HUGO FLOMBAUM *
Todo el mundo debate cómo reordenar las matrices energéticas y limitar el consumo en el marco del cambio climático y la geopolítica. Argentina solo debate hasta cuánto se puede regalar la energía.
No es nueva la desubicación de nuestro país en el marco internacional. Pero en el tema que estamos tratando el desvarío es mayúsculo.
En los EE.UU. se está por aprobar una ley por la cual el Estado invertirá 370 mil millones de dólares para incentivar el desarrollo de energías renovables.
California acaba de anunciar que a partir de 2035 se prohíbe la venta de automóviles a combustión.
Esto en el marco de haber roto todos los récords en producción de petróleo no convencional. Y de haber seguido la evolución de los precios internacionales de los combustibles en el último año, castigando a una población dependiente del uso del automóvil para su traslado.
En Europa la discusión pasa por si las restricciones para el uso de la energía serán coercitivas (España) o inducidas (Francia). Lo que es seguro que la racionalización del uso del gas será la política de estado.
Aquí seguimos a la espera de que un gasoducto planificado hace seis años se comience a construir a sabiendas que, según comunicados oficiales, nos costará más del doble de su valor internacional, debido a mala gestión.
Según los precios licitados, el costo del gasoducto será varias veces más caro en dólares que el presupuestado por la cuestionada Odebrecht en 2008.
En el plano tarifario, en un rapto de sensatez se le puso un límite al subsidio al consumo de energía, pero se lo hace con culpa y hasta con vergüenza. El promedio nacional de consumo eléctrico ronda los 350 kw y el límite al subsidio se lo ubica en 400 kw.
Ni se ahorra ni se persuade para que en un acto de responsabilidad social se induzca a la población a un uso limitado de la energía, causante del desequilibrio fiscal de nuestro país.
La mitad de la deuda externa de nuestro país se contrajo para regalar la energía mal usada.
Argentina es un país dotado para generar energía renovable. Tenemos viento y sol en varias regiones de nuestro país. Pero el Estado grava los molinos y paneles solares de tal manera que más de la mitad del precio que pagan los argentinos son impuestos.
Es inadmisible, se recauda impuestos al importar los elementos que impedirían gastar impuestos para importar gas y electricidad.
Cada Kw generado en los domicilios de los usuarios a través de paneles solares o instalando molinos generadores comunitarios representa ahorro en importación de gas ahora y de mayor exportación cuando extraigamos el gas que tenemos. Todo virtuoso.
Pero además la inversión privada de cada usuario en generación de energía distribuida implica una menor inversión del sistema en la transmisión de media y alta tensión.
El Estado solo debe promover, acompañar y regular de manera que se premie la inversión privada en este sistema de generación.
Le quedará reservado al espacio público la participación en las inversiones de la generación hidroeléctrica. Argentina no llega a generar por este medio ni el cincuenta por ciento de su capacidad ya estudiada.
Europa, China y EE.UU. ya han desarrollado el cien por ciento de esa capacidad y Brasil supera el ochenta por ciento.
Cada emprendimiento hidroeléctrico está acompañado de la posibilidad de regular el uso del agua en momentos en que, por consecuencia del cambio climático pasamos de sequías a inundaciones y además se pueden regar millones de hectáreas productivas.
Pensar que el área de energía es el petróleo es una antigüedad. Los combustibles fósiles por obsolescencia y por daño al ambiente serán dejados de lado en las próximas décadas.
Es imperioso generar un acuerdo que permita un nuevo marco regulatorio que oriente a las inversiones, tanto en el marco de las generaciones renovables como en los grandes emprendimientos hidroeléctricos y del hidrógeno verde.
Menos lobby petrolero y más energía sustentable es el camino deseado.
* Ex presidente de ESEBA SA. Ex presidente de ADEERA (Asociación de Distribuidores Eléctricos de Argentina)
