Humedales: Debate suspendido. Rechazos al proyecto: Comunicados de CAEM, CAPMIN y Gobernadores

Este jueves era la fecha pautada para el dictamen de la polémica Ley de Humedales pero el plenario fue suspendido ya que los jefes de bloques solicitaron la posibilidad a la exposición de los gobernadores luego de las expresiones de rechazo de los referentes del Norte Grande, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) .

La misiva fue firmada por Gerardo Martínez, titular del bloque del Frente de Todos, Mario Negri de la UCR, Cristian Ritondo del PRO, Juan Manuel López de la Coalición Cívica, Rodrigo de Loredo de Evolución Radical, Luis Di Giacomo de Provincias Unidas y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal.

Allí solicitan que se "arbitren los medios necesarios para fijar una nueva fecha de realización del plenario de comisiones previsto para mañana" con el objetivo de "escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) manifestaron su rechazo a los proyectos que actualmente se debaten en Comisión haciendo referencia a las pérdidas que generaría para la industria y el país la aprobación de un texto que no respeta el derecho de las provincias sobre sus recursos, es decir que viola el artículo 124 de la Constitución Nacional.

Los Gobernadores del Norte Grande emitieron un comunicado donde expresan que el cuidado y la conservación de estos ecosistemas naturales es su responsabilidad como provincia, para “conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas, que son estratégicas en nuestra región”.

El problema es la ambigüedad y amplitud que se utiliza para definir lo que es un humedal. No hay una oposición a la protección de los humedales sino que es necesario garantizar un debate federal, con conocimientos geográficos y a conciencia, un salar no es humedal y, de aprobarse al menos el proyecto del diputado nacional Leonardo Grosso, lo sería.

Las contradicciones siguen. El texto de la norma busca crear un inventario de humedales, para lo cual crea una Autoridad que será liderada por Nación lo que estaría en contradicción con el artículo 124 de la Constitución Nacional que determina que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Mientras que el 41 establece que "corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

Siguiendo solo dos artículos de la Constitución puede verse que son las provincias las que deben intervenir y definir sobre sus territorios y recursos.

Salta fue el centro de una manifestación en reclamo por los alcances de los proyectos presentaos "No está en juego la minería, sino el desarrollo de Salta", advirtieron.

Cono siete oradores, cada uno de los cuales representaba a un sector productivo de la provincia cuya actividad económica está amenazada por el proyecto impulsado desde Nación.

Participaron de la convocatoria el titular de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), Diego Pestaña; la vicepresidenta de la Cámara de la Minería, Fernanda Fraga; el titular de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, y Jorge Banchik, al frente de la Cámara Argentina de la Construcción. También participaron Luis Vacazur, vicepresidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (Caprosemitp); el empresario del sector Facundo Huidobro y el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Javier Cerúsico.

Los gobernadores del Norte Grande compartimos la importancia de sancionar una ley de humedales, después de tantos años de debate.

Cualquier ley que se apruebe debe considerar los siguientes presupuestos para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible:

Ratificamos que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias y no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan. Es nuestra responsabilidad conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas, que son estratégicas en nuestra región. De otra manera se favorecerán procesos de inequidad territorial, poniendo en riesgo actividades económicas que son fundamentales para el bienestar de los argentinos y para la transición climática.

Ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias.

La ley debe focalizarse sobre los humedales naturales, no en los derivados de la acción antrópica.

Debe respetarse en tal sentido, que corresponde a las provincias la potestad de realizar sus inventarios y deben ser ellas las que en coordinación con Nación elaboren el inventario nacional. Lo mismo debe suceder con los ordenamientos territoriales de humedales.

Ninguna ley debe establecer moratorias que generen una paralización a las actividades productivas, ni a las actuales ni a los proyectos en desarrollo, ya que todos los proyectos que tengan lugar en humedales deben atravesar los correspondientes procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por las provincias.

El Fondo de humedales no debe ser inferior al 0,3 % del presupuesto nacional. Dicho fondo debe integrarse en el próximo presupuesto, para garantizar que las provincias puedan cumplir con las disposiciones de la ley.

La distribución de los recursos de ese Fondo a las provincias debe realizarse con criterios objetivos, claros y justos. Asimismo, deben llegar a las jurisdicciones en la etapa inicial de aplicación, lo cual no obsta que posteriormente las jurisdicciones deban rendir cuenta de su uso y cumplir con condiciones. Los condicionamientos iniciales a la transferencia de fondos, ralentizarán los procesos en las provincias.

Cualquier órgano consultivo que se incluya en una ley debe garantizar la participación de todos los sectores directamente involucrados en la gestión de humedales. Dicho órgano debe ser de carácter consultivo, no reemplazará ni suplirá, burocratizará la toma de decisiones por parte de las autoridades. Ni deben representar estructuras administrativas adicionales.

