Listo para ser votado por la Sala, quedó el proyecto que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas natural. Esto luego que la Comisión de Minería y Energía aprobara por mayoría, la idea de legislar.

La propuesta iniciada en mensaje, busca clarificar el cálculo de rentabilidad de estas empresas. Esto, tras conocerse en diciembre pasado el resultado de un estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que determinó que los clientes residenciales de Metrogas han pagado sobreprecios de entre un 12,7% y 20,2%, según informó el Senado de Chile. 

La empresa utilizó su empresa relacionada llamada AGESA, que le vendía gas a mayor precio, por tanto, ese valor se traspasaba a los consumidores.

Frente a esta situación, el texto en estudio plantea derogar el artículo 12 transitorio de la ley general de servicios de gas que permite desviar la rentabilidad de una empresa regulada a una no regulada. Asimismo, rebaja la rentabilidad de un 9 a un 6% para activos de más de 20 años.

AUDIENCIAS
Desde medianos de julio, la Comisión ha venido invitando a distintos actores para estudiar las implicancias del proyecto en estudio. Los primeros en intervenir fueron los, hoy ex ministro de Energía, Claudio Huepe; y de Economía, Nicolás Grau, quienes explicaron de qué forma se recogieron las mociones que fueron refundidas en el texto siempre con el objeto de defende a los consumidores de cualquier abuso del mercado.

Tras ello, se acordó escuchar al protagonista de la polémica así fue el turno del presidente del directorio de Metrogas, Antonio Basolas.

Éste puso el acento en que la Comisión Nacional de Energía (CNE) verificó la legalidad del contrato entre la empresa y AGESA, cuestionando las conclusiones a las que llegó la FNE. En la sesión respectiva, el ejecutivo expresó que “el proyecto de ley carece de los antecedentes técnicos respectivos, representa un castigo injustificado porque se limita la rentabilidad a una empresa eficiente (vende y compra más barato y traspasa eso a sus clientes) y se basa en un informe erróneo”.

A mediados de agosto, los legisladores escucharon al secretario ejecutivo de la CNE, Marcos Mancilla, quien explicó el contexto de la ley vigente mientras que el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco se defendió de las acusaciones de Metrogas indicando que “esa empresa vende efectivamente más barato porque porque en el negocio del GN no existe competencia, cada una opera en su área de concesión. Metrogas dijo que era eficiente separar la distribución de la comercialización y en realidad eso es cierto cuando se trata de empresas distintas pero acá estamos hablando de un mismo grupo empresarial”.

En esa misma jornada, el gerente general de Intergas, Rodrigo Larrondo, representando a los pequeños comercializadores, detalló su análisis de la iniciativa en votación. “Esta rebaja de rentabilidad creemos que no debe ser aplicada a empresas de menos de 30 mil clientes, es decir, con una densidad menor a 80 clientes por kilómetro de la red, de lo contrario, nos veríamos en graves problemas de rentabilidad”, expresó.

En la última sesión citada para analizar esta iniciativa, la Comisión escuchó al gerente general de la Aprovisionadora Global de Energía (AGESA), Klaus Lührmann que se abocó a defender el contrato que tienen con Metrogas y que caduca en 8 años más asegurando que “separar los roles de distribucióin y comercialización es una prueba práctica internacional".

En tanto, la asesora de la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN Chile), Paula Hurtado; el gerente general de Gas Sur, Javier Roa; y el gerente general de GasValpo, Luis Kipreos, hicieron presente que a su juicio “no se hizo un trabajo prelegislativo porque se obvió la opinión de otros actores (…) Se generó una iniciativa a partir de un hecho puntual sin pensar en la realidad de empresas de regiones y de menor tamaño”.

ELIMINACIÓN DEL 'SPREAD'
Cabe consignar que hoy las empresas de GN tienen libertad tarifaria pero cuentan con un umbral tarifario: una tasa de costo capital de hasta un 6% y un spread (porcentaje que permite la rentabilidad a largo plazo para llegar a la tasa de costo de capital) de un 3%. El proyecto elimina ese 3% a los activos de más de 20 años.

Frente a ello, las citadas empresas explicaron que ello “terminaría por matar la industria porque las inversiones se realizan a 40 a 60 años, por lo que después de los 30, empiezan a ver utilidades. El 3% permite compensar en algo las pérdidas y si ello desaparece, el negocio colapsa”.

Con todo, los expositores propusieron eliminar esto del proyecto y darle una vuelta en una ley larga de gas que anunció el gobierno para el próximo año.