarburos y propiciar el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.

El dispositivo, que fue remitido por el Ejecutivo como parte del Plan Impulso Perú, se fundamenta en que las exploraciones mineras, así como las de hidrocarburos, son actividades que por su naturaleza involucran largos periodos de ejecución, elevados montos de inversión, un alto riesgo de retorno y no necesariamente garantizan hallazgos que permitan su explotación.

Otra consideración es que estas actividades no solo representan una importante inversión privada, empleos formales, sino también, una fuente futura significativa de recursos fiscales para los gobiernos locales y el país.

Por ello, el MEF planteó prorrogar la devolución del IGV e IPM a los titulares de la actividad minera y de hidrocarburos durante la fase de exploración por cinco años.

Como se recuerda, el ex ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, manifestó durante la presentación de la iniciativa su preocupación porque, de no concretarse mayores inversiones en exploración, las reservas probadas de cobre podrían agotarse en 16 años, mientras otros minerales, como oro y zinc, harían lo propio en cinco.

“El país tiene que ser atractivo para la exploración, considerando que la minería es muy riesgosa. Por ejemplo, entre 2003 y 2019, solo 11 de 169 proyectos suscritos en esta fase dieron origen a proyectos en explotación como tal. Hemos perdido competitividad y necesitamos recuperarla”, advirtió ante la Comisión de Energía y Minas.

El costo-beneficio estimado por el MEF sería de S/49 millones anuales que son reintegrados a los inversionistas en exploración, de los cuales S/25 millones corresponden a la minería y S/24 para los actores del sector de hidrocarburos.