Perú está cada vez más complicado. A casi una semana de la salida de Pedro Castillo, en medio de bloqueos y manifestaciones, la vicepresidenta Dina Boluarte propuso adelantar las elecciones a abril de 2024 pero no logra calmar la agitación.
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte declarará en emergencia a la Red Vial Nacional debido a las manifestaciones de protesta que se desarrollan en diferentes puntos del país. Así lo informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, quién indicó que el objetivo es asegurar el libre tránsito de todos los peruanos y que puedan ejercer libremente sus derechos.
Las protestas en varias regiones del país generarían un costo entre 60 millones y 100 millones de soles diarios, sostuvo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras.
“Eso implica, además de los enfrentamientos entre los propios peruanos, menos ingresos para las familias porque no acuden a trabajar. Hay empresas que no venden y también menos recursos para las regiones porque disminuyen las aportaciones, el impuesto a la renta y el canon”, advirtió.
Mencionó, sin embargo, que las protestas generarían un impacto moderado en el crecimiento económico del presente año, considerando que solo faltan poco más de dos semanas para culminar el 2022.
LA AUDIENCIA DE CASTILLO
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, habló en su audiencia judicial que evalúa una apelación a su detención preliminar de siete días, señalando que se encuentra “injusta y arbitrariamente detenido”.
Asimismo, el destituido presidente aprovechó para dirigirse al pueblo peruano. Y sostuvo que “jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá” enfatizó.
Según publicó ADN, El mandatario destituido aprovechó la instancia judicial para desmarcarse de los escándalos de corrupción que afectaron a sus antecesores. “Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón” dijo Castillo.
El profesor y dirigente sindical que llegó al poder el 28 de julio de 2021 se dirigió directamente al juez supremo César San Martín. Y se defendió diciendo “nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”.
El fiscal supremo Uriel Terán solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo y el ex primer ministro Aníbal Torres, a quienes le imputa rebelión y otros delitos por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
La fiscalía presentó el requerimiento ante el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, luego de formalizar la investigación preparatoria contra Castillo y Torres.
HUELGA INDEFINIDA
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un "paro indefinido" a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. Cabe esperar la reacción de esas organizaciones antes el anuncio de adelantamiento de las elecciones que hizo Boluarte.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la "inmediata libertad" de Castillo. De acuerdo al Frente Agrario, Castillo "no perpetró ningún golpe de Estado" cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.
LOS RECHAZOS
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) rechazó la violencia e las manifestaciones del país y proclamó que "El autogolpe de Estado del expresidente Castillo puso en evidencia su esencia antidemocrática y quiso frenar investigaciones sobre alarmantes indicios de corrupción en su entorno cercano, tanto así que todos sus ministros renunciaron y la vacancia fue aprobada con votos de congresistas de sus propias filas, seguida por la sucesión constitucional de la Dra. Dina Boluarte Zegarra".
"Sin embargo, algunos grupos, igualmente antidemocráticos, no aceptan el orden constitucional ni el Estado de Derecho, y recurren a la violencia y al caos como herramienta para lograr sus objetivos políticos. Como consecuencia, estamos siendo testigos de ataques a comisarías, toma de aeropuertos, bloqueo de carreteras, agresiones a las fuerzas del orden, asaltos a medios de comunicación y vandalismo en empresas privadas e instalaciones públicas", agregó.
"La violencia afecta a millones de peruanos que no pueden transitar libremente, a miles de micro y pequeños empresarios que desean continuar con su vida para alimentar a sus familias tras la fuerte recesión económica que originó la pandemia. Asimismo, estas acciones violentas impiden que los niños asistan a sus centros de estudios y que personas con urgencias médicas puedan atenderse. La violencia trae dolor y genera pobreza", concluyó el comunicado oficial.
