ROSA LONDRA

La transición energética ya empezó y la minería jugará un papel central en el nuevo paradigma. Es que las fuentes de energía renovables y la electromovilidad dependen de mayor cantidad de minerales críticos y su demanda se incrementará exponencialmente: se pasará de una matriz intensiva en fósiles a una intensiva en minerales.

Para Leonardo Viglione, socio de PwC y líder de Minería, el nuevo contexto de la electromovilidad y el avance de la agenda verde posicionan al país como un destino atractivo para la inversión internacional por sus grandes yacimientos de oro, plata, cobre y litio.

"Los proyectos de cobre y litio son centrales y este último es el que asegura mayor crecimiento por la alta demanda de baterías eléctricas por parte de la industria automotriz, así como de los dispositivos necesarios para las energías renovables y la tecnología de las comunicaciones", explica.

La Argentina es uno de los vértices del Triángulo del Litio, junto a Bolivia y Chile, donde se encuentran las mayores reservas de este mineral a nivel mundial. Es el cuarto mayor productor del planeta, por detrás de China, Chile y Australia y es el segundo país con más reservas a nivel global.

Según la información oficial existen dos proyectos en ampliación (Fénix, en Catamarca y Salar de Olaroz, en Jujuy), 11 en evaluación y otros 40 en fase inicial.

"Con ellos el Estado aumentará la producción de litio de 37.500 toneladas anuales a más de 200.000, con ingresos que superarían los US$ 6.508 millones en 2026", puntualiza Viglione y asegura que el país será uno de los mayores productores mundiales.

LA NUEVA MINERÍA ESG
Según el informe Mine 2022 de PwC, hacia 2030 las energías renovables crecerán exponencialmente; para la AIE -Agencia Internacional de Energía- en 2040 las energías renovables de la electricidad serán un 47% del mercado, frente al 29% actual.

Se espera que la necesidad de "minerales críticos" aumente durante las próximas tres décadas y se sugiere que la demanda anual de tecnologías de energía limpia superará los US$ 400.000 millones para 2050.

Sin embargo, no se tratará solo de extraer los materiales de la misma manera: deberán ser extraídos de manera sustentable. Los criterios ESG ya no son más una diferenciación para algunos jugadores en la industria, sino que serán el estándar mínimo para operar.

"Los stakeholders incrementan la presión y se necesitarán fuertes licencias sociales para operar, hacer desinversiones responsables y la transparencia fiscal será importante para el éxito", dicen los especialistas. Por eso, desarrollar y mantener la confianza con un amplio rango de partes interesadas es el modo en que la licencia para operar esté asegurada.

"Las expectativas respecto a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza continúan en crecimiento. Las empresas deberán incluirlo en su ADN, como lo hicieron con el tema de la seguridad: los accionistas se sentirán atraídos por compañías que adopten activamente políticas ESG", opina Viglione.

AGREGAR VALOR
De cara a la transición energética, YPF busca posicionarse en el negocio de las nuevas energías y, en el caso del litio, espera participar en todos los eslabones de la cadena: desde la exploración y explotación del recurso hasta la industrialización. "Como una compañía nacional, tenemos la vocación de agregar valor al recurso y desarrollar capacidades para poder almacenar energía verde y avanzar sobre la electromovilidad", define Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC (YPF Tecnología).

Así, participan de la exploración y explotación de litio con 20.000 hectáreas en Fiambalá Norte (Catamarca) y equiparán su planta de La Plata donde desde diciembre fabricarán celdas para baterías de ion-litio.

"Queremos construir capacidades y buscamos Pymes locales que puedan armar baterías como producto final, con el objetivo de proveer a la demanda creciente que tendrá el mercado local, en principio", explica Salvarezza.

Mientras en La Plata apuntarán a la energía estacionaria, en la planta de Santiago del Estero, con una capacidad cinco veces mayor de producción, se dedicarán a electromovilidad. "Queremos integrar a otros jugadores nacionales para armar la cadena de valor del recurso: el objetivo es la integración vertical. Hemos decidido integrar el proceso de industrialización del litio pero, además, llegar hasta la batería", dice.

LITIO LADO B
La investigación también es la razón de ser de Y-TEC. Para mejorar la tecnología extractiva del mineral, en sus laboratorios de Jujuy investigan e intentan lograr la separación y purificación del litio con tecnologías no evaporíticas para evitar el sobreconsumo de agua durante la explotación.

Es que si la nueva matriz energética será intensiva en metales, la minería que explota el litio en los salares de América del Sur es una "minería del agua". A diferencia de la explotación litífera australiana, donde se extrae el material horadando rocas, en los salares -que son humedales- el litio se separa del agua gracias a la evaporación por radiación solar. Se calcula que para obtener una tonelada de litio se evaporan de 400.000 a 2 millones de litros de agua.

Mientras parecen indudables los beneficios económicos que se obtendrán de su explotación, se comienza a sopesar las posibles amenazas a la sostenibilidad ambiental, social y económica que representa la minería de litio, especialmente para las comunidades donde se realiza la explotación.

"La sostenibilidad y la justicia son puntos clave para tener en cuenta y los distintos actores involucrados en el debate -comunidades, industria, gobiernos, academia, ONGs- entienden estos términos de maneras muy diferentes", explican desde Fundar, organización dedicada al estudio de políticas públicas.

Para la investigadora Victoria Arias Mahiques, especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable, "que la transición energética sea justa e inclusiva implica no dejar a nadie atrás en términos sociales, tecnológicos y económicos; esa justicia implica que no sean reproducidas las asimetrías que se dan cuando las comunidades locales de donde se extraen los minerales críticos o estratégicos tienen que asumir las externalidades de esa extracción", explica.

En el otro extremo de la cadena, la pérdida de puestos de trabajo con la implementación de las nuevas tecnologías va a ser amplia y transversal.

"Hay que buscar un enfoque equitativo de la transición energética que analice cómo se redistribuyen los beneficios de la nueva riqueza que se produce", dice y define a la gobernanza socioambiental de la minería como "el proceso de toma de decisiones sobre los recursos".

Pero los actores involucrados en esta actividad -industria, gobierno, comunidades, ONGs y academia- entienden la sostenibilidad económica, ambiental y social de diferente manera. Con intereses contrapuestos en ocasiones, el objetivo será armonizarlos.

Si el sector privado empuja las iniciativas tecnológicas, también deberá cumplir estándares y normas para extraer minerales críticos, consensuar y consolidar prácticas respetuosas del medio ambiente, de las características sociales y de los derechos humanos.

El sector público tendrá que aportar la mirada estratégica respecto de qué quiere obtener el Estado de la explotación o no del recurso y cómo se van a reflejar los beneficios de la actividad en el lugar de extracción; las comunidades, tienen que tomar parte activa en el proceso de toma de decisiones.

"El rol de la academia y de los científicos es transversal, generan y divulgan información para acompañar a los actores a tomar mejores decisiones, como el Estado y las comunidades, pero también el desarrollo de tecnología y ciencia aplicada a la eficiencia operacional y a esta transición justa", explica.

Por su parte, la sociedad civil reclama por los impactos ambientales: los cuestionamientos más críticos tienen que ver por los desequilibrios ecológicos generados por el sobreconsumo de agua en territorios extremadamente áridos.

"Hay varios planteos en relación con cómo se evalúan los impactos acumulativos de la extracción de litio en las cuencas que comparten los distintos emprendimientos. Y el otro punto crítico, es cómo se tiene que articular la vinculación con las comunidades y pueblos originarios", explica Arias Mahiques.

Conocer las características hidrogeológicas de los salares es fundamental. La participación de las comunidades, la validación de protocolos consensuados por ellas y la participación en procesos de toma de decisión y en consultas públicas es clave.

