El acuerdo entre la estatal provincial CAMYEN e YPF-Litio para establecer el potencial litífero de una extensión de 20.000 hectáreas en Fiambalá demuestra que resguardar las propiedades mineras de la Provincia de las maniobras especulativas perpetradas por particulares solo requiere de voluntad y decisión política. Cuando el Estado provincial quiere y tiene ganas, el margen para operaciones opacas se estrecha significativamente.
El acuerdo se firmó en agosto, durante la visita del secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren. YPF-Litio se encargará de explorar pedimentos que quedaron en poder de CAMYEN con la primera depuración del padrón minero que se hizo luego de transferir las facultades de fiscalización y seguimiento que tenía la Justicia de Minas al Ministerio de Minería.
El proyecto comprende todas las etapas, desde la evaluación del recurso hasta la exploración. Inicialmente, a través de pozos someros se identificará el potencial y contenido de litio para poder determinar las zonas con mayor riqueza. Posteriormente, se realizará una fase piloto de exploración que requerirá perforaciones a mayor profundidad y la construcción de piletas entre otras estructuras de acopio y procesamiento. Por último, y en función de los resultados obtenidos, se podría avanzar en el desarrollo a escala comercial del área. Incluso se proyecta completar la cadena con la planta de fabricación de celdas para baterías de litio en La Plata.
Los trabajos en Fiambalá, se anunció oficialmente, empezarán este mes. Después habrá que ver su desarrollo, pero mientras tanto la envergadura del proyecto marca la importancia de que la Provincia recupere para CAMYEN la totalidad de las áreas mineras que aún permanecen en manos de especuladores que lograron zafar de la trilla en la primera depuración. No son poco los que consideran que el Ministerio de Minería debería pasar el peine fino, con controles más rigurosos, para capturar lo que falta, que es mucho.
Tales gestiones parecen más imperiosas cuando el impulso las inversiones litíferas se ha acentuado y el carácter estratégico de la región provoca tensiones de orden geopolítico. El control del Estado provincial sobre sus recursos naturales es en este sentido central, y en los últimos tiempos empezaron a circular con más fuerzas sospechas por su administración, más que nada por el estado público que tomaron incursiones en territorio catamarqueño como la del ex ministro del Interior José Luis Manzano.
La cuestión litífera ocupó un espacio significativo en la agenda de la gira a los Estados Unidos que encabezó el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, de la que participaron los diez gobernadores del Norte Grande.
En el Norte se hicieron tiempo para expresar reservas sobre la ley de Humedales y recordar que la potestad sobre los recursos naturales les corresponde a las provincias.
Consiguieron por lo pronto que el tratamiento del proyecto en el Congreso los incluya, pero sería bueno que idéntico énfasis se pusiera en blindar las áreas a la acción de especuladores que, con inversiones nulas, retienen concesiones a la espera de la oportunidad más propicia para ponerlas en subasta.
El diputado nacional Francisco Monti presentó un proyecto para modificar el Código Minero y actualizar los valores del canon, que son “irrisorios”.
En 2017 se revisaron los que estaban vigentes desde 1993: una sola actualización tres décadas.
La cobertura de estos vacíos urge, porque el sentido de otorgar las concesiones es que los concesionarios las pongan en valor ¿Para qué cederlas, si no?
Faltaría que YPF-Litio firme convenios en el futuro con particulares que lograron escaparse de las depuraciones del padrón, en lugar de con la empresa estatal que se creó, precisamente, para intervenir en el negocio minero e incrementar los réditos para el sector público.
