El Senado colombiano aprobó la reforma tributaria del gobierno después de más de 15 horas de debate, mientras que la Cámara de Representantes continuará discutiendo la iniciativa que, según el presidente Gustavo Petro, busca "mayor justicia social" en el país. Al mismo tiempo, a ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, dijo que no son ciertos los rumores de que el gobierno acabará con toda la minería y la explotación petrolera en Colombia.

La iniciativa fue aprobada tras dos días de intensa discusión paralela del Senado y la Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene las mayorías. Resta que las dos cámaras se reúnan la próxima semana para unir los textos aprobados por separado. Luego, el presidente de la república podrá sancionar la ley.

Lo aprobado dista un poco de la iniciativa que presentó el gobierno en agosto como su proyecto bandera, necesario para financiar ambiciosos proyectos sociales con miras a disminuir las brechas de pobreza. El gobierno cedió en varios puntos eliminando algunos impuestos polémicos a las iglesias, las pensiones, el pan ultraprocesado y conservando el subsidio a la gasolina en zonas fronterizas, así como moderando otros tributos ante reiteradas críticas.

Isidro Hernández, docente investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, indicó a The Associated Press que lo aprobado cumple con los objetivos iniciales que se planteó el gobierno de Petro al subir los impuestos a la clase media alta, es decir, a trabajadores que ganen más de 20 millones de pesos al mes (unos 4.000 dólares) y la clase alta, que son quienes viven de rentas de capital con ingresos de más de 80 millones de pesos (16.000 dólares).

“Tenemos muchas medidas redistributivas, es la reforma más progresiva de la historia”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. “Hay algunos sectores que van a pagar más impuestos y son todos de altos ingresos”, agregó.

Los más adinerados pagarán un impuesto a la riqueza. La tasa arranca en 0,5% para quienes tengan un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos (601.000 dólares), y alcanza el 1,5% para los patrimonios de 10.000 millones de pesos (2 millones de dólares) en adelante. El gobierno cedió subiendo los rangos, inicialmente se propuso para patrimonios desde 1.000 millones de pesos (200.000 dólares).

También se aprobó un impuesto a las ganancias ocasionales, como herencias o donaciones, que subió del 10% al 15%, y un impuesto a los dividendos de hasta el 20%.

QUÉ PASA CON LOS HIDROCARBUROS

El Senado de la República aprobó en segundo debate la no deducibilidad de regalías en el sector de hidrocarburos. Con esto, negó la eliminación del artículo 17, uno de los más polémicos del proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.

“El artículo 17 de la #PetroReforma hace que las regalías no se entiendan como costo de operación como sucede en los demás países; por eso, con este artículo que prohíbe la deducibilidad de las regalías, dejaremos de ser competitivos”, advirtió la senadora Paola Holguín.

Por su parte, el senador Miguel Uribe aseveró que con este artículo el dólar seguirá subiendo.

“Se sigue persiguiendo al sector minero-energético. Colombia, después de Zambia, será el segundo país del mundo que no permite la deducibilidad de regalías y el único de la Ocde. Nos va a ir muy mal a los colombianos con Petro”, alertó el senador.

Entre tanto, el senador Gustavo Bolívar, que en principio advirtió que sin este impuesto no habría reforma tributaria, anotó que este es el artículo más importante de la iniciativa económica.

“El sector de hidrocarburos no puede deducir regalías de Renta. Hemos subsanado injusticia histórica con los municipios que no recibían regalías por sus pasivos ambientales”, manifestó Bolívar.

La petición de los empresarios

Antes del debate, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, cuestionó al Ejecutivo por las regalías y los impuestos de renta.

En un video dirigido al Congreso de la República, Mac Master le pidió a los legisladores que presten suma importancia a varios puntos relacionados con las regalías y así definir si esos impuestos “se tratan del pago por un bien de la Nación” o, por el contrario, “si el pago por el uso o usufructo de un bien de la nación era un gasto”.

Además, en respuesta a la polémica por los impuestos a los hidrocarburos y al anuncio de que no habrá más exploración de hidrocarburos en el país, el presidente de la Andi aseguró que sin duda, todos los productos del subsuelo están protegidos por la Constitución, que dice, que son propiedad de la nación y esa no debería ser una pregunta que nos debería trasnochar ni un segundo.

Así mismo, aseguró que, en cuanto al tema de las regalías, hay varios temas que los congresistas deberían analizar para no afectar esos montos.

En esa línea, el empresario sugirió que quien explota los hidrocarburos toma una parte de lo que recibe como ingresos y simplemente lo lleva como una transferencia al Estado. Con ello, planteó cómo, a su juicio, se podría solucionar el asunto.

