JUAN SALDARRIAGA

La relación del Ejecutivo con el sector minero-energético cayó a su punto más bajo en abril de este año. Entonces, los peruanos miramos con preocupación la paralización de dos grandes minas de cobre, Cuajone y Las Bambas y, no menos grave, también la suspensión del listado en la iniciativa global EITI, que es como “el ISO de transparencia para las empresas mineras y de hidrocarburos”, apunta Fernando Castillo, ex jefe de gestión social del MINEM.

“Con esto, el fortalecimiento de la gobernanza de las industrias extractivas en el Perú corre el grave riesgo de perderse”, advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), gremio que dio la clarinada de alerta junto a otros colectivos sociales que participan en la iniciativa.

Y es que a ninguno se le escapaba el descredito que esto significaba para el país debido a la forma en que el EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) había suspendido a Perú tras 17 años de destacada presencia en este estándar que agrupa a las 52 naciones más ricas en recursos naturales.

“Es lamentable que un país que hasta hace unos años lideraba el cumplimiento de esta iniciativa caiga en tan penosa situación, donde hacemos las cosas tan mal que estamos a punto de que nos expulsen o nos suspendan definitivamente”, apunta Epifanio Baca, economista de Propuesta Ciudadana y miembro de la comisión nacional del EITI. ¿Qué había ocurrido?

CUESTA ABAJO
El EITI lo explicó así en un comunicado del 27 de abril: “El directorio del EITI ha suspendido temporalmente al Perú por no presentar su reporte anual del 2019 en la fecha límite, 31 de marzo de 2022″.

Kaimer Dolmos, exdirector general de promoción y sostenibilidad minera del MINEM, entidad encargada de presentar el documento, aseguró en mayo pasado que lo ocurrido no era del actual Gobierno sino de gestiones previas y de la pandemia. “Son varios años que se ha dejado (de emitir el reporte)”, dijo.

Fernando Castillo le da la razón, pero en parte. Según relata, el Perú estaba en la “línea verde incandescente” del EITI como el “país más transparente y abierto” hasta el gobierno de Martín Vizcarra (2018).

“Desde entonces, los esfuerzos se empezaron a diluir y esto se complicó con la inestabilidad política. En los últimos cuatro años han pasado 16 o 17 jefes de gestión social - encargados de la secretaria técnica del EITI – y algunos se han ido sin saber que este estándar existía”, indica.

Esto es, sin advertir la importancia de dicha iniciativa, cual es transparentar y hacer públicos los pagos efectuados al fisco por las empresas mineras e hidrocarburos que opera en el país (61 en total) y, no menos importante, también el uso que hacen de ellos los gobiernos sub-nacionales y universidades de cinco regiones adscritas al estándar: Piura, Arequipa, Loreto, Moquegua y Apurímac.

Perú, precisa Baca, es el único país que ha descentralizado el EITI, lo cual es muy importante porque “lleva la transparencia allá donde la minería opera y se relaciona con las comunidades”.

¿Qué está haciendo el gobierno para evitar que el Perú sea suspendido definitivamente de esta iniciativa?

EL OCTAVO INFORME
En julio pasado, el MINEM reportó que había conseguido ampliar el plazo para la presentación del Informe Nacional de Transparencia 2019/2020 (octavo informe) hasta el 31 de diciembre de 2022.

“A la fecha la consultoría que tiene a su cargo realizar el 8vo informe nacional de transparencia EITI Perú tiene un avance de más del 60% y, conforme los plazos que se tienen establecidos, se tendría la presentación del Informe final para el 24 de noviembre”, adelantó el MINEM a Día1. Baca advierte, sin embargo, que para cumplir con ese deadline hace falta el compromiso político del MINEM, algo que hoy “no ocurre”.

“Un indicador que no hay un compromiso evidente es que el presidente de la comisión nacional EITI, que es el viceministro de hidrocarburos, casi nunca está presente en las reuniones, y su lugar lo ocupa un funcionario de tercer nivel quien hace de secretario técnico”, relata.

A esto se añaden otras señales reveladores, como la inasistencia de la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, al foro “sobre la situación actual y desafíos del EITI” que se desarrolló en Arequipa con ocasión de Perumin 2022, al cual había sido invitada.

Fernando Castillo advierte que el Perú no ha sido aún suspendido del EITI, a pesar de todas estas contradicciones y los retrasos en la presentación de los informes, debido a “su larga tradición de país cumplidor”.

Para resarcirnos, aconseja presentar los informes faltantes el próximo año, incluyendo el del 2022, aprovechando que “la tributación se cierra en marzo (del año siguiente) y los reportes del canon están listos desde fines de mayo”.

A entender de Baca, esto debe ser complementado con la publicación de los gastos sociales y ambientales que las empresas mineras entrega al MINEM y que este ha dejado de transparentar desde el inicio de este gobierno. ¿Pero, qué ocurrirá si el MINEM no llega a tiempo para presentar su octavo informe?

EL EITI Y EL CANON
Si ello ocurre, Baca advierte que el proceso se caerá y sobrevendrá un “daño reputacional muy grande para las empresas, los inversionistas, el Estado y la sociedad civil”.

Igualmente grave, cuatro regiones que ya estaban a punto de sumarse a la iniciativa, dejarán de hacerlo.

Hablamos de las regiones Cusco, La Libertad, Ancash y Cajamarca, que acaban de aprobar ordenanzas para implementar el estándar.

De acuerdo a Castillo, hasta el 2018 había suficientes recursos para financiar la inclusión de seis regiones, gracias al apoyo de la Cooperación Suiza, el gobierno de Canadá y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que se habían comprometido a “ser padrinos de dos regiones cada uno”.

Eso se perdió en el camino por la incuria de sucesivos gobiernos.

“El ciudadano de a pie necesita saber en qué se invierten los recursos de canon y regalías que transfiere el gobierno nacional”, anota. El EITI es una herramienta vital para eso.