La División de Recursos Naturales (DRN), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, analizó la institucionalidad del sector minero y la normativa a nivel constitucional y legal que rige la propiedad de los recursos minerales y su aprovechamiento, las regalías, el medio ambiente, y la consulta previa, libre e informada en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

En la economía de los países de la región andina se observa un patrón común: la alta dependencia de las exportaciones de recursos naturales. Con modelos, trayectorias y niveles de desarrollo distintos, los países de la subregión andina dependen de las exportaciones de productos minerales e hidrocarburíferos.

Chile del cobre; Perú de varios minerales, entre ellos el cobre y el oro; Bolivia del gas natural y de minerales como el oro y el zinc; Colombia del carbón y del petróleo; y Ecuador del petróleo y más recientemente de minerales como el oro y el cobre. 

Según detalla el informe que publica la CEPAL, en la gobernanza de los recursos minerales uno de los aspectos más relevantes es el relacionado con el marco normativo y el diseño institucional para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

El diseño institucional es un factor decisivo si se considera el impacto que un uso efectivo del capital natural no renovable puede significar para la economía de los países y en el bienestar y prosperidad de las generaciones actuales y futuras.

En un entorno de alta incertidumbre en la economía mundial, producto de los graves efectos provocados por la pandemia del COVID-19 y las alteraciones económicas producidas por la guerra entre Ucrania y Rusia, toma especial relevancia comprender las ventajas, limitaciones, semejanzas y desemejanzas de los marcos constitucionales y legales de la actividad minera en los países de la región.

Este estudio busca contribuir con un análisis comparativo del sistema jurídico e institucional de la minería en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el Perú, en especial los marcos constitucionales y regulaciones mineras legales en materia de propiedad, administración, regalías, medio ambiente y consulta previa, libre e informada.

Los problemas comunes del diseño institucional del sector minero, las experiencias, y la curva de aprendizaje de las distintas entidades pueden entregar una pista de los elementos que se deben considerar para mejorar los marcos normativos e institucionales mineros de los países de la región.

Los marcos constitucional y regulatorio de la minería se han diseñado sobre la base de estas prioridades políticas, dentro de los límites y capacidades institucionales propios de cada país, las dinámicas e incentivos de los actores políticos, los contextos económicos caracterizados por la alta volatilidad de precios de las materias primas y por etapas de auge y decaimiento de la economía.

Comprender el marco regulatorio e institucional del sector minero permite conocer las fronteras de actuación y las herramientas de acción formales con las que cuentan los actores para el diseño e implementación de políticas públicas. La institucionalidad y las regulaciones del sector minero se constituyen en factores decisivos para los resultados de las políticas públicas que tienen como objetivo último el aprovechamiento efectivo, transparente y democrático del capital natural no renovable.

El objetivo de este estudio es analizar la institucionalidad y el marco normativo vigente que regula la actividad minera en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Para esto se hará una descripción comparativa de la institucionalidad del sector minero y de la normativa a nivel constitucional y legal que rige la propiedad de los recursos minerales y su aprovechamiento.

Además de las normas constitucionales y regulaciones mineras legales en materia de regalías, medio ambiente y consulta previa, libre e informada.