El proyecto de explotación de hidrocarburos offshore en el Mar Argentino, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, dio un nuevo paso para su concreción con la pronunciación a favor de las tareas de exploración sísmica por parte del fiscal general Manuel Pettigiani.
La Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata, a cargo provisoriamente de Pettigiani, avaló el informe ambiental presentado por el Estado nacional para la exploración petrolera en aguas jurisdiccionales, y ahora se espera que el titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, resuelva si acepta o no la actividad.
El pronunciamiento fiscal se dio a conocer dos días después de que el Ministerio de Ambiente convocara a una audiencia pública para el 19 de octubre por la denominada Evaluación de Impacto Ambiental para la perforación de un pozo exploratorio en el Bloque CAN100 de la Cuenca Argentina Norte.
Recientemente el presidente de Cluster de Energía Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, destacó que “Este es un proyecto que no tiene grietas. Es un ejemplo de lo que significa trabajar para el bien común. Un proyecto que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se extendió el área, durante el gobierno de Mauricio Macri se licitó y durante el gobierno de Alberto Fernandez se están dando los permisos para poder explorar. Un buen ejemplo de lo que es trabajar en equipo para Argentina, en donde todos se beneficien”.
El llamado a licitación para la exploración implica una superficie ofrecida de 225.000 km2; y una adjudicada de 94.834 km2 (un 42%). Las áreas ofrecidas son 38 y las adjudicadas 18 (47%); y la inversión comprometida -según datos de YPF- en total en las 18 áreas, es de US$ 720 millones.
El proyecto de YPF ahora tiene el riesgo más bajo de todas las exploraciones que se harán en una cuenca en donde nunca se produjo nada, existe un 20% de posibilidades que se encuentre petróleo comerciable y en este tipo de proyectos, generalmente, el riesgo es de 5 al 7%.
El Ministerio de Ambiente amplió el mes pasado el estudio de impacto de la exploración de hidrocarburos, según lo exigió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para habilitar definitivamente el proyecto, en el marco de una causa iniciada por organizaciones ambientalistas.
Esas organizaciones ambientalistas, nucleadas en el colectivo denominado "Asamblea por un mar libre de petroleras", convocaron para el próximo 4 de octubre a un "Atlaticazo" en defensa de "la vida y el mar", protesta que tendrá como epicentro una concentración que se realizará ese día partir de las 16 en la tradicional rambla de la ciudad de Mar del Plata.
El fiscal resaltó que el gobierno nacional emitió la Resolución 7/2022 de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación -en la que se aprueba el estudio de impacto ambiental complementario del proyecto "Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas Can 2108, Can 100 y Can 114)", centrado en impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos- como parte de la manda judicial de la Cámara.
La tarea de exploración del lecho marino a 307 kilómetros de esa ciudad balnearia, que se considera de alto potencial hidrocarburífero, será llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF (ambas con 70% de participación en el mismo) y la angloholandesa Shell (con el 30% restante).
En 2019, en el primer Concurso Público Internacional Costa Afuera, la Secretaría de Energía del entonces presidente Mauricio Macri adjudicó 18 áreas para la exploración de tres cuencas de la plataforma continental argentina en busca de gas y petróleo.
Mediante su resolución 276/2019 otorgó esas áreas a las empresas YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI, que se comprometieron a realizar una inversión total superior a US$ 700 millones.
Como parte de las medidas, la resolución dispuso que la fiscalización del proyecto no estará a cargo de la Secretaría de Energía, sino a cargo de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y sumó la participación de la Administración de Parques Nacionales, entre otros puntos.
En su resolución, Pettigiani consideró que la actividad petrolera "podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social", y afirmó que considera cumplido que habrá un resguardo de la sostenibilidad ambiental.
Al respecto, el fiscal señaló que en las últimas semanas hubo presentaciones tanto de la Asamblea como de vecinos y vecinas y organizaciones ambientalistas contra el levantamiento de la medida cautelar, y pidiendo la nulidad de la Resolución N°7/2022.
A su vez, confirmó que el intendente Guillermo Montenegro -uno de los amparistas- se presentó ante el expediente para referir que los pedidos de la Cámara "fueron los que entendió que faltaban cumplir" para la realización del proyecto.
En su dictamen de 16 páginas, Pettigiani afirmó que la "preservación del ambiente ya habría sido suficientemente analizada, por lo que el permiso de prospección sísmica otorgado por el Estado Nacional resultaría procedente"; y consideró que la Resolución 7/2022 "cumple con la totalidad de los puntos dispuestos" por la Cámara Federal.
Culminado el factor ambiental, el fiscal consideró que la industria hidrocarburífera sería un "factor determinante para alcanzar los tan ansiados niveles macroeconómicos que necesita el país para su crecimiento".
"Entiendo que la ejecución de la actividad hidrocarburífera se impone, de manera perentoria, en una sociedad que presenta los alarmantes niveles de pobreza como la nuestra", indicó e hizo mención a que en la gira reciente del ministro de Economía, Sergio Massa, por Estados Unidos, y ella haya "destacado el rol de la actividad hidrocarburífera".
