Durante una reunión con las autoridades bolivianas, la Ministra Federal de Desarrollo de Alemania, Svenja Schulze, anunció que su gobierno aportará 20 millones de euros al país andino para trabajar en la protección de la Amazonía contra la minería ilegal.

“La mitad de los bosques tropicales que quedan en nuestro planeta están en la región amazónica. Protegerlos es una tarea de toda la humanidad, porque si no se protegen los bosques tropicales tampoco tenemos forma de proteger el clima”, dijo Schulze. “Es nuestra responsabilidad apoyar a nuestros socios en los países ribereños del Amazonas”.

Durante su visita, Schulze se detuvo en el Madidi, un parque nacional de 19.000 kilómetros cuadrados situado en la cuenca superior del río Amazonas y que forma parte de una de las mayores áreas protegidas del mundo. Sin embargo, el parque está sometido a actividades extractivas no reguladas que amenazan tanto al medio ambiente como a los pueblos indígenas.

El funcionario alemán -que fue ministro de Medio Ambiente durante el gobierno de Angela Merkel entre 2018 y 2021- también se reunió con la líder indígena Ruth Alipaz. Durante el encuentro, Alipaz denunció que las autoridades locales han estado otorgando licencias de exploración petrolera dentro de 21 de los 22 parques nacionales de Bolivia, mientras que los mineros ilegales también se abren paso dentro de las áreas protegidas sin ningún tipo de control estatal.

Según Associated Press, Alipaz también dijo que el acoso contra los activistas medioambientales sigue aumentando.

Además de recibir información sobre el estado de las reservas naturales, la ministra fue informada sobre la situación de Bolivia en materia de desarrollo de energías limpias. Así, señaló que parte de los fondos que aporta su gobierno deberían utilizarse para impulsar la transición energética del país sudamericano hacia las renovables.

EXTRACCIÓN ILEGAL DE ORO EN EL MADIDI
La explotación de oro en diferentes regiones del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi se intensificaron; mientras tanto, la Sala Constitucional del Palacio de Justicia de La Paz aún no define si da curso o no a la Acción Popular para frenar la actividad minera ilegal en el sector, según informó ANF.

“La Acción Popular debería ser concedida para que el Estado cumpla con sus deberes, (el recurso) lo hicimos el 29 de junio, estamos con retrasos, esta situación de tener que dirimir; mientras tanto, en la región en vez de reducir, de amainar se intensifica (la extracción de oro) cuando la situación empeora”, dijo la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena.

La senadora de CC indicó que si bien no tiene datos o cifras en qué cantidad de mineral se saca, los indígenas de las diferentes regionales en el Madidi le hicieron conocer que la extracción del oro continúa y con más intensidad por parte de los mineros.

“Mientras tanto, la minería en el Madidi prospera; mientras tanto, la impunidad es la que impera. Lamentablemente el Estado se toma su tiempo para (asumir acciones), en este caso el poder judicial, y lo único que debería prevalecer es el sentido común y el sentido del deber y no la presión de un grupo poderoso económico-político, como son los mineros”, repudió la legisladora.

En junio de este año, asambleístas de CC, a la cabeza de la senadora Requena, presentaron un recurso de acción popular para frenar la actividad de minería ilegal en el Madidi.

Esta audiencia estaba programada inicialmente para el 29 de julio, pero fue postergada para el 10 de agosto y luego nuevamente reprogramada para el viernes 19 de agosto de 2022. Ese día, la Sala Constitucional del Palacio de Justicia de La Paz registró un empate entre los votos de dos vocales, uno a favor y otro en contra, que evita dar curso a la Acción Popular.

La Acción demanda al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Ministerio de Minería y Metalurgia, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas que realicen los actuados que establece la legislación boliviana e intervengan la actividad minera ilegal para que se evite más daños irreversibles al medioambiente y a los habitantes de las comunidades aledañas.