Consolidación del COFEMA como ámbito de articulación interjurisdiccional para la coordinación de la implementación y aplicación efectiva de la ley.

A propósito Cofema desde hace varios años viene trabajando el tema, este año en asamblea se aprobó un proyecto que el Ministerio de Ambiente de Nacion comprometió el envío al Congreso a través del Poder Ejecutivo, eso no sucedió y no nos fue informado. Por ello el proyecto de ley de Cofema no fue analizado en el Congreso y representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años. Por ello debería ser tomada en cuenta en este debate.

GOBERNADORES NORTE GRANDE

Los actuales proyectos de ley de Humedales carecen de visión federal y ponen en riesgo la producción minera argentina y las inversiones previstas por U$D 20.000 millones

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), cámaras provinciales de productores y proveedores mineros, y entidades ligadas a la agroindustria y al desarrollo socioeconómico, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la falta de federalismo de concertación en el debate de los proyectos legislativos de protección de humedales y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados.

Rechazamos toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional.

Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera. Su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades. Y no solo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento.

La autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los Proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y conflictos con la legislación vigente. Presenciamos el impulso de Proyectos de Ley que, a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente (Ley N° 26.815; Convención RAMSAR, entre otras) avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental.

Rechazamos los proyectos porque atentan contra los miles de puestos de trabajo formal y bien pagado, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social. El sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales.

La minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de $107.000.000.000 al año. Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial. Tomando los proyectos mineros más avanzados, hay potencial para llegar a exportaciones anuales por U$D 12.000.000.000 (más del triple de las actuales) y para lograr inversiones por U$D 20.000.000.000. Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras.

Es importante destacar que todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental (ley 24585). La legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente donde estén instalados.

Las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del ambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización. Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono.

La Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) expresa su profunda preocupación respecto de algunos de los proyectos de ley de presupuestos mínimos para la conservación de los humedales. Entendemos que, con dichos planteos, Argentina no podría desarrollar diferentes actividades productivas en vastos sectores del país, incluida entre ellas la industria minera, poniendo en riesgo la continuidad de operaciones en producción que generan divisas a los estados provinciales y a la Nación y generando además frenos a las nuevas inversiones que en la actualidad están ingresando y por ingresar al país.

Desde el punto de vista laboral se afectaría fuentes de trabajos de obreros, profesionales, empleados, directos e indirectos, como así también empresas proveedoras de bienes y servicios de todo el País.

Los proveedores mineros generamos más de 90.000 empleos directos e indirectos con un 83% de compras de bienes y servicios de empresas nacionales

Desde esta institución nacional que congrega a los Proveedores mineros de bienes y servicios de Argentina, esperamos se genere una resolución madura y equilibrada, dentro de un marco de análisis productivo e intelectual que propicie el dialogo entre las partes, alentando a que la toma de decisiones no afecte el desarrollo de las actividades productivas, bases fundamentales para el crecimiento de las Naciones.

El análisis de cuestiones tan importantes debe tener algunas líneas centrales que no segmenten el análisis de lo productivo con lo ambiental. La Argentina productiva es Federal y debe ser integrada escuchando todas las voces, no solamente algunas.

Desde CAPMIN expresamos nuestra satisfacción por el comunicado efectuado por los Gobernadores del Norte Grande atento al marco planteado sobre la discusión de la ley de humedales.

Destacamos la importancia del comunicado mencionado, toda vez que adherimos a la sanción de una Ley de Humedales que contemple efectivamente su cuidado y un sistema de desarrollo económico sustentable en el que las provincias sean parte protagónica de su diseño e implementación, en su carácter de titulares de los recursos naturales en virtud del artículo 124 de nuestra Constitución Nacional. Creemos por ello que resulta necesaria la participación del COFEMA como organismo adecuado para la discusión de esta Ley, como de otros sectores científicos, y de la economía regional.

Tampoco puede dejarse de lado el aporte económico, cada vez más significativo, que la minería produce en nuestro país, siendo un sector generador de puestos de trabajo genuinos en el sector privado, destino de inversiones extranjeras y fuente de exportaciones para el ingreso de divisas internacionales.

Pero no solamente la minería se vería afectada por algunos de los proyectos en debate sino también el agro, la industria, el desarrollo, en definitiva.

Creemos que es posible hallar las herramientas que nos permitan la confección de una legislación que tenga presente estas cuestiones de vital importancia. Creemos también que el canal para hallarlas es un diálogo profundo y reflexivo que involucre a todas las partes protagonistas de este debate, en particular a los ciudadanos y las ciudadanas de las regiones implicadas.