Aunque hace años que lo tienen prohibido, miles de mineros artesanales continúan extirpando a golpe de pico la mina de cobalto a cielo abierto en Shabara, en la República Democrática de Congo, de la que viven y comen sus familias.

"Luchamos para que nos dejen en paz", dice durante un respiro uno de estos mineros artesanales, Marcel Kabamba, que dice ganar hasta US$ 200 por semana, una buena suma en un país donde tres cuartos de la población vive con menos de dos dólares diarios.

Cerca de él, dos porteadores cargan trabajosamente a sus espaldas sacos de este mineral verde, cuyo uso en baterías de teléfonos móviles y de vehículos eléctricos lo convirtió en un codiciado producto de futuro.

Sus precios oscilan, pero una tonelada de este mineral se cotiza actualmente a unos US$ 50.000.

Shabara, a unos 45 km de Kolwezi, en la provincia de Lualaba (sureste), es un emblema de los problemas de la RD Congo para acabar con la explotación ilegal de cobalto, del que es primer productor mundial.

Este país centroafricano asegura un 70% del suministro mundial de este metal, pero sus minas artesanales mal reguladas, aunque representan una parte mínima de su producción (5%), dañan la imagen del cobalto congoleño.

Las acusaciones de explotación infantil, de condiciones laborales peligrosas y de corrupción salpican estos lugares.

Como en Shabara, muchos operan en concesiones industriales, lo que alimenta también las tensiones entre mineros pobres y multinacionales.

BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL
Michel Bizimungu Lungundu recuerda el día de 2015 en que supo que la mina de Shabara, donde trabajaba desde hace diez años, había sido vendida a una filial de Glencore, gigante anglosuizo de las materias primas.

El acuerdo cerrado en 2010 con el antiguo propietario mayoritario, Dino Steel, permitía a los "cavadores" independientes trabajar en el lugar.

Pero el nuevo jefe exige una aplicación estricta de la ley y los mineros artesanales se sienten amenazados de expulsión, "engañados de alguna forma", dice Lungundu, actual director adjunto de la Cooperativa Minera Artesanal de Katanga (Comakat) que, siete años después, continúa explotando la mina ilegalmente.

"No vamos a dejar que se aprovechen de nosotros", afirma Lungundu, que defiende el derecho de la población local de beneficiarse del mineral.

Según la legislación congoleña, desde hace 20 años, estos mineros locales solo pueden trabajar en "zonas de explotación artesanal" (ZEA) designadas por el gobierno. Pero la mayoría de ellos se quejan que esas zonas no valen nada y no quieren cavar allí.

"Es un problema escandaloso", dijo Marie-Chantal Kaninga, encargada de los negocios de Glencore en RDC, durante un encuentro minero reciente en Kinshasa.

"Con hasta 40 camiones de mineral saliendo cada día de Shabara, está claro que estas actividades no son de mineros artesanales a pequeña escala", estima un portavoz de Glencore que, según él, ofrece ayudas a los mineros que aceptan trabajar en una ZEA.

EL LEJANO OESTE
La reforma de 2018 de la ley minera de RDC permitió al Estado un mejor control sobre el negocio de cobalto, clasificado como un metal "estratégico" por Kinshasa, que aumentó los impuestos vinculados.

En 2019 también creó la Empresa General de Cobalto (EGC), una sociedad estatal dotada con el monopolio de la compra y la comercialización del mineral obtenido artesanalmente en las ZEA.

El objetivo era desarrollar el sector artesanal del cobalto y mejorar sus condiciones, al tiempo que el Estado aumentaba sus ingresos. Pero como la mayoría de mineros rechaza trabajar en estas zonas, la EGC espera todavía comprar su primera tonelada de cobalto.

"Es un desorden", reconoce un alto responsable en Kolwezi, quien asegura que Kinshasa parece haber elegido al azar la ubicación de estas zonas exclusivas para mineros artesanos.

Sasha Lezhnev, consultor de la ONG estadounidense The Sentry que hizo un estudio sobre las minas congoleñas de cobalto, estima que mucho de los proyectos de reforma fracasaron porque algunos actores quieren "mantener el statu quo".

Algunas fuentes señalan también que los dirigentes políticos tienen estrechos vínculos con las minas artesanales, cuya actividad quieren preservar.

Además, el número de mineros artesanales de cobalto se estima en 200.000, lo que dificulta su desplazamiento masivo. "Es el lejano Oeste de la industria minera", estima un analista, para quien sería un error abandonar el cobalto congoleño.

David Sturmes, director de la Alianza del Cobalto Justo lanzada desde el mismo sector, considera que tanto las empresas mineras como los trabajadores artesanales están interesados en mejorar su imagen.

"Las condiciones de explotación del cobalto artesanal congoleño no están a la altura de las expectativas internacionales. Pero estas no mejorarán si no invertimos y nosotros no podemos invertir si no solucionamos la cuestión de la legalización", completó.