La invasión se agrava en la mina de oro y plata Inmaculada de la minera Ares, filial de Hochschild Mining, en Ayacucho. Entre 30 y 50 personas del anexo de Huancute, del distrito de Rivacayco se mantienen apostadas en parte de la zona industrial del yacimiento y atacaron con piedras, huaracas y palos a los volquetes de la empresa.

Una representante de la compañía dijo a Reuters que el ataque provocó que se interrumpiera el flujo en la operación interna de la mina, pero que "no ha paralizado la producción".

La compañía afirmó en su comunicado que la intervención violenta a la mina puso "en peligro la integridad física de los trabajadores", y que los invasores están usando la presencia de mujeres para impedir ser desalojados por la policía.

Inmaculada emplea a 1.700 trabajadores, según la empresa. La mina había sufrido a fines de octubre un bloqueo por unos días por parte de pobladores de otra localidad andina, antes de acordar iniciar un diálogo, en busca de superar diferencias en torno a la propiedad de tierras.

Hochschild enfrentó el año pasado un conflicto con residentes cercanos que demandaban el cierre de sus operaciones alegando contaminación en la zona, algo que la mina ha rechazado. El conflicto fue superado y la empresa espera del gobierno la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2042.

La firma planea invertir 4.400 millones de dólares durante la extensión de la vida útil de Inmaculada, que representa más del 60% de su flujo de efectivo, según la propia compañía.

Las protestas de comunidades pobres contra las grandes minas son comunes y a veces han llevado al cierre temporal de algunas unidades en el segundo mayor productor mundial de cobre. 

La Defensoría del Pueblo y la minera Ares exigen la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional. José Palma, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Hochschild, comentó que se vieron obligados a suspender algunas operaciones en la unidad minera, lo cual afectó la cadena logística.

“Primero hicieron ingresar un ganado de hasta 100 animales a la zona industrial y luego entraron entre 30 y 50 personas en distintos momentos; algunos aún se mantienen apostados”, indicó.

“Estamos mortificados. Pese a que habíamos alertado de la inminente invasión, ahora ya se materializó”, agregó, en referencia a la transgresión al perímetro de la mina de 840 hectáreas reportada el último viernes.

¿QUÉ HAY DETRÁS?
Según la Defensoría del Pueblo, el centro poblado de Huancute reclama la afectación de su derecho a la posesión y propiedad comunal por la presunta renovación del contrato de servidumbre de ocupación a favor de la minera Ares.

El reporte de esta institución señala que el 26 de octubre algunas familias de Huancute habrían ingresado a los terrenos de la unidad minera Inmaculada y, tras la intervención de la PNP y la Fiscalía, se detuvo a diez personas.

La minera Ares ha insistido en varias ocasiones en su invitación al diálogo, pero la dirigente de este centro poblado, Martha Cayo Cayo, habría ignorado los gestos de conciliación.

El consultor especialista en temas mineros, Ivan Arenas, quien maneja fuentes cercanas a la zona, mencionó a este diario que la conflictividad creció tras la llegada del abogado Gonzalo Castañeda Quiroz, nuevo asesor de Huancute.

Según afirmó, en su currículum Castañeda ostenta la asesoría legal de varias comunidades y organizaciones de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, que, aún hoy, mantienen un conflicto latente con la minera MMG Las Bambas. Este sería el caso de la comunidad de Huancuire, que lleva meses apostado en los predios de la minera de cobre china, práctica que podría ser replicada en el yacimiento ayacuchano.

El jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Pacheco, ratificó esta versión al señalar al medio Conecta Andina que, asesorados por este abogado, un grupo de Huancute “habría tomado la decisión de ingresar a la unidad minera Inmaculada por distintos frentes con el objetivo de recuperar la posesión de terrenos que ellos afirman que son de su propiedad”.

Arenas aseveró que la estrategia de Huancute es adquirir la nominación de comunidad indígena para así obtener mayores beneficios.

MINA EN JAQUE
La Defensoría del Pueblo reportó que en octubre se registraron en Ayacucho tres nuevos conflictos sociales, dos de ellos relacionados a la minera de Hochschild: los casos de Huancute y la comunidad campesina de Huallhua, la cual tiene un reclamo similar.

A ello se suma el episodio de violencia registrado la semana pasada, cuando un grupo de la comunidad Casma Palla Palla incendió la garita de ingreso de Inmaculada ante supuestos pactos incumplidos.