POR UNA TRANSICIÓN JUSTA
El litio, en el nuevo régimen energético, ¿desafía o reproduce las relaciones desiguales entre las regiones productoras y consumidoras? ¿Puede allanar el camino para una transición energética sostenible y justa? Son preguntas que guían el Proyecto Green Dealings, un consorcio de investigación formado por institutos de investigación europeos y latinoamericanos basados en enfoques críticos de la gobernanza de las materias primas, de la ecología política y la geografía económica.

El objetivo es estudiar las negociaciones entre actores europeos y sudamericanos a lo largo de la cadena de baterías de litio e intenta facilitar la conversación entre estos actores y el intercambio con las partes interesadas para lograr una transición energética justa.

Según una encuesta que realizaron a quienes producen o demandan litio, los resultados mostraron coincidencias a pesar del distinto lugar de los actores dentro de la cadena: se identificaron problemas de sostenibilidad, sobre todo para los países donde se lleva a cabo esa minería.

Identificaron como desafíos la debilidad institucional local y la asimetría de recursos -mientras las corporaciones tienen medios económicos y profesionales, las administraciones locales y las comunidades carecen de éstos en la misma proporción-.

En cuanto a las condiciones que se deberían promover para que la cadena de valor de la producción de las baterías de litio sea justa en términos de cumplimiento de estándares y de regulaciones sectoriales, la distribución de los beneficios económicos para las comunidades es uno de los aspectos importantes para sostenibilidad económica y la vinculación con el aparato productivo. Y se corroboró que, para la mayoría de los encuestados, el aspecto ambiental más crítico y que podría afectar la sostenibilidad de esta actividad es el impacto sobre el balance hídrico.

Desde el Salar de Atacama, en Chile, SQM y Albemarle proveen actualmente 40% del litio del mercado americano y el 84% de Europa.

"Aunque la extracción de litio de salinas es relativamente "limpia" en relación con la extracción del litio de roca, los impactos a largo plazo y a corto plazo son desconocidos", dice Mauricio Lorca, antropólogo que estudia la relación de las comunidades atacameñas con las empresas mineras.

El bombeo de salmuera en uno de los lugares más secos del mundo afectando el ecosistema -el clima, la vegetación- y modos de vida de una región marginal no parece lograr una transición energética justa si se trata de alimentar estándares de consumo de los países desarrollados.

"Los acuerdos entre las empresas mineras y las comunidades locales -transferencias directas de dinero como compensación por los impactos negativos que suponen sus operaciones, especialmente en el balance hídrico del lugar- beneficiaron a algunas personas, pero también generaron tensiones", dice.

La firma de convenios entre organizaciones atacameñas y empresas amplió el control social de la minería, aportó recursos económicos al desarrollo comunitario en un escenario de consenso y preocupación ante la percepción de escasez hídrica, la sustentabilidad de los acuíferos y las comunidades bióticas de la cuenca del salar.

Sin embargo, la transferencia directa de dinero generó desavenencias al interior de organizaciones y la falta de una estrategia comunitaria consensuada frente a las empresas mineras. "Se duda de cuán coherentes son esos convenios en cuanto a la protección del medio ambiente y la cultura local y si son un aporte a un desarrollo territorial representativo y convocante, pues atentan contra la articulación política de las comunidades", dice Lorca.

Para el especialista, se trata de saber si los costos y riesgos asociados a la extracción de litio en el salar -los que promueven el mayor desecamiento de la cuenca- son compensados con los acuerdos y convenios firmados con las empresas.

"Existen indicios de que la compensación mercantil de las externalidades generadas en el salar no genera de forma instantánea beneficios para las poblaciones locales. Sino que, al contrario, provocó mayor conflictividad al interior de las organizaciones étnicas locales: se trasladó el enfrentamiento entre empresas y comunidades al interior de las organizaciones indígenas", cuenta.