SERGIO HERNÁNDEZ *

Se suele decir que las personas vinculadas a la minería acostumbramos a mirar en el largo plazo. Esta afirmación tiene mucho de cierto y se basa en que la actividad minera opera a lo largo de muchos años. En Chile tenemos casos significativos como los yacimientos Chuquicamata y El Teniente, por ejemplo, que ya llevan más de un siglo en producción y continúan con valiosos planes hacia el futuro.

Pero no solo se trata de la operación. Cualquier faena minera antes de ser inaugurada debe pasar largos años en etapas de exploración, estudios, evaluaciones y construcción -con cuantiosas inversiones- antes de siquiera producir su primera tonelada de mineral. Collahuasi, una mina emblemática de nuestra más moderna minería, comenzó a operar en 1999, pero sus yacimientos Rosario y Ujina fueron identificados en 1978 y 1991, respectivamente (y considerando que ya en el siglo XIX hubo actividad minera en el lugar). Algo similar también ocurrió con Los Pelambres, del cual ya se tenía conocimiento a principios del siglo XX, aunque las exploraciones contemporáneas recién comenzaron a fines de los ‘60 y, a nivel de gran minería, fue puesta en marcha en 1999.

Casos como estos son lo habitual en la industria minera y por esa razón, reiteradamente, nuestros planteamientos tienen una mirada de largo alcance. Así lo expusimos responsablemente en la discusión constitucional y así también lo postulamos en las diversas instancias políticas y regulatorias que se proponen para nuestra actividad.

La minería no es solo un rajo o una mina subterránea, es un sistema profundo de prósperos encadenamientos productivos. En Chile, la minería representa más de la mitad de las exportaciones, un quinto del PIB, un quinto de las inversiones y un décimo de todo el empleo nacional, sin incluir el positivo impacto para toda la actividad productiva y el empleo nacional.

Pero durante las últimas dos décadas ha ido disminuyendo la participación de Chile como principal productor de cobre: si en los años 2000 era el 36%, ahora solo es un 26%, debido a que ha bajado la ley de los yacimientos y porque el riesgo de invertir en Chile ha crecido frente a otros países competidores, con costos crecientes. Si a este panorama sumamos los complejísimos dos últimos años marcados por la incertidumbre sociopolítica y por la pandemia, tal como hemos conocido el proyecto de royalty presentado por el Gobierno, este resulta un disparo directo en nuestros pies: nos transformaríamos en el país minero con la mayor carga impositiva del mundo (salvo países africanos con bajísimas inversiones), con tasas efectivas entre 55% y 65%.

Para que Chile mantenga su capacidad productiva debe concretar su cartera de inversiones. Si esta cae, disminuirá el tamaño de nuestra minería y la innovación y la sustentabilidad pasarán a segundo plano, lo que afectará a sus encadenamientos productivos y, por cierto, el empleo y la recaudación final del Fisco, haciendo más difícil el financiamiento de los derechos sociales.

El Ministerio de Hacienda ha señalado que hará ajustes al proyecto de royalty (aún no conocemos las indicaciones definitivas) y también ha presentado una Propuesta Pro-Inversión. En el caso de la minería, se consideró rebajar la tasa ad valorem por cinco años para proyectos nuevos y de expansión lo que, para que sea efectiva, debe regir desde el comienzo de la explotación y no del proyecto. Si bien promover la inversión es loable, lo cierto es que lo propuesto para nuestra industria está muy lejos de atraer recursos.

Como ya hemos ejemplificado, un proyecto minero, en el mejor de los casos, puede tardar unos diez, si es que no más años, en desarrollarse y operar. En este contexto, incluso los cinco años, aunque rijan desde el principio de la explotación, sería solo un leve paliativo, porque la recuperación de la inversión suele ser a más largo plazo. Además, no se entiende que tampoco incorpore incentivos para promover inversiones en innovación o en la incorporación de nuevas tecnologías, salvo la propuesta de rebajar la tasa de primera categoría del 27 al 25%.

Con una perspectiva de largo plazo, pedimos centrarnos en la minería de las próximas décadas, porque cinco años es un insuficiente periodo. En base al diálogo, debemos corregir el verdadero fondo y equivocación de la propuesta: esto es, disminuir las tasas efectivas a cifras sustentables y descartar la modalidad ad valorem que seriamente afecta a faenas con yacimientos de menores leyes, más impurezas y roca más dura, lo que son razones que le dan menor valor a la mina del Estado y exige mayores inversiones en CAPEX y OPEX del minero. Por el bien de la competitividad minera, estamos atentos a que las indicaciones del Ejecutivo se hagan cargo de esto, lo que favorecería la inversión, el empleo y los recursos fiscales.

* Director ejecutivo de APRIMIN