Advierten las consecuencias que puede tener el proyecto para los humedales. Los yacimientos de litio, la gran esperanza en Salta, se paralizarían
El jueves a las 10 termina el cuarto intermedio para que la comisión de Diputados presente y firme el dictamen de consenso para unificar las posiciones en torno a los proyectos que aseguran la protección y el uso racional de los humedales. Los incendios en el Paraná y el humo intenso que se mantiene constante en provincias como Santa Fe, apuran el tratado de una ley atravesado por la ambigüedad que, de no ser revisada minusiosamente podría postergar el avance de ciertas industrias.
El tema no es "no sancionarla" sino analizarla en detalle. El objetivo es sacar un dictamen unificado de 10 proyectos que se presentaron. Los que cuentan con más apoyo del cuerpo legislativo, es decir, llegan con más firmas, son los presentados por Ximena García, de la UCR y Maximiliano Ferraro, de la CC-ARI, y el del diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, presidente de la comisión de Recursos Naturales.
Según publicó Pablo Ferrer en El Tribuno, el proyecto de ley, presentado por el diputado bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos), define a los humedales como "aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos".
Específica, además, en una nota al pie, que son "superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas".
Planteado así, están incluidos en la propuesta legislativa los salares donde se extrae litio. El primer problema que advierten los empresarios no es que se quiera cuidar a esos reservorios de agua (lo que ya está asegurado con las regulaciones provinciales, que son las que están a cargo constitucionalmente de sus recursos naturales), sino que se plantea un inventario de humedales a cargo de un organismo nacional, que es el que autorizará o no la actividad productiva sobre los mismos (otro avasallamiento a las soberanías provinciales).
Ese relevamiento debería durar un año, con lo que literalmente se paralizarían todos los proyectos de litio en Salta. También, por ejemplo en Jujuy y Catamarca, donde hay en producción de plantas literas.
Esa última normativa es icónica en la provincia en cuanto a la frustración que produce su aplicación, porque demostró que frenó el desarrollo productivo agropecuario y no termina por proteger de manera efectiva el medioambiente. "Estamos muy preocupados", dijo Fernanda Fraga, vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta.
"Salta tiene cinco proyectos de litio en construcción, tres en factibilidad, cinco en análisis económico preliminar y 14 en exploración avanzada. Todo eso estaría en riesgo", afirmó la representante empresarial. "Es un proyecto de ley que avasalla la soberanía de las provincias sobre sus recursos naturales", agregó.
Y aclaró: "Entendemos y apoyamos el desarrollo sustentable, creemos que tiene que ser una política de Estado para todo nuestro país, pero tenemos que mirarlo de la forma adecuada, no se puede frenar el desarrollo. Tenemos 17 meses de crecimiento consecutivo en empleo minero en Salta y en provincias como las nuestras no hay muchas oportunidades de desarrollo genuino".
Salta, por su parte, ya posee una ley específica que protege los humedales en el territorio provincial y se trata de la Ley General del Ambiente (7070), que dedica toda una sección a su protección (sección IV, artículos 73 a 75). Por lo tanto el gran interrogante que surge es si es necesario seguir sumando leyes que ya existen.
El proyecto de ley de humedales implica destinar tiempo y recursos financieros de la Nación para generar un '"inventario de humedales" y crear nuevas oficinas públicas para su monitoreo permanente.
A nivel nacional se manifestaron desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre las implicancias que podría tener la ley si es que se aprueba tal como consigna el actual proyecto.
"La protección de los humedales debe encontrarse en armonía y en equilibrada convivencia con las actividades productivas respetuosas del ambiente, con la finalidad de garantizar un desarrollo sustentable en todo el país", afirmaron desde la CAEM.
"Es importante destacar, además, que todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de evaluación y aprobación de sus informes de impacto ambiental. O sea, la legislación actual ya los exige y no permite emprendimientos que provoquen daños al ambiente", agregaron en un comunicado.
Hugo Goransky de la Mesa Minera de la UIA, anticipó que le pedirá al ministro Sergio Massa "respetar el federalismo y las autonomías provinciales", bajo el principio de que "la Nación debe decir qué es lo que hay que cuidar, y las provincias, que son dueñas de los recursos hídricos, cómo hacerlo, respetando el medio ambiente y la sustentabilidad".
Añadió que insistirá en que ''cada región tiene sus características, no se puede legislar en forma amplia ya que generaría muchos problemas y no solucionaría la problemática que hay en relación a los incendios''.
Según informó Diario de Cuyo, el diputado oficialista Allende al referirse al tema en una entrevista en el programa radial Demasiada Información, el legislador se mostró molesto por "la pasividad" de las cámaras mineras locales que no se han comunicado con los legisladores nacionales, ni han salido a hacer declaraciones públicas en defensa de la actividad. Dijo que la excepción son la Cámara Minera de San Juan y las entidades de proveedores Casemi y Caprimsa, pero aclaró que hay ''cerca de 15 cámaras en la provincia que sólo están dirimiendo problemas sectoriales, pero no es este el sentido de esos grupos'.
El legislador destacó que sí se ha estado trabajando y analizando el texto unificado del proyecto de Ley de Humedales con el Ministro de minería local, Carlos Astudillo, con empresas mineras y con especialistas de la Universidad Nacional de San Juan.
OTRAS INDUSTRIAS SE SUMAN A LA MINERÍA
Las endtidades productivas de Corrientes también manifestaron su preocupación por los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia y de una gran extensión de la Argentina, la eventual sanción de una ley Nacional sobre “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”. Al menos cómo están diseñadas las que ingresaron al Congreso.
