Castillo pendula en una cuerda floja, no es la primera vez pero la recurrencia y su continuidad resaltan la fortaleza de su presidencia, de un alto apoyo político o tal vez que el país no resista un nuevo proceso político.

La Fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, presentó hace una semana una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, en un documento entregado al Congreso, anunció el Ministerio Público.

Según la denuncia y de acuerdo a las investigaciones, Benavides detalló que "la organización es liderada por el presidente de la República e integrada, entre otros, por los ex ministros Juan Silva, Geiner Alvarado y el ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez. Los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión se habrían cometido en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento", manifestó

La denuncia sostiene que Castillo cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto Puente Tarata III y en la compra de biodiésel B100 por parte de la empresa estatal Petroperú, así como los de colusión agravada y tráfico de influencias.

La Fiscalía de Perú dice haber juntado más de 190 elementos probatorios que sustentan las acusaciones contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, y que forman parte de la denuncia constitucional presentada por la fiscal general Benavides. Así lo afirmó en Conclusiones Marco Huamán, fiscal superior adjunto supremo de Perú, quien forma parte del equipo de investigación que lidera la fiscal general de la Nación. El presidente ya ha rechazado los señalamientos en su contra y denunció lo que llamó un "golpe de Estado" en su contra.

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, presentó hoy ante la Corte Suprema una tutela de derechos para anular la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario ante el Congreso de la República.

En declaraciones a la prensa, Espinoza explicó que el pedido busca que se convoque a una audiencia para debatir con el Ministerio Público si la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respeta o no la tutela judicial efectiva dada por el juez supremo Juan Carlos Checkley en el caso puente Tarata.

“El juez estableció dos límites: le dijo a la fiscalía que no puede ni formalizar, ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede siquiera tramitar una acusación constitucional contra el presidente por fuera de los supuestos del artículo 117° de la Constitución”, aseveró.

25 congresistas deberán, antes del 25,  pronunciarse sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo. Podrían archivar la denuncia por no incluir las causales previstas por la Constitución, pero también podrían darle luz verde a un proceso que se vislumbra extremadamente polémico.

Si la Subcomisión decide archivar la denuncia contra Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión, el asunto se cerrará automáticamente. De lo contrario, el grupo designará a uno de sus miembros para que elabore una ponencia y dé paso a un proceso que podría tardar varios meses.

Benavides advirtió que “la hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la policía nacional ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”.

“Estamos haciendo lo correcto. Desde este momento es responsabilidad del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional. El combate a la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime”, sentenció la fiscal de la Nación.

Esta es parte de la denuncia que la fiscal de la Nación presentó ante el Congreso. “Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, consigna el documento ingresado al Parlamento.

En medio de la crisis presidencial sucedió un sabotaje en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú que dio por muertos al presidente, a Keiko Fujimori y otros funcionarios.

En el caso del presidente Pedro Castillo su “certificado de defunción” indica como causa de muerte “decapitado”. De acuerdo al certificado, Castillo “murió” en el Palacio de Gobierno, en Lima, Perú, el 25 de setiembre de 2022 a las 18.35, a la edad de 52 años.

La denuncia del sabotaje tomó repercusión luego que Fujimori presentara su queja antes las autoridades del Reniec y publicara las copias de su reclamo y del acta falsa.

Espinoza consideró que el pedido de autorización de la Fiscalía al Congreso para formalizar la investigación a Castillo desconoce el mandato de Checkley, así como la Constitución. “El juez estableció dos límites: le dijo a la Fiscalía que no puede ni formalizar, ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede siquiera tramitar una acusación constitucional contra el presidente por fuera de los supuestos del artículo 117° de la Constitución”, aseveró Espinoza.

Ese artículo establece que el presidente "solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso". “Por esa razón estamos pidiendo al juez una audiencia para debatir con la Fiscalía los argumentos y, de ser necesario, que se estime nuestra pretensión para que se anule la denuncia constitucional”, indicó Espinoza.

El abogado explicó que si el juez declara fundada la tutela de derechos, se anulará la denuncia constitucional y se dará por no presentada ante el Congreso. En ese caso, refirió que la Fiscalía tiene derecho a impugnar o cuestionar la apelación del juez en la segunda instancia.