“Razón por la cual la base gravable no incluiría ni el ingreso ni el gasto y no se iría en deducibles. La otra alternativa, es decir la totalidad del ingreso incluyendo las regalías, las recibe el operador y dentro de los egresos del mismo se encuentran las mismas que, por lo cual, la base gravable debería deducir las regalías como un gasto. Luego tendríamos el pago a las regiones”, señaló.

El presidente de la Andi le pidió a los senadores y representantes que tengan en cuenta la presunta afectación que la reforma tributaría tendría en la competitividad a nivel petrolero y energético.

“Nosotros vamos a tener grandes consecuencias sobre nuestra nación. Por ejemplo, Colombia no es un gran productor de petróleo. Colombia produce a duras pesas 700 mil barriles. Recordemos que países como Rusia producen 10 millones de barriles al día”, advirtió.

En esa línea, aseguró que gracias a los petróleos que la Nación alcanza a producir logra mantener las finanzas públicas, mantener la balanza corriente y cambiaria, además de generar otros beneficios para el país. Sin embargo, asegura que los “errores metodológicos” en esa materia podrían causarle a la Nación la pérdida de múltiples beneficios económicos, publicó Infobae.

“No podemos cometer un error metodológico que conduzca a que perdamos todos estos beneficios virtuosos de la actividad minero-petrolera que tanto ha apoyado al Estado colombiano y por tanto a las políticas públicas en favor de las condiciones más vulnerables”, concluyó Bruce Mac Master.

LAS CRÍTICAS

En las últimas dos semanas se registraron algunas protestas en el país de personas que se oponen al gobierno de Petro —el primer presidente de izquierda en Colombia— y sobre todo a la reforma fiscal que según advertían podía ir en detrimento del empresariado, lo que derivaría en un aumento del desempleo y de costos en los productos.

Aunque algunas protestas llegaron a contar con miles de personas, la inconformidad no alcanzó los niveles de 2021 cuando inició un estallido social impulsado por una reforma fiscal del anterior gobierno de Iván Duque (2018-2022) que, según advertían, afectaría a la clase media y baja.

“En esta ocasión el Estado aprendió la lección y subió el rango para cobrar impuestos”, dijo Hernández, en referencia a que la reforma de 2021 contemplaba ampliar la base grabable del impuesto al valor agregado que se cobra a los alimentos y la renta a personas que devengaran salarios bajos.

La reforma de Petro ha enfrentado las mayores críticas por el aumento a los tributos del sector de hidrocarburos. De manera temporal contempla una sobretasa del impuesto de renta que será del 15% al petróleo y del 10% al carbón, dependiendo del precio internacional. Además, no podrán descontar de la renta el dinero que dan por regalías —el pago que hacen al Estado por explotar el subsuelo—.

“Hoy se materializa el primer freno a este sector minero energético”, cuestionó en el debate del Senado Miguel Uribe, del opositor Centro Democrático. Para la colectividad, el aumento de impuestos golpeará las finanzas del Estado.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal —técnico y adscrito al Ministerio de Hacienda— advirtió en su último reporte de octubre que una política que suspenda o desincentive la inversión en el sector de hidrocarburos representa un “riesgo elevado para la sostenibilidad fiscal”, dada la alta dependencia de esas transferencias. El sector representa cerca del 40% de las exportaciones y entre el 10 y 20% de los ingresos del gobierno central.

El Congreso también aprobó un nuevo impuesto para las plataformas digitales que presten servicios desde el exterior, como la publicidad online, música, películas, streaming, entre otros, así como impuestos a plásticos de un solo uso y para alimentos ultraprocesados.

"El país gana con los recursos que se obtienen aquí para los programas sociales del Gobierno, que podrán ser financiados ahora sí de forma importante", afirmó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a periodistas.

Ocampo destacó que esta "es la reforma más progresiva de la historia" del país y dijo que los sectores que pagarán más impuestos son los de mayores ingresos.

Con esta reforma, el gobierno de Petro busca recaudar el año próximo 20 billones de pesos (unos US$ 4.000 millones), cifra inferior a los 25 billones de pesos (unos US$ 5.000 millones) previstos inicialmente debido a los cambios hechos al proyecto, según informó EFE.

CAMBIOS AL PROYECTO DE LEY
Durante los acalorados debates los congresistas han tomado decisiones trascendentales con respecto al proyecto propuesto por el Gobierno, como la eliminación de un artículo que buscaba cobrar impuestos a las iglesias o retirar el que pretendía incluir el pan entre los alimentos ultraprocesados sujetos a tributación.

El proyecto se basa en una mayor recaudación de impuestos a personas naturales, la reducción de beneficios fiscales a empresas, la tributación a las bebidas azucaradas, a la exportación de petróleo, carbón y oro cuando superen cierto techo, y en la lucha contra la elusión y la evasión.

En las últimas semanas y durante los debates algunas de las propuestas iniciales han cambiado. Dos de ellas, por ejemplo, son que ya no se gravarán las pensiones altas y que la sobretasa al petróleo y el carbón se aplicará con base en los precios internacionales de los hidrocarburos.

El impuesto a las pensiones más altas, considerado por algunos sectores como inconstitucional al considerarlo un derecho adquirido y no una fuente de renta, era uno de los puntos más polémicos de la reforma y fue eliminado por ambas cámaras.

ANUNCIO DE DEMANDA
El Centro Democrático, principal partido de oposición, anunció que demandará la reforma tributaria aprobada en el Senado porque considera que es inconstitucional, aunque no explicó las razones de fondos que sustentarán la querella.

"El proyecto de reforma tributaria aprobado en Senado generará pobreza, desempleo y menor inversión en una coyuntura mundial de recesión, al tiempo que empobrece a la clase media, golpea a los hogares de más bajos ingresos e introduce un ataque al sector de los hidrocarburos", detalló el partido uribista en un comunicado.

VÉLEZ (MINMINAS): ES FALSO QUE QUEREMOS ACABAR CON LA MINERÍA
No son ciertos los rumores de que el gobierno acabará con toda la minería y la explotación petrolera en Colombia y en las regiones como el Magdalena Medio, dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, en el Diálogo Regional Vinculante que se realiza este jueves en Barrancabermeja

La ministra ratificó que se respetarán los contratos de exploración y producción de petróleo y gas que se encuentran vigentes, pero no se refirió a las decisiones frente a la suscripción de nuevos contratos, ya que inicialmente se había anunciado que no se realizarían, pero luego se indicó que se revisaría si eran necesarios.

“Sea esta la oportunidad para compartir nuestras visiones de Gobierno y desmontar algunos de los mitos que nos han ido creando. Han dicho que queremos acabar con toda la minería y eso es falso”, afirmó.

Aseguró que el Estado venía criminalizando a los mineros artesanales y de pequeña escala categorizándolos como ilegales, sin distinción alguna frente a los que se han dedicado a la destrucción masiva de áreas protegidas y zonas hídricas del país. 

Señaló que en Colombia, actualmente hay 73.440 hombres y mujeres que se dedican a la minería de subsistencia y que el gobierno busca darles toda la participación en la construcción del nuevo Código de Minas.

“Nuestro compromiso como Gobierno es asegurar que esos pequeños mineros de subsistencia tengan una voz para construir con ellos, por primera vez, el Código de Minas. La política minera en este país es una política con y para la gente”, dijo.

Frente a la actividad petrolera, manifestó que no es cierto que la exploración y explotación petrolera se acabarán inmediatamente y que más de 120.000 empleos se perderán.

“Un segundo mito tiene que ver con que la exploración y la explotación petrolera acabarán. Eso es falso, porque los contratos existentes respetarán y tenemos absoluto compromiso de hacer la gestión de esos contratos que hoy tenemos”, puntualizó.

La ministra recordó que uno de los principios para la Transición Energética Justa es que esta sea gradual y segura, y que se protegerá la estabilidad laboral.

“Hacer una transición responsable y en beneficio de todos, no pasa de la noche a la mañana. Nuestro Gobierno sentará las bases de la transición energética garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema energético, las fuentes de empleo y los recursos económicos provenientes del sector”, expresó.

Indicó que el Ministerio de Minas y Energía ratifica su palabra de respetar los contratos firmados y que esa cartera está revisando los que actualmente se encuentran detenidos por tramites técnicos. 

“Estamos en un territorio lleno de grandes potenciales y muestra de ello es que está rodeada de recursos hídricos como las ciénagas y el río Magdalena, lo que permite el desarrollo de actividades económicas como la pesca, el transporte fluvial, el turismo y la comercialización de productos agrícolas”, anotó.

Agregó que las condiciones climáticas y geográficas de la región son únicas para hacer parte de los planes de generación solar que tiene el gobierno.

“Es la oportunidad para la creación y despliegue de distintas formas de asociación comunitaria que, por medio de un estallido científico-cultural organizado en torno al uso de la energía solar fotovoltaica brinden elementos de alto impacto para avanzar por la senda que conduce hacia la Transición energética justa”, afirmó.