JUAN CARLOS SOTO, ANGELES SANTOS Y ELIZABETH PRADO

En redes sociales, circuló un video de policías antimotines el martes pasado que desbloqueaban el corredor minero del sur, en el tramo Chalhuahuacho. Parecía el inicio de la solución al nuevo conflicto social que había detonado hace diez días contra el Gobierno, la minera Las Bambas y la municipalidad distrital.

Las comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas-Apurímac, tomaron la cabecera de la vía desde el 7 de noviembre. Desde esa fecha, la minera no puede abastecerse de insumos para la producción ni de alimentos para el campamento de trabajadores. Tampoco su producción.

El jefe de las Fuerzas Especiales de la PNP, general Reátegui, se reunió la noche del martes con representantes de ministerios que intentan poner fin al conflicto y dirigentes. El diálogo fue infructuoso. Los voceros de la huelga ratificaron su paro.

¿Por qué la Policía no restableció el orden y tomó el control de la vía? Una fuente del Ministerio del Interior (Mininter) dio una versión que revela las discrepancias internas del Ejecutivo sobre el conflicto.

Para el Mininter, el diálogo no debe cerrarse. Comunidades, Estado y empresa minera aún pueden explorar una solución pacífica. Una intervención represiva puede provocar muertos y prender como reguero de pólvora procesos de diálogo en otras comunidades.

En cambio, para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas, explica la misma fuente, no les compete conversar con las comunidades. Las demandas son a la minera y esta debe atenderlas.

Aunque el listado extenso (ver recuadro) contradice el punto de vista oficialista. Los pedidos sí alcanzan a varios ministerios. Ante esta respuesta, los frentes de Challhuahuacho pidieron la presencia in situ del presidente Castillo.

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, ratifica que el Ejecutivo ha engañado a los dirigentes de este distrito. Recordó que el año pasado, en Lima, con varios ministros y viceministros, se suscribieron acuerdos. Casi nada de eso se ha llevado a la realidad porque de manera permanente se cambian titulares de cartera y los nuevos desconocen lo firmado por el anterior, dijo el jefe regional de Apurímac.

Y mientras el gobierno define cómo soluciona el conflicto, este sigue escalando. Los frentes anunciaron la radicalización de sus protestas. Yaneth Silva, presidenta de la Federación de Mujeres de Challhuahuacho, aclaró que el gobierno pretende evadirse del problema. Sostuvo que la PCM incumple acuerdos hace siete años. Criticó su posición de querer establecer mesas de diálogo entre la empresa minera y la población, cuando ellos tampoco cumplieron sus compromisos.

QUÉ DICE LA MINERA
La paralización de Las Bambas no solo perjudica a la minera. Por cada S/100 de utilidad no generada, las arcas del Estado pierden S/30. Otro tanto son las regalías.

El premier Aníbal Torres recibió una carta de Las Bambas el viernes pasado. En la misiva, el gerente de Asuntos Corporativos, Carlos Castro Silvestre, advierte una situación crítica por los bloqueos. Argumenta que en este año el corredor minero estuvo cerrado 120 días por las protestas. Eso impactó en la producción del primer semestre, 100.000 toneladas métricas (TM) de cobre fino menos.

A fines de año, explica Castro, la producción caerá a menos de 250 mil toneladas, muy por debajo de las 400.000 TM/año de lo previsto al inicio de la ejecución del proyecto. Con los recientes sucesos en Chalhuahuacho redujeron la producción en 30%. Le precisa que con esta merma tampoco se pueden atender las demandas sociales.

Califican la situación de insostenible, no solo para la empresa, también para los más de 8.000 puestos de trabajo formales, directos e indirectos, que genera la operación minera. Castro exhorta a Torres a restaurar el principio de autoridad y orden público. Le pide apoyo para implementar la desmovilización del personal de planta y contratistas mediante una tregua humanitaria.

