JUAN SALDARRIAGA

La renuncia de Humberto Campodónico a la presidencia de Petroperú en la coyuntura más crítica experimentada por la empresa estatal en 50 años de historia, ha abierto, nuevamente, el debate de qué hacer con esta.

¿Debemos reflotarla? ¿Privatizarla? ¿O debemos vender sus activos y liquidarla “porque no vale nada y está quebrada”?, como propone Alberto Arispe, gerente general de Kallpa.

“En este momento he planteado mi renuncia a la presidencia de Petroperú para buscar el logro de ese consenso”, indicó Campodónico.

Con eso el funcionario se refería, no a la búsqueda de un acuerdo al interior del gobierno, sino al inicio de una discusión pública para definir como país qué es lo que debemos hacer con la petrolera del Estado. ¿Cuál sería esa solución?

¿ENFERMO TERMINAL?
“Mi preocupación es que no se le diga al país claramente hasta dónde está enfermo Petroperú, porque si fuera una empresa privada ya habría quebrado”, señaló Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, en Canal N.

En lo que va del año, en efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha tenido que salir al rescate de Petroperú con US$2.250 millones para que pueda comprar combustibles.

Se trata de una situación nunca vista ni oída en toda la historia de Petroperú y que se debe, en opinión de la mayoría de expertos en hidrocarburos, a la demora de la puesta en marcha de la nueva refinería de Talara y a las controvertidas decisiones administrativas y financieras adoptadas por Hugo Chávez, ex gerente general de la estatal, las cuales han conllevado a que la empresa pierda sus líneas de crédito y no tenga dinero para pagar a sus proveedores de diésel, gasolinas y GLP.

Nos referimos, entre otras cosas, al innecesario enfrentamiento con PwC, al escándalo de la compra de biodiesel (que involucra al presidente Pedro Castillo) y al descabezamiento de la gerencia corporativa de Petroperú (19 gerentes despedidos en un día) ordenada por Chávez al momento de asumir la gerencia de la empresa en octubre de 2021.

“Esto es algo que ninguna compañía de ningún tamaño haría, y es la causa de los problemas financieros de Petroperú. No es culpa de la nueva refinería, en mi opinión”, indica Luis Fernández, ex gerente de contratos de Perú-Petro.

Precisamente, para impedir que vuelvan a presentarse episodios semejantes en el futuro es que la consultora Gas Energy aconseja blindar a Petroperú contra el poder político de turno, a semejanza de lo que ocurre en Enap (Chile), empresa estatal que ha reportado utilidades de US$457 millones al tercer trimestre del 2022.

BLINDAJE DE PETROPERÚ
De acuerdo a Álvaro Ríos, socio fundador de Gas Energy, el blindaje del directorio de Petroperú evitará que esta “pida rescates al Ejecutivo todo el tiempo”.

La idea, explica, consiste en nombrar un directorio independiente que no se doblegue ante el Ejecutivo y a un presidente que no pueda ser cambiado a cada rato ni “manejado como un títere”.

“Si ese fuera el caso, Petroperú no habría aceptado, por ejemplo, el encargo del Gobierno para masificar el gas natural en el sur, un proyecto donde claramente no puede hace crecer las conexiones porque solamente es el administrador temporal y no el concesionario”, apunta Gustavo Navarro, ex director general de hidrocarburos.

Por estas razones, Campodónico hizo suya la propuesta del blindaje y la sometió al directorio de la empresa semanas antes de su renuncia.

“En el directorio hemos planteado un proyecto de ley para que los directores de Petroperú y el presidente del directorio sean elegidos con meritocracia y transparencia”, explicó el funcionario en RPP.

A decir de Ríos esto se conseguirá incorporando una terna de personalidades independientes que conozcan de manejo de empresas y, que sean “unos tigres en los negocios”.

Anthony Laub, socio de Laub & Quijandría, cree lo mismo. A su entender, lo que el directorio de Petroperú necesita son profesionales que hayan lidiado con proyectos, finanzas y emisiones de bonos, en vez de directores con cualidades técnicas, porque estos pueden encontrarse en la plana gerencial.

“Deberíamos buscar que venga alguien como Augusto Baertl, Roque Benavides o Eduardo Torres Llosa. Ese es el tipo de personas que Petroperú necesitas hoy en día”, refiere.

En opinión de Laub este blindaje debe ir asociado con la apertura de Petroperú al capital privado, una labor sumamente complicada debido a los problemas y deudas que afronta la estatal.

“Si se convoca a un proceso de apertura de capital y nadie se presenta, entonces sabremos la dimensión de cuan complicada está la empresa”, apunta el especialista. ¿Qué se está haciendo al respecto?

CAPITAL PRIVADO
El decreto de urgencia (DU 023-2022) no solo arroja un salvavidas a Petroperú para que pueda adquirir combustibles, también dedica un acápite (Artículo 4) al fortalecimiento de la empresa.

En él, se dispone que esta contrate una consultora internacional especializada para que “presente un plan de reestructuración” en un plazo máximo de nueve meses.

Asimismo, plantea la valorización de la empresa para una oferta pública de acciones (hasta 49%) en un plazo máximo de doce meses, y sugiere su retorno al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

En opinión de César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú, la norma contiene una serie de contradicciones y mensajes engañosos y no dice nada “del horizonte que afrontará la empresa por lo menos en el 2023″.

En especial, critica que se contrate a una consultora internacional para entregar un plan de reestructuración, a más tardar, en julio de 2023.

“Es decir, están en crisis; el Gobierno no confía en los gestores y espera un informe (de reestructuración de la empresa) en tres trimestres. Inaudito”, escribe en su columna de El Montonero.

Igual ocurre con la anunciada apertura al capital privado de Petroperú. De acuerdo a la gran mayoría de especialistas será muy difícil que un privado quiera ser socio de la petrolera estatal en las condiciones en que esta se encuentra hoy en día, con una deuda elevadísima por la nueva refinería de Talara y préstamos recientes del Estado que no se sabe cómo va a pagar.

“¿Creen que algún privado se atrevería a ser socio minoritario de una empresa pública, manejada políticamente?”, se pregunta Gutiérrez.

En opinión de Laub, no se pierde nada intentando, pero si ningún privado se presenta al proceso de apertura quedará claro que ese no es el camino.

“Entonces, la solución será concesionar Petroperú a una empresa especializada en restructuraciones para que la administre y la ponga en azul. Vamos a pagarle mucho dinero, pero el costo será menor que mantener a funcionarios incapaces manejando una empresa que se le escapa de las manos”, anota.