YPF proyecta invertir US$ 1.260 MM para crear una terminal marítima en el puerto Punta Colorada de Sierra Grande y convertirlo en el mayor exportador de petróleo del país y para eso Río Negro tuvo que hacer algunos cambios en la Ley de Hidrocarburos.

Se trata de la modificación de la llamada Ley Lasalle (N° 3308) que prohibía el desarrollo de infraestructura para el transporte de crudo o gas desde las costas rionegrinas, un paso fundamental para un cambio en la relación del distrito con la industria. El artículo 15 del proyecto aprobado modifica el artículo 1º de la Ley Nº 3308 para hacer viable la inversión de YPF en Sierra Grande e impulsar la construcción del oleoducto hacia Sierra Grande.

Según estimaciones de la petrolera estatal, el ducto transportará 60.000 metros cúbicos por día, equivalente a 372.000 barriles de crudo, y se extenderá a lo largo de 700 kilómetros, de los cuales 635 serán en territorio rionegrino.

La obra permitirá conectar mediante un ducto la explotación petrolera existente en la formación neuquina de Vaca Muerta con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro, para el embarque de la producción mediante monoboyas offshore ubicadas a unos 6,7 kilómetros de la costa.

De acuerdo al proyecto presentado, el ducto transportará 60.000 metros cúbicos por día, equivalente a 372.000 barriles de crudo, y se extenderá a lo largo de 700 kilómetros, de los cuales 635 serán en territorio rionegrino.

La capacidad prevista será muy superior a la que dispone actualmente el sistema de Oleoductos del Valle (Oldelval), que une Vaca Muerta con Puerto Rosales, en el complejo marítimo de Bahía Blanca, que transporta unos 36.000 metros cúbicos/día.

Según publicó APP Noticias, el proyecto establece que todos los proyectos de obras o acciones relacionados con los sistemas de transporte de hidrocarburos que atraviesen territorio rionegrino deberán contar con un visado de la autoridad de aplicación provincial, que sería la Secretaría de Estado de Energía, a través de la Secretaría de Hidrocarburos.

Sebastián Caldiero fue el informante del proyecto de autoría compartida entre todos los bloques. Fundamentó la iniciativa en la necesidad de fortalecer los controles sobre toda la infraestructura de transporte de hidrocarburos: “Lo que proponemos es un avance de la provincia en el ejercicio de la tarea de control, no solo  por lo existente sino por lo que se viene, que va a aumentar exponencialmente el tránsito de hidrocarburos por nuestra provincia”.

Indicó que hoy a Río Negro la atraviesan 22 concesiones de transporte dadas por el Estado nacional, de petróleo o de gas, operadas por distintas empresas; y 9 concesiones otorgadas por Río Negro dentro del territorio provincial, entre petroleo y gas, donde la provincia tiene el poder concedente, de fiscalización y control.

Explicó que cientos de kilómetros de cañerías instaladas en la Provincia no son objetos de control y fiscalización por parte de Río Negro: “En la actualidad nos encontramos con una situación a corregir, a mejorar, que es que sin la participación de la Provincia en el control de los planes de mantenimiento, de integridad o  de construcción, cuando sucede un incidente la provincia necesariamente tiene que actuar en procura del resguardo y saneamiento ambiental, la contención del incidente y en su remediación”.

“Lo que proponemos es darle facultades a la provincia de Río Negro, complementarias y concurrentes a las que ostenta la Secretaría de Energía de la Nación, para poder colaborar con ese control”, fundamentó.

“La idea es tener inspectores para hacer un control directo sobre esas instalaciones. Hoy el control que existe es meramente formal, a través de documentación, de informes, pero no no hay un cuerpo de inspectores nacionales recorriendo el territorio provincial, verificando el estado de las instalaciones o auditando aquello que se informa a través de documentación sea correcto”, añadió.

Estos cambios en la ley habilitan la llegada de una planta de GNL  que permitirá la industrilización y el mejor aprovchamiento de Vaca Muerta.

 Según la secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, hay “varios proyectos” de industrialización “dando vueltas” para encontrarle un plus a la producción. “Tenemos perspectivas, la idea es acompañar desde nuestro rol como en otras instancias”, dijo la funcionaria que responde a Andrea Confini.

Las voces de la cartera energética rionegrina ratifican el entusiasmo por la ronda de versiones que le dan vigor a la posibilidad de que se instale una planta de gas natural licuado en las costas del mar patagónico, versión que apuntaló el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, apenas trascendieron proyectos de YPF.

“Estamos esperando las condiciones que promuevan la realización de una planta de licuefacción en San Antonio. Estoy convencido de que el lugar estratégico para la planta de licuefacción y poder exportar gas es la provincia de Río Negro”, aseguró el neuquino, en un claro gesto a favor del desarrollo en la localidad portuaria.

Por otro lado, el proyecto contempla la modificación de la ley provincial, que establece una prohibición absoluta de toda la actividad hidrocarburífera en el Golfo de San Matías. Caldiero explicó que con esta legislación Río Negro no entra en la consideración de los planes de inversión para eventuales proyectos exportadores de hidrocarburos, ni de petróleo ni de gas.

“Con una modificación parcial de esta ley podemos lograr un marco jurídico que nos permita sentarnos en una mesa de discusión, de debate, para analizar propuestas y proyectos y ver si podemos encontrar aquellos que favorezcan los intereses de los rionegrinos”, estimó.

“Con esta propuesta buscamos estar en igualdad de condiciones con otras provincias, al menos desde lo jurídico, para la búsqueda de inversiones y de proyectos que tengan un beneficio concreto para la Provincia”, argumentó.

La propuesta recibió el apoyo de todos los bloques, con la excepción de Pablo Barreno (FdT). Desde ese bloque también se hicieron críticas con respecto al tiempo de tratamiento que se le atribuyó al tema y se exigió que se realicen controles de impacto ambiental y que se garantice la licencia social para la ejecución de los potenciales proyectos.