En medio del debate de los altos precios de la energía eléctrica, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció una serie de medidas para afectar el indexador que se usa en algunos de los componentes de la tarifa de este servicio público.

Luego de varias semanas donde se puso en el centro de la discusión a los precios de la energía en Colombia, que muchos ya consideraban como una crisis energética, y donde muchas familias vieron incrementos desbordados en sus facturas, las agremiaciones y empresas del sector se sentaron con el gobierno nacional, puntualmente con el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de llegar a un acuerdo para frenar estas alzas tarifarias, a partir de diversos acuerdos donde se pudiera garantizar el precio, de manera estable.

Finalmente, varios dieron su ‘brazo a torcer’ y voluntariamente han empezado a disminuir los costos, decisión que tomarán las demás empresas y que se espera, surta efectos inmediatos, o al menos en un corto plazo.

El acuerdo lo denominó el gobierno como el Pacto por la Justicia Tarifaria, que poco a poco ha empezado a sumar empresas para la iniciativa de la reducción de los precios, garantizando su estabilización en el futuro.

Fueron dos resoluciones emitidas por la entidad regulatoria y que, entre otras, buscaban que el indexador en algunos casos no fuera el IPP sino el menor entre IPP e IPC como límite superior y el límite inferior se establezca en 0%, según informó Daniela Morales Soler en Portafolio. 

Ahora bien, en este momento tanto la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, señalaron que dentro de las medidas de largo plazo que se estaban estudiando estaba establecer un indicador específico para el sector eléctrico.

Esta información fue corroborada por el director de la CREG, Jorge Valencia, que señaló que es un proceso que se está trabajando con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República para llegar a un nuevo indicador que no tenga estas variaciones repentinas que ha tenido el IPP durante los últimos meses.

Natasha Avendaño, comisionada experta de la CREG, destacó también que dentro del resorte de acciones de la entidad no se encuentra la creación de un nuevo indicador, sino que corresponde a las responsabilidades del Dane.

“La definición de un nuevo indicador no es competencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Con respecto a los contratos bilaterales, la CREG no puede establecer qué indexador se usa, solo se establece que debe ser un indicador de precio colombiano. La única autoridad estadística autorizada para establecer un índice de precios es el Dane”, dijo la experta.

Con respecto a la inclusión del Banco de la República en la discusión, los comisionados explicaron que esto se hace en vista a los posibles impactos que podría tener una modificación de este tipo en la inflación de este servicio público.

Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, señaló que es una buena decisión, en vista de que era una de las peticiones que ya venía haciendo hace un tiempo el sector.

De acuerdo con la experta, esto se debe a que el IPP (Índice de Precios al Productor) no refleja los comportamientos específicos del sector, dado que este tiene en cuenta, por ejemplo, el alza de precios en la industria manufacturera, agrícola o de minas y canteras, con lo que el sector eléctrico no ve los impactos inflacionarios de la misma forma.

“Es lo que estamos esperando desde hace tiempo. Hace un año y medio empezamos a mandar cartas para que se tomen decisiones de fondo con respecto a este indexador”, aseveró.

Fonseca señala que si bien es una medida en la dirección correcta para el sector, la adopción debe ser rápida. “Me preocuparía es que no lo apliquen de inmediato sino que esperen a que se vayan venciendo los ciclos de los componentes, que tienen una duración mínima de 5 años”.

A la opinión de que el indexador propio del sector es una necesidad se une Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN). De acuerdo con la líder gremial, el IPP se ha usado por costumbre comercial como actualizador de los contratos. De acuerdo con Gutiérrez, este debe tener en cuenta las realidades inflacionarias propias del sector y no se vea afectado el precio por sectores ajenos.

EL ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL CON LA CREG
A mediados del mes pasado el gobierno nacional fue el encargado de anunciar que en Colombia bajarían las tarifas de energía eléctrica. Esto gracias a un acuerdo al que llegó el Ministerio de Minas y Energía, las empresas privadas y la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG). El acuerdo al que se llegó en ese momento se basa en estos cuatro puntos específicos:

+ Regulaciones para bajar las tarifas inmediatamente

+ Voluntad de empresas para renegociar los contratos para beneficiar a los usuarios

+ Seguimiento de los acuerdos por parte de MiMinas y la CREG

+ Continuar con el diálogo

Así las cosas, en algunas parte del país los usuarios empezaron a ver cambios en los cobros desde este periodo facturado.

REDUCCIÓN DE TARIFAS SERÍA DEL 8% PARA FINAL DE AÑO
Tras una reunión entre el gobierno nacional, encabezado por el Ministerio de Minas y Energía, diferentes agremiaciones y empresas del sector energético en el país, se confirmó que se harían las reducciones en las tarifas de la electricidad, a nivel nacional, todo dentro del acuerdo titulado Pacto por la Justicia Tarifaria, qué a final de año les permitirá a los colombianos tener una disminución entre el 4% y 8%, medida que fue adoptada por más de 80 empresas del sector, según informó Infobae.

La propuesta se venía fraguando desde hace poco más de un mes, cuando el encarecimiento de los precios, derivado del aumento en las cifras de inflación, además de algunos otros factores internacionales y nacionales como el bloqueo en la central hidroeléctrica El Guavio, que pusieron en jaque a la energía en Colombia; desde ese momento se empezaron a plantear alternativas para que se diera una reducción en las facturas que pagaban los ciudadanos, siempre y cuando el gobierno nacional apoyara dichas iniciativas, principalmente desde la parte económica, pues cómo expresaban en ese momento las agremiaciones, las reducciones no se podrían hacer, pues se ponía en riesgo la situación financiera las mismas.

Encabezados por la ministra Irene Vélez Torres, en compañía de varias empresas energéticas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y demás actores se dio el visto bueno tras la primera etapa de negociaciones, quedando en firme que 82 empresas, entre las que se incluyen generadoras, transmisoras y distribuidoras, decidieron unirse al Pacto por la justicia tarifaria, garantizando así la reducción de los precios a partir del mes de noviembre.

Con el paso de los días varias empresas han dicho que comenzarán con la reducción de las tarifas, caso de las Empresas Públicas de Medellín, Aire - Energía, entre otras que se han sumado al pacto, lo que llevó a que la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), unir a todos sus afiliados a dichas disposiciones.

Según explicaron, en total son 32 los afiliados, que unánimemente decidieron bajar las taridas, que empezarán a notarse esos cambios a partir del próximo mes de noviembre, que busca el alivio de los usuarios, y en parte de la economía nacional.

Pues precisamente ese diálogo, busca, entre otras cosas, que no se vea vulnerada la sostenibilidad de las empresas, permitiendo que para finales de este 2022 se logre una reducción total entre el 4% y el 8%, permitiendo así que al principio del 2023 se logre, finalmente una estabilización en las tarifas.

GENERADORES PIDEN A PRESTADORES APORTAR MÁS A LA REDUCCIÓN
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica aseguró que se han hecho grandes esfuerzos para brindar alivios; sin embargo, solicitaron a los demás eslabones sumarse a la iniciativa y que esto se vea reflejado en el cobro al usuario final.

Los cobros por servicios públicos es un tema que ha permanecido sobre la mesa prácticamente desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro. Las altas sumas que estaban pagando los colombianos por agua o por energía eléctrica en varias zonas del país llevó a las autoridades del orden nacional a buscar una solución para este problema, según informó el Ministerio colombiano. 

La asociación aprovechó para recordar que las empresas generadoras de energía asociadas a ACOLGEN, se comprmetieron, desde un inicio, a proponer medidas e implementar acciones en el corto plazo que se tradujeran en mejores condiciones para los usuarios finales.

Lo anterior, según la asociación, con el único fin de beneficiar a los colombianos y aliviar los altos costos que se estaban generando en diferentes sectores del territorio nacional.

"Desde el principio de este proceso, trabajamos alineados con la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, presentando propuestas, buscando soluciones y sumándonos al Pacto por la Justicia Tarifaria, con el propósito de contribuir a solventar la situación. Este trabajo coordinado trajo sus frutos y desde el sector de generación de energía fuimos los primeros en presentar medidas reales que se traducirán en bienestar para los usuarios”, añadió ACOLGEN.

La asociación aseguró que las empresas asociadas han realizado ajustes a sus contratos vigentes de venta de energía en materia de plazos de pago, precios e indexadores de estos, con el objetivo de brindar apoyo a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables.

Es de recordar que las empresas que han manifestado su voluntad para ejecutar estas medidas que buscan reducir tarifas son Isagen, EPM, Celsia, Urrá, Enel Colombia, AES Colombia, Vatia y Larei.