La solicitud se planteó para el fin de semana pasado. Que se permita a los trabajadores embarcarse a Cusco o Abancay. Las empresas que subcontratan con la empresa plantearon lo mismo. Denunciaron que sus trabajadores se quedan retenidos en la zona. No se permite el paso de suministro de alimentos o tránsito por razones humanitarias.

OTROS BLOQUEOS
El conflicto de Chalhuahuacho no es el único que afecta a la empresa minera. El corredor minero tiene 482 kilómetros, atraviesa 15 distritos, entre Apurímac, Cusco y Arequipa. Ese recorrido hacen los encapsulados antes de arribar al puerto de Matarani, costa de Arequipa, para embarcar el mineral y despacharlo a Asia. Esta vía también la utilizan las empresas Hudbay y Glencore, productoras de cobre en Cusco.

Son 40 comunidades que tienen demandas. La mayoría se queja por el tránsito de los camiones. Hay denuncias por contaminación de polvo, algunas probadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Tuntuma, distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco, es otro punto de crítico. Aquí los comuneros tampoco dejan circular los camiones. Le exigen a Las Bambas una cooperación para el financiamiento de proyectos sociales. El aporte solicitado asciende a dos millones de soles. La empresa considera inaceptable el pedido y lanzó una contraoferta de un millón. Ante la falta de acuerdos, la vía se ha cerrado.

Otra amenaza de bloqueo es en el sector Huisapa, Ocoruro, Hancollahua, en la provincia cusqueña de Espinar. Esas poblaciones reclaman por la ejecución de una carretera, competencia del Ministerio de Transportes. Si bien es cierto hay una tregua hasta el 21 de noviembre, lo que se teme es que nuevamente se reactive el conflicto.

Según Macroconsult, Las Bambas tiene una importancia capital en la economía del país. Representa el 1% del producto bruto interno nacional y el 78% del PBI de Apurímac. Con esta inyección incrementó al 141% sus ingresos convirtiéndose en una de las ocho regiones con mayor PBI per cápita.

Más del 92% de las transferencias por conceptos mineros a esa región corresponden a Las Bambas. En el 2022, recibió S/314,5 millones por canon minero. Al cierre de esta edición, la PCM planteó una tregua. Los frentes que organizan la protesta rechazaron la propuesta. Dicen que es otra mecida más.

HAY MECANISMOS QUE SE AGOTARON HACE TIEMPO
José de Echave, investigador de CooperAcción, sostiene que el Estado tiene que asumir su rol de garante de derechos. También se debe reconocer que en el corredor minero sur se ha instalado una situación de conflictividad donde el Estado no está teniendo una capacidad de respuesta frente a los conflictos. Además, hay instrumentos que ya están largamente agotados.

“Es decir, dejar que los conflictos escalen hasta un bloqueo y después buscar intervenir con una comisión de alto nivel que cada vez es de más alto nivel e instalar mesas de diálogo con acuerdos incumplidos son mecanismos que se agotaron hace bastante tiempo. En las actuales circunstancias, el Gobierno no tiene una estrategia para abordar los conflictos. Hay que reconocer también que en el corredor sur hay una agenda muy fragmentada, cada comunidad negocia por su cuenta, los actores compiten entre sí".

Y agregaron, "es un escenario complejo y debemos pensar en propuestas. Desde CooperAcción estamos proponiendo que el corredor sur sea una especie de experiencia piloto para implementar un sistema de gobernanza territorial donde el Estado nacional y el Estado subnacional estén presentes con sus facultades. Tener una estrategia preventiva para un abordaje diferente, monitorear verdaderamente las situaciones, la implementación de los acuerdos es lo que se conoce como un sistema de gobernanza. Yo creo que por ahí está la pista”.

“Los conflictos sociales nos están haciendo perder oportunidades y el país cae en competitividad minera ante el mundo. Los problemas se deben resolver a través del diálogo y no de la fuerza”, completó Miguel Cardozo, presidente de Perumin.