Las entidades productivas hacen las siguientes observaciones generales, con relación a los proyectos sobre Humedales ingresados a las cámaras legislativas nacionales:
+-Se introducen en asuntos de jurisdicción provincial previstos en el artículo 41º y 124º de la CN (posible conflictividad judicial entre Nación y Provincias).
+-Incumplen con el “principio de razonabilidad”, receptado por el artículo 28 de la CN.
+No ponderan adecuadamente en sus articulados el criterio de Desarrollo Sostenible; que con sus tres pilares trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente; considerando como esenciales las actividades antrópicas.
+Poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades.
+No hacen referencia al “Documento Diagnostico sobre Humedales” que justifique la sanción de una ley, tal vez porque no existe o porque los problemas vinculados a humedales radican en la no realización de las intervenciones necesarias (caso inundaciones), en la no aplicación de las normativas especificas vigentes (caso de asentamiento irregular de urbanizaciones), o en el incumplimiento de ley nacional del fuego (caso de los incendios de pastizales e islas).
+Adoptan, en general, una definición amplia de humedales incluyendo superficies no cubiertas por agua, lo cual implicaría para la Provincia de Corrientes el 70% de su territorio. Ello debido a que se incluye en las definiciones conceptos como presencia “temporaria….de agua superficial o subsuperficial y/o suelos hídricos sustratos con rasgos de hidromorfismo”, que conllevan a incluir erróneamente grandes planicies anegables y valles totalmente productivos. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, podría interpretarse que dichas planicies abarracan el 45 % de su territorio (14.000.000 has.).
+Proponen un mecanismo de clasificación por cartografía, que rigidiza el análisis de los casos prediales sin considerar la presión sobre la unidad de aisaje.
+No contemplan a la ganadería actual de modo explícito, ni las actividades productivas preexistentes.
+Limitan las obras de infraestructura pública y privada y no proponen criterios de aprobación de las mismas o los dificultan de tal manera, que los transforman en difíciles de materializar.
+No promueven criterios de obras y acciones para la regulación de crecientes, que permitan evitar inundaciones, al contrario propician el enfoque de no hacer, motivo principal de los últimos episodios que causaron graves daños a la población.
+No contemplan el caso de las superficies transformadas en humedales artificiales por la irresponsabilidad o impericia humana, y la posibilidad de poder restituirlos a su situación original. Tal sería el caso de las consecuencias ocasionada por la falta de previsión, en el trazado y construcción de caminos, vías férreas, alcantarillas y puentes; tanto provinciales como nacionales.
+Encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos, alejando a los: productores, gobierno municipal, provincial y nacional de materializar sus iniciativas, como caminos, puentes, redes ferroviarias, reservorios, electrificaciones, obras hidroeléctricas, pasturas, entre otras iniciativas.
+Podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe, particularmente a nivel de predios.
Desde esta perspectiva, "consideramos que no tenemos ante nosotros solamente proyectos de regulación ambiental, sino también de regulación económica, que de aprobarse exigirán realizar en amplias zonas, consideradas como humedales (sobre todo si se incluye el concepto de hidromorfismo), “estudio de impacto ambiental” y/o “audiencia pública”, como paso previo a realizar cualquier actividad productiva tradicional. Ello generara desconfianza, en la inversión privada, afectando la producción, las economías regionales, y abriendo las puertas a una burocracia generadora de conflictividad administrativa y judicial", indicaron.
En este sentido, entienden que:
+Previo diagnóstico y evaluación de la situación, bajo parámetros objetivos y científicos, respetando el marco normativo y los derechos jurisdiccionales, contemplando presupuestos mínimos y no máximos, entendiendo la necesidad de contemplar los servicios eco sistémicos intrínsecos de los humedales con los servicios socioeconómicos que los mismos pueden brindar para el sustento de vastos territorios y el ser humano, entre otras consideraciones de similar peso y complejidad;
+Podría dictarse una Ley Nacional de carácter general que previa definición científica de cada uno de los diferentes humedales, su tipología y caracterización, su dinámica y probabilidad de recurrencia, entre otras consideraciones objetivas, permita a cada jurisdicción provincial (en mérito al rango constitucional nacional que le asigna la administración de sus recursos naturales), el dictado de sus inventarios, identificación, y presupuestos de conservación basados en Manuales de Buenas Prácticas Agropecuarias y Forestales.
"Creemos que es inoportuno, conflictivo e inconveniente, aprobar algún proyecto de ley con tales características, objeto y definición. Pero para el caso en que de todas formas se decida avanzar, solicitamos un debate amplio de la cuestión, que todas las partes involucradas/afectadas puedan ser escuchadas, que se privilegie en el análisis de la cuestión un criterio científico apoyado en un estudio previo que demuestre los daños que se pretenden remediar, que se respeten las autonomías y jurisdicciones provinciales, así como el principio constitucional de razonabilidad, que los proyectos ingresados sean girados a las comisiones parlamentarias de recursos marítimos y vías navegables, y las demás que resulten pertinentes", concluyen.
Firman y Adhieren: Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA); Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC); Asociación Forestal Argentina (AFoA-Regional Corrientes); Asociaciones de Citricultores de Corrientes (ACC); Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA); Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coop. Ltda. (CONINAGRO); Federación Económica de Corrientes (FEC); Asociación de Productores Molineros de Yerba Mate de Corrientes (APMYMC)
