ELÍAS GARCÍA OLANO

Si bien por ahora se ha alejado el fantasma del desabastecimiento de combustibles que afectó a Lima y varias ciudades del interior del país hasta semanas atrás, debido a la falta de liquidez que enfrentó Petroperú para adquirir derivados, el riesgo de que ello vuelva a ocurrir a fin de año y de que suban sus precios, aún está latente, según diversos especialistas.

Ello se debe, según detallaron, a que hasta ahora el Congreso no aprueba el proyecto de ley que planteó el Ejecutivo para asegurar el cumplimiento del pago de obligaciones del Fondo de Estabilización el precio de los Combustibles (FEPC), por S/1,643 millones.

Ese es parte del monto adeudado por el fisco a las empresas productoras de petróleo y gas (Repsol, Petroperú y Pluspetrol) así como a las importadoras de combustibles (entre ellas la firma Valero) para evitar que estas trasladen a sus precios mayoristas, las alzas en los precios internacionales de productos como el diésel, el GLP, y los gasoholes de 84 y 90 octanos.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL PROYECTO DE LEY?
Cabe señalar que esta iniciativa legal fue planteada al Legislativo el 17 de octubre último, en vista que hasta ese momento el FEPC no contaba con los saldos disponibles para el pago de obligaciones comprometidas con productores e importadores.

Si bien la Comisión de Presupuesto había previsto el debate y votación de ese proyecto para fines de octubre, ello se postergó para inicios de noviembre, pues por problemas de salud, el titular del MEF, Kurt Burneo, no pudo sustentar ese proyecto, aunque hasta ahora se desconoce la situación de esa iniciativa.

Este viernes por ejemplo, la citada comisión tenía en su agenda solo debatir el proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, y la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año entrante.

¿QUÉ IMPACTOS HABRÍA EN EL MERCADO SI NO SE APRUEBA LA NORMA?
Sobre este tema, Gustavo Navarro, ex director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), observó que, si no se aprueba ya esa propuesta legal del Ejecutivo, puede haber un problema de falta de liquidez en productoras e importadores de combustibles, y, por consiguiente, un desabastecimiento de esos derivados a fin de año.

El experto aseguró que, hasta setiembre último, se había acumulado una deuda del FEPC con Petroperú cercana a los S/700 millones, mientras lo adeudado por ese fondo a Repsol sumaba unos US$ 600 millones, y a las refinerías unos S/400 millones (es decir S/1,700 millones en total), sin contar lo adeudado a Pluspetrol (que produce GLP).

“Eso se debería pagar con rapidez; las empresas no pueden estar con deudas tan grandes que generan falta de liquidez (para la compra de combustibles) y problemas de desabastecimiento”, remarcó.

Por su parte, Erick García Portugal, también ex director de Hidrocarburos del MINEM, indicó que el retraso en el pago de las deudas del FEPC puede llevar no solo a desabastecimientos, sino a que los productores e importadores dejen de contener las fluctuaciones de los precios de los derivados en el mercado internacional, y, por consiguiente, suban sus precios al mercado local.

Si bien el Gobierno aprobó semanas atrás un aporte de capital a Petroperú por US$1,000 millones, a fin de que pueda enfrentar sus problemas de financiamiento para la compra de combustibles, García Portugal advirtió que el retraso en el pago de lo que le debe el FEPC puede volver a complicar su situación financiera.

En tal sentido, y considerando que Petroperú abastece en un 40% al mercado de combustibles, señaló que, si se complica su situación financiera, en efecto puede haber riesgo de desabastecer al mercado.

Vale destacar que ya el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, había estimado que el mencionado aporte de capital le alcanzaría solo para asegurar la compra de combustibles por un mes a la petrolera estatal.

GASOHOLES NO DEBERÍAN ENCARECERSE POR CAMBIO EN SU REGULACIÓN
Por otro lado, García Portugal indicó que, si bien a partir de enero del 2023 entra en vigor la norma que dispone el uso de sólo dos tipos de gasoholes: regular y premium (en vez de los cinco tipos de ese producto que hoy ofrecen los mayoristas), ese factor no debería generar alzas en sus precios a los consumidores finales.

Según disposición del Ejecutivo, lo que hoy se vende como gasoholes de 85 y 90 octanos se ofrecerá desde el año entrante como regular (de 91 octanos) y los que se ofrecen como de 95, 97 y 98 octanos, tendrían una sola denominación: premium, (de 96 octanos).

El especialista indicó que esta medida en la práctica va a beneficiar a los grifos y usuarios, porque los primeros tendrán más capacidad de almacenaje en sus estaciones de servicio al proveerse de sólo dos tipos de gasoholes en lugar de cinco, y por consiguiente, también menos costos logísticos.

Por una economía de escala, explicó que esto les permitirá a los grifos comprar mayores volúmenes de esos dos productos a menos precio, y por la competencia existente en ese mercado, ello debería llevar a reducir sus precios a los consumidores.