JOAQUÍN M. LÓPEZ B.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aún no explica si el Gobierno tomó la decisión final de entregar nuevos contratos exploratorios para los hidrocarburos, pero mientras eso tiene un punto fijo, señaló que trabajarán en eliminar los supuestos cuellos de botella que hay en el sector; eso quiere decir, revisar qué títulos se otorgaron en el pasado, cómo van, cuáles de ellos están en pausa y cómo se pueden reactivar.

Por eso mismo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ahora explicó al Financial Times que hay un grupo de 180 contratos que ya deberían estar andando, y se examinarán sus resultados para detectar si es necesario abrir nuevos. Igualmente el jefe de la cartera económica detalló que el Gobierno sí le apuntará a la autosuficiencia energética.

“El gobierno analizaría los 180 contratos antes de decidir si cumple con el compromiso, luego veremos si son necesarios nuevos contratos”, dijo Ocampo, agregando que cualquier transición energética que reduzca las exportaciones “tendría que ser gradual” y priorizar el autoabastecimiento de gas”.

Precisamente la semana pasada, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) anunciaron que habrá una nueva mesa técnica para revisar no solo 180, sino 380 contratos y entender cuáles están quietos por razones asociadas con el orden público, la conflictividad social y los trámites ambientales, entre otros.

Ocampo insistió que todo se trata de un trabajo para tener unas finanzas limpias y que así Colombia siga siendo un mercado confiable. Y no es el único del gobierno, la semana pasada el Plan de Desarrollo, que publicó sus bases dejó ver que las divisas del sector extractivo generan 70% de las ventas externas y por eso “no se puede pasar de la noche a la mañana” a otras fuentes.

Desde el MinEnergía también ya definieron que, dentro de los contratos en ejecución se han priorizado 29, cuya materialidad podría llegar a representar la incorporación de hasta 5,6 veces las reservas probadas de gas comercial en el país, y que, actualmente, existen 35 contratos suspendidos. “32 contratos tienen la capacidad de incorporar recursos prospectivos si se adelanta actividad exploratoria”, explicó Vélez.

Según la funcionaria, los principales motivos de suspensión de los 32 contratos que tienen oportunidad exploratoria son: 18 se encuentran suspendidos por Conflictividad Social (tres se encuentran en desarrollo de Consulta Previa y el resto se encuentran suspendidos por Ordenamiento Territorial y asuntos de comunidades); 10 se encuentran suspendidos por Orden Público; y cuatro se encuentran suspendidos por Trámite Ambiental.

Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, reiteró la importancia de garantizarle a Colombia seguridad energética y dijo que dentro de ese escenario es “fundamental retomar los contratos que están suspendidos”.

“Es de mayor relevancia el liderazgo de la ministra de analizar, con las otras entidades, cuáles contratos se pueden destrabar, ya que ahí seguramente podemos encontrar reservas que le serán útiles a Colombia”, explicó el ejecutivo.

En el sector están a la espera del futuro de esa puerta a los nuevos contratos, más ahora que la industria será la más trocada por la puesta en marcha de la reforma tributaria desde el primero de enero.

En el articulado, son más de $11 billones que vendrían del impuesto al subsuelo (es decir a todo lo que tiene que ver con la explotación de este). Es decir que es más de la mitad de la nueva meta que tiene el fisco, pues el texto pretende solo en 2023 llegar a un objetivo de $19,7 billones.

Aún así, en Hacienda detallaron que se trata de un recaudo que será gradual, es decir que es un año fuerte, frente a una reducción de las obligaciones de empresas de hidrocarburos, pues en 2024 el recaudo de allí sería $7,1 billones, sigue bajando en 2025 a $3,9 billones y en 2026 a $2,9 billones.