El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, reveló que hasta octubre se ha perdido US$1,000 millones en exportaciones mineras como consecuencia de los conflictos en zonas mineras que traban el funcionamiento normal de minas y proyectos

Además de exportaciones, el Estado dejó de recaudar, en impuestos, S/800 millones por esos problemas. “Estamos muy preocupados al ver que la conflictividad social no se reduce y que se demoran (las autoridades) en reaccionar. Tenemos nuevo gabinete y esperamos que ayuden a encontrar una solución para resolver los problemas de forma pacífica”, resaltó.

A través de un comunicado (ver completo abajo) , la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y las Cámaras de Comercio de la Macro Región Norte de Perú, solicitaron a las autoridades regionales y nacionales atender con prioridad el cierre de brechas sociales, y a seguir promoviendo el desarrollo de la zona norte del Perú.

Otra de las consecuencias de estos conflictos se vería reflejada en la inversión en el sector en 2023. Raúl Jacob advirtió que se calcula una caída de las inversiones de alrededor de US$2,000 millones.

En 2021, la inversión extranjera directa en Perú ascendió a US$7,455 millones, el monto más alto en ocho años, según la Cepal. No obstante, esta cifra estuvo por debajo de otros países de la región como Chile (US$15,252 millones) y Colombia (US$97,27 millones).

“Ya está en operación Quellaveco y ese era el último gran proyecto que estaba en construcción, entonces con esto se detiene una dinámica de más de 20 años de contar con dos o tres proyectos en construcción a la vez. No tenemos mayor claridad de lo que va a pasar en el país”, afirmó luego de la inauguración del XIII TICAR 2022 – Simposium de Tecnología e Innovación del sector minero energético, organizado por la SNMPE.

El presidente del gremio precisó que los desembolsos que se esperan para 2023 son importantes pero pequeños, y estarían relacionados con la renovación de una flota de camiones, o una nueva planta para usar mejor la infraestructura, no nuevas operaciones, publicó Perú 21.

Si bien reconoció que este año una de las ventajas para el sector fue el incremento de los precios internacionales de los metales, esto no fue suficiente. Jacob recordó que entre 2012 y 2016 los precios estaban bajos, pero “como el país ofrecía un buen ambiente de inversión, los desembolsos mineros eran mayores”.

Hay que precisar que entre enero y setiembre las inversiones mineras ascendieron a US$3,514 millones, es decir 5.6% más que el mismo periodo de 2021. Por cada S/100 que se desembolsan en el Perú, S/22 provienen de la industria minero-energética.

ALEJAN INVERSIONES
Por su parte, el exviceministro de Minas, Guillermo Shinno, explicó que los conflictos, que este año paralizaron Las Bambas y Cuajone, retardan las inversiones y alejan las intenciones de algunos empresarios por apostar por el Perú.

“El problema son los conflictos sociales que hacen que no se mire de manera positiva al Perú y retardan la inversión. Se dejan de lado los proyectos que hay en el país”, manifestó. El país cuenta con una cartera de 43 proyectos en el sector por US$ 53.168 millones.

Asimismo, señaló que se necesita que el Ejecutivo tenga una mejor estrategia para tratar esta problemática; de lo contrario, además de las inversiones, caería la producción.

En lo que va del año, metales como el oro, zinc, plata, plomo y molibdeno han registrado cifras en rojo en sus producciones. El cobre, por su parte, registra un avance de solo el 3%.

EL COMUNICADO DE CONFIEP Y CÁMARAS

ES EL MOMENTO DE LAS REGIONES
Los presidentes y los representantes de las Cámaras de Comercio de la Macro Norte del Perú y de la CONFIEP, reunidos en la ciudad de Trujillo, en el marco del 33.° Encuentro Empresarial del Norte manifestamos lo siguiente:

1. Los peruanos que día a día trabajamos por un Perú mejor, invocamos a las autoridades del gobierno nacional a respetar la institucionalidad y la autonomía de los poderes del Estado. Este es un requisito fundamental para la gobernabilidad de nuestro país.

2. Solicitamos a las autoridades locales, regionales y nacionales atender con prioridad el cierre de brechas sociales que afectan a las familias peruanas, sobre todo a las más vulnerables que requieren acceder a servicios de salud y de educación de calidad, vivir en paz y con seguridad ciudadana.

3. Es necesario que todas las acciones para reducir la pobreza en el país, que afecta a 8.5 millones de peruanos, consideren la importancia de la inversión privada, creando condiciones para la reactivación de la actividad empresarial y generando confianza para propiciar la creación de empleo formal en las regiones del país.

4. Rechazamos todos los actos de corrupción, vengan de donde vengan, e instamos a las autoridades, tanto en el ámbito nacional como en las regiones, a cumplir las leyes y respetar la labor del sistema de justicia, facilitando las investigaciones para que se realizan con transparencia y probidad.

5. Reiteramos la disposición de la empresa privada, a través de sus gremios y asociaciones empresariales regionales, de trabajar de manera coordinada con las nuevas autoridades en la agenda del desarrollo de nuestras regiones en alianza con la academia, los organismos nacionales e internacionales y la población en su conjunto.