Números como este, sin embargo, no volverían a verse en el sector si el Ejecutivo consigue imponer el decreto supremo D.S. 001-2022-TR, que prohibe la tercerización laboral en actividades neurálgicas de las empresas.
“Esto va a afectar el empleo de 70 mil o 80 mil trabajadores porque en minería la tercerización es muy elevada”, apuntó Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (Acomipe), institución que aglutina al 70% de la fuerza laboral del sector minero.
En efecto, de los 246.895 trabajadores que laboraban en minería hasta julio pasado, la gran mayoría, 174.383 (el 70,6%), correspondían a la modalidad de contrata.
La aplicación irrestricta del D.S. 001-2022-TR, puesto en vigor el 23 de agosto pasado, ocasionará que este universo se reduzca a casi la mitad, porque “se sabe por experiencias similares ocurridas en otros países, como Ecuador, Bolivia y México, que las empresas mineras no van a incorporar más de 20% de contratistas en planilla”, apunta Bernal.
La razón de ello, según un reciente sondeo de Apoyo Consultoría, son los mayores costos laborales que se derivan de dicha incorporación, más aún, en un entorno económico adverso como el actual, signado por el “deterioro de las expectativas de crecimiento económico y el incremento generalizado de los costos de producción”.
“Esto (la aplicación de la norma) va a impactar la gestión de las operaciones mineras, que se encuentran a cargo de los contratistas especializados. Va a trastocar todo, y a incrementar la informalidad porque los contratistas despedidos tendrán que buscar su sustento en la minería informal”, agrega Bernal.
Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (Acomipe)
Por esta razón, Acomipe presentó en marzo pasado una acción de amparo contra la norma (emitida en febrero).
A la fecha, las empresas y colectivos mineros han presentado cerca de mil acciones legales, entre acciones populares, acciones de amparo, barreras burocráticas y medidas cautelares, muchas de las cuales han sido favorables a las empresas mineras.
DEBATE EN CONGRESO
El D.S. 001-2022-TR fue rubricado en febrero pasado por la ex ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y por el presidente Pedro Castillo.
Su publicación tomó por sorpresa a los gremios empresariales y al mismo Congreso de la República pues no fue consultado en este foro ni en el Consejo Nacional del Trabajo ni tampoco con otros ministerios (como el de Energía y Minas) para evaluar su impacto.
Por esta razón, la Comisión de Economía del Congreso emitió en julio pasado un dictamen favorable para su derogatoria, el cual debe ser discutido y votado en el Pleno , apenas se nombra al nuevo presidente o presidenta del legislativo.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha estimado que existen 2.069 empresas contratistas que se verían impactadas de manera negativa por la decisión del Ejecutivo, incluyendo, a “empresas comunales que han formado las poblaciones vecinas a las unidades mineras”.
Cerca del 80% de los encuestados, según Apoyo, declaró emplear el esquema de tercerización. Este es mayor en minería y construcción (53%), petróleo, retail y consumo (35%), según la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal (AETT).
