LUIS ALBERTO ARIAS M. *
Cada vez existe un mayor consenso respecto a que el cambio climático al cual está asociado el aumento de la temperatura media mundial es causado por la actividad humana. Según el World Resources Institute, las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) han aumentado un 50% entre 1990 y 2018.
El Acuerdo de París (2015) tiene como objetivo que la temperatura no exceda de los 2°C por encima de los niveles preindustriales, y para ello debe reducirse la emisión de los GEI. Un factor importante para lograr esta reducción es el cambio de la matriz energética, reduciendo el uso de los combustibles fósiles no renovables (petróleo, gas y carbón) y aumentando el uso de energías renovables o energías verdes (sol, viento, agua, mareomotriz, geotérmica). A este proceso de transición energética se le conoce como la descarbonización de la economía.
La descarbonización de la economía requiere la descarbonización de la electricidad. En este sentido, la utilización de vehículos eléctricos forma parte de los planes de descarbonización en varios países: China, Noruega, Suecia. Chile tiene como objetivo que el 70% de su electricidad se genere a partir de energías renovables para mediados del siglo XXI. Además, a partir del 2035 solo se podrán vender autos eléctricos.
La minería, y en particular el cobre, tendrán un rol muy importante en el proceso de descarbonización de la economía. El cobre es el mejor conductor de electricidad. Un vehículo eléctrico utiliza cuatro veces más cobre que un vehículo a gasolina1.
Un estudio de S&P alerta que la demanda de cobre prácticamente se duplicará entre el 2021 y el 2035, pasando de 25 a 49 millones de TM, “en gran medida como consecuencia de la transición energética”. Según este estudio, el sector automotor y la transmisión de la energía serán los mayores impulsores de la demanda de cobre hasta el 2035 y se mantendrá hasta el 2050. Esto forma parte, según el Banco Mundial, de un nuevo escenario global para la minería.
El Perú, segundo productor mundial de cobre, debe estar preparado para este nuevo escenario global. Junto con Chile, primer productor mundial, producen más del 40% de todo el cobre que produce el mundo. Son, por lo tanto, países estratégicos en la producción de un insumo muy importante para los objetivos climáticos.
En la actualidad, la minería representa el 8.5% del PBI, y es la principal fuente de divisas de la economía peruana con el 63% de las exportaciones. En el periodo 2012-2021 la minería aportó el 15% del impuesto a la renta y el 12% de los impuestos internos.
No obstante, en los últimos años el Perú ha ido perdiendo competitividad. El Índice de Competitividad Minera del Instituto Fraser es un indicador que mide el atractivo que posee una jurisdicción económica (región o país) para atraer inversión en minería. El Índice tiene dos componentes: percepción de política y potencial minero.
En la medición del 2021 el Perú ocupó el puesto 42 de 84 jurisdicciones, lo que implica cuatro caídas consecutivas. Así, respecto de la medición del 2018 hemos retrocedido desde el percentil 17 hasta el percentil 502. Según Forbes, el Perú experimentó la mayor disminución en puntaje en el índice de percepción de políticas.
Del mismo modo, según el Índice de Competitividad Minera (ICM), elaborado por Macroconsult y el Instituto de Ingenieros de Minas, el Perú ha descendido al último lugar. El ICM toma en cuenta cinco criterios: potencial geológico, entorno social, política tributaria, infraestructura e instituciones. Según Gonzalo Tamayo, el Perú no ha logrado recuperar las reservas de metales de cobre, oro y zinc. Además, según Tamayo, la aparición de noticias sobre conflictividad en minería ha aumentado desde el 2018.
Según el Banco Mundial: “El marco de gestión vigente centrado en la atracción de la inversión minera ya no es suficiente para expandir la industria minera. Son necesarias instituciones reguladoras y fiscalizadoras estables, independientes, competentes y creíbles”.
La mayor demanda de metales, en particular del cobre, implicará para los países productores una mayor cantidad de ingresos fiscales. Esto, en concordancia con lo señalado por el Banco Mundial, genera “la oportunidad al 2050 para un mayor desarrollo de las regiones mineras, lo que requiere un esfuerzo concertado”.
Un factor clave será la confianza. Para coadyuvar a ella se necesita una mayor transparencia en toda la cadena de valor de las industrias extractivas: contratos, licencias y exploraciones; operaciones mineras; impuestos mineros; distribución de ingresos, transferencia y ejecución de obras e impacto local (desarrollo de proveedores locales y empleo). El desarrollo e implementación de un Observatorio Fiscal Minero, como el que propuse recientemente en Perumin, puede poner un grano de arena para esta mayor transparencia y confianza.
* Economista PUCP. MSc LSE. Profesor EcoPública PUCP, Tributación y Pol. Fiscal ULIMA. Ex presidente BN, Vpdte BCRP, Jefe de SUNAT, Jefe SAT y VM de Hacienda