ANDRÉS ACTIS

La crisis energética que sufre Europa por la escasez de gas -por el cierre del grifo ruso- ha acelerado las inversiones en renovables. Este "boom verde", clave para descarbonizar la economía, cuenta con un consenso mayoritario: gobiernos, instituciones, partidos políticos y ciudadanos de a pie confían en su despliegue y potencial para "salvar el planeta" y para, en paralelo, mantener los niveles de producción y consumo que, desde hace décadas, ofrece el capitalismo global.  

Pero este "boom verde" necesita de otro, más invisible, poco sustentable y mucho más controvertido: el minero. Los coches eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías eléctricas necesitan aluminio, cobre, plata, cadmio, níquel, manganeso cobalto, tierras raras y litio, entre otros tantos minerales. 

La transición energética exige, por tanto, un incremento del número de proyectos mineros, más aún en Europa, por su fuerte dependencia de regiones como China, Australia o América Latina, zonas productoras de estas materias primas. En este contexto, la minería es hoy un eje central de la agenda político-económica de Bruselas.   

La Comisión Europea calcula que la ampliación de las tecnologías solar y eólica provocarán un aumento del 600% en la demanda de metales y minerales críticos para el 2030, según consta en el informe "Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU", publicado en 2020.

España no es ajena ni a esta necesidad global ni a esta política pro-minera de la UE. Según el relevamiento realizado por la asociación ecologista Amigos de la Tierra en colaboración con el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se ha multiplicado en el último tiempo el interés de empresas y fondos de inversión por la extracción de minerales metálicos en la península. 

Hasta 2021, el gobierno concedió 548 licencias para este tipo de proyectos, la gran mayoría (el 95%) en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura. El dato -recopilado del catastro minero del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- figura en el informe titulado: "El boom minero: patrones e impactos de la expansión de la industria extractiva en España", publicado la semana pasada por esta ONG. 

La investigación se centra en cuatro proyectos mineros que se están tratando de desarrollar en estos momentos en España: las minas de Touro y San Finx (Galicia), de San José Valdefórez (Extremadura) y de Retortillo (Castilla y León).

"En Touro se pretende seguir explotando el cobre, muy demandado en vehículos eléctricos e infraestructura eólica; en San Finx se quiere seguir extrayendo estaño y wolframio, utilizado para dispositivos digitales, aparatos de control, instalaciones de energías renovables; en San Juan de Valdeflórez el proyecto quiere extraer litio para la producción de baterías de dispositivos tecnológicos y energías renovables; en Retortillo se ha intentado llevar adelante un proyecto de extracción de uranio para sostener la energía nuclear", detalle el informe. 

El 40% de las licencias otorgados son "de investigación y exploración", según datos oficiales. De las 26 grandes empresas con licencias mineras en España, tan solo dos son nacionales (Mining Hill y Sacyr). El resto son extranjeras, de Canadá y Australia, en su mayoría.

Del trabajo de campo -del relevamiento de patrones de extracción que se repiten en todos los casos-, se desprende que "la narrativa" de la UE se sustenta en una transición energética basada en una sustitución de la fuente de energía (combustibles fósiles por energía eólica o solar) "sin cuestionar los patrones de producción y de consumo ni la cantidad de materias primas que este modelo necesita".

Otra crítica es que se "apuesta por expandir las operaciones mineras sin priorizar de una forma real el aprovechamiento máximo de los materiales que ya han sido extraídos, mediante un alargamiento de la vida de los productos y la reutilización y reciclaje de los metales".

Con el "pretexto" del despliegue de la energía verde, España (Europa) va a "seguir extrayendo materiales obviando los límites biofísicos del planeta, ignorando los impactos de este tipo de proyectos y pasando por encima de los derechos de las personas y comunidades afectadas".

Otra de las conclusiones a partir de los parámetros estudiados en los cuatro megaproyectos mencionados es que "los impactos adversos (climáticos, sociales, culturales) y el modus operandi de los actores económicos implicados no constituyen casos particulares de negligencia o mala praxis particular, sino que se trata de una cuestión sistémica".

Adriana Espinosa, integrante de Amigos de la Tierra y responsable de esta investigación, confirma que existe "un recrudecimiento de las operaciones mineras en España" y hay una "conexión" entre este fenómeno local y lo que lleva pasando desde hace décadas en el sur global: la voracidad de extraer metales y minerales para llevar a cabo la transición energética sin cuestionar la insostenibilidad del capitalismo.

"Este boom minero es promovido por la UE bajo el pretexto que es imprescindible para la transición energética. Su lógica es que vamos a abastecer y garantizar la extracción de metales y minerales aumentando la minería dentro de las fronteras de Europa. Nada dice la UE de cambiar nuestros patrones de producción y consumo, central en este debate", explica.

Esta "narrativa", agrega Espinosa, tiene un "trasfondo perverso": "El mensaje que se intenta dar es que estar en contra de este boom minero es estar en contra de la transición energética y de descarbonizar la economía".

"Esta investigación viene a desmontar este dogma. Una transición energética sostenible y justa no puede requerir de esta cantidad de metales. Necesitamos planificar una demanda de metales en función de las necesidades básicas de la humanidad. Y necesitamos priorizar la reutilización y el reciclaje de lo ya producido para expoliar cada vez menos recursos", subraya.

El informe, detalla esta doctora en Derecho Internacional Público y en Derechos Humanos, echa por tierra otros dos mitos. La "minería no es verde" (muchos de lo extraído va a producir móviles, lavadoras, relojes, drones y armas) y no existe la minería "sostenible o de vanguardia". Los cuatro casos analizados dan cuenta de fuertes impactos ambientales. "En España, un país que va en vía de desertificarse, estas minas arrasan con los recursos hídricos", pone como ejemplo. 

El "nuevo auge minero" está detrás del reciente anuncio del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de transformar a España en "líder mundial" en la fabricación de coches eléctricos: "Se quiere reemplazar el parque automotor fósil por el eléctrico, pero es imposible, no hay minerales. Pero la hoja de ruta es extraerlos a través de una minería del "siglo XXI" que no existe".

Y aclara: "Se nos dice que con estos cuestionamientos estamos avalando el expolio a países menos desarrollados y que qué mejor que la minería se haga en Europa con estándares de calidad. Esto es falso. No queremos que se abran minas, ni acá ni allá. Y es cierto que en España no se asesinan líderes ambientales como en México o Colombia, que no hay esa persecución, pero los impactos ambientales que hemos documentados son gravísimos".

La responsabilidad política -concluye Espinosa- es otro aspecto central a resaltar. "Estamos viendo que en Andalucía y Extremadura se flexibilizan cada vez más los requisitos para entregar las licencias. No es solo una cuestión autonómica. El Gobierno central, el más progresista de la historia de España, pareciera defender este modelo. No hay muchas diferencias con las políticas de la derecha en la cuestión minera. Es hora que empiezan a revisar sus políticas", lamenta.