El acuerdo, que requiere de una ley análoga de la Legislatura salteña para entrar en vigencia, busca establecer un marco de seguridad jurídica y previsibilidad fiscal en el área, mientras se espera que el Congreso de la Nación dé una solución definitiva al diferendo limítrofe de la Puna.

El litigio se remonta hasta 120 años atrás, cuando el Territorio Nacional de los Andes se dividió en tres grandes fracciones que terminaron anexadas, en la década de los '40, a los actuales departamentos Los Andes (Salta), Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y Susques (Jujuy).

La zona del conflicto tiene importantes concesiones mineras, entre las que resalta el proyecto Sal de Oro, en el que el grupo surcoreano Posco volcará US$ 830 millones para producir 25.000 toneladas de hidróxido de litio por año en plantas que ya se construyen con una significativa ocupación de mano de obra local.

En el debate de la ley que acaba de aprobarse en Catamarca, el senador Héctor Fernández, en su calidad de miembro informante, precisó que las tributaciones de Posco se encuadrarán al entendimiento que Jalil y Sáenz alcanzaron en la Mesa del Litio que también integra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Fernández citó como antecedente el convenio por el que Salta y Catamarca consensuaron en diciembre de 2019 la creación de una Comisión Interprovincial de Límites. Esta se conformó con cinco representantes de cada jurisdicción para elaborar proyectos y proponer a los poderes ejecutivos de ambas provincias programas y regímenes de promoción de la actividad minera en la zona del diferendo.

Fernández aclaró a sus pares en la Cámara alta catamarqueña que "la suscripción del acuerdo marco de modo alguno significa el reconocimiento ni renuncia alguna de los derechos territoriales, ni de los recursos naturales existentes".

El proyecto de Posco, cuya etapa de construcción se pudo en marcha en marzo último en un acto que Sáenz y Jalil compartieron en el Salar del Hombre Muerto con directivos del poderoso grupo siderúrgico surcoreano y funcionarios nacionales, contempla un circuito productivo propio basado en dos complejos extractivo-industriales: uno en el propio yacimiento y otro -una planta procesadora de carbonato de litio e hidróxido de litio- en General Güemes.

La empresa asiática espera que hacia fines de 2023 y comienzos de 2024, el proyecto tenga una capacidad de producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio por año, volumen suficiente para alimentar a las baterías de unos 600.000 vehículos eléctricos.

Además, el proyecto de Sal de Oro garantizaría a partir de su entrada en valor un flujo de divisas por exportaciones netas de aproximadamente 260 millones de dólares anuales por los próximos 30 años.

Semanas atrás, Posco anunció que, a partir de nuevas perspectivas comerciales abiertas en la transición energética por la electromovilidad y las energías renovables, proyecta alcanzar desde el Salar del Hombre Muerto y General Güemes una producción de 100 mil toneladas anuales de productos de litio en 2026, lo que incrementaría la inversión total a cerca de US$ 4.000 millones en los próximos años.

UNA ANTIGUA DISPUTA
La zona del litigio es una franja de 10 kilómetros que Salta y Catamarca reclaman como propia. El conflicto se remonta al desmembramiento del Territorio Nacional de Los Andes, cuyos suelos habían sido incorporados a la República Argentina por una ley de 1900.

En 1943 esa ley fue derogada por un gobierno de facto que anexó esas tierras a los actuales departamentos de Susques (Jujuy), Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Salta, entonces, presentó reclamos por antiguas posesiones en la zona que fueron reconocidas por la Corte Suprema con dos fallos: uno por Diablillos, en 1985, y el otro por el Salar del Hombre Muerto, en 1987.

Ante otra demanda, la Corte se declaró incompetente en 2015 y es el Congreso el que debe resolver el diferendo.