NÉSTOR O. SCIBONA *

Nada es por virtud, sino por necesidad y urgencia. Los mismos motivos que ubicaron a Sergio Massa al comando del ministerio ampliado de Economía, son los que ahora lo llevaron a ajustar más de lo previsto las tarifas de electricidad, gas y agua para achicar mínimamente la abultada cuenta de subsidios estatales. También a disponer regímenes especiales para promover inversiones privadas en producción, transporte y exportación de hidrocarburos. Sin embargo, están lejos de configurar una política articulada de desarrollo energético y no alcanzan para recuperar el enorme tiempo perdido en esta materia.

Por más eufemismos y chivos expiatorios que busque para disimularla, el kirchnerismo no puede ocultar que la actual crisis macroeconómica es una réplica en mayor escala de la ocurrida en 2015; ni que en ambos casos fue disparada y agravada por el populismo aplicado al manejo del área energética. Esa lección no aprendida se traduce hoy en la fenomenal explosión del gasto público en subsidios (equivalentes a US$15.000 millones) y la escasez de dólares en el Banco Central por el pago de importaciones récord de gas natural licuado (GNL), gasoil y fuel oil (estimadas en US$8000 millones) para evitar cortes de suministro en el invierno de 2022.

Es tan cierto que esta última cifra fue engrosada por la suba de precios internacionales del petróleo y el GNL provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania, como que la Argentina viene perdiendo la oportunidad de convertirse en país exportador neto de hidrocarburos por no haber seguido una política energética racional y previsible.

El resultado es que 10 años después de la confirmación del enorme potencial de recursos no convencionales de gas natural y petróleo en Vaca Muerta, no se ha logrado sustituir las importaciones para cubrir la mayor demanda invernal pese al aumento de la producción en los últimos cinco (excepto 2020, por el freno de la pandemia). Esto obedece al cuello de botella generado por la saturación de la capacidad de los gasoductos y oleoductos que parten desde la cuenca neuquina e impiden transportar mayores volúmenes, incluso con el Plan Gas 4 que fijó precios en dólares.

Aquí el kirchnerismo tampoco puede eludir su responsabilidad, ya que gobernó durante seis de esos diez años. Por un lado, su persistencia en fijar precios domésticos para el crudo y combustibles desalineados con los internacionales distorsionó las prioridades de inversión y, junto con los cepos cambiarios, elevó la tasa de retorno de nuevos proyectos. Por otro, los crecientes subsidios para mantener la energía barata (tanto en el período 2003/2015 como en 2020/2022) hasta convertirla en un virtual derecho adquirido para toda la población, dejaron de lado que impulsan la demanda y se asemejan a resortes apretados que, tarde o temprano, desembocan en crisis como la actual, porque se tornan insostenibles.

En este contexto, el confuso ajuste de tarifas anunciado esta semana fue presentado como una política distributiva de reasignación de subsidios basada en la justicia social, afín al relato K y desvirtuado por los repudiables escraches de medios oficialistas a “ricos y famosos”.

Sin embargo, ningún usuario –excepto aquellos con tarifa social, eximidos del aumento– puede conocer de antemano qué porcentaje deberá pagar por encima del tope de consumo subsidiado en las facturas de luz y gas que recibirán entre fin de septiembre y comienzos de octubre. Además, el único ejemplo exhibido de tarifa eléctrica no incluye impuestos, que en el AMBA representan entre 24 y 27% del total facturado y siguen siendo el único componente intocable. Incluso para los comercios, que no tendrán subsidios al igual que los consorcios de edificios con servicios centrales, a menos que en este caso surja algún cambio de último momento. Salvando las distancias, es como si se fijaran precios diferenciales para las naftas según el modelo y antigüedad de los vehículos y/o los municipios donde estén radicados.

El especialista Alejandro Einstoss sostiene que la segmentación será muy difícil de aplicar, ya que se basa en promedios anuales de consumo cruzados con niveles de ingresos y patrimonios, que generarán una cantidad enorme de precios para cada metro cúbico o kilovatio/hora, aunque el aumento de tarifas no alcanza al segmento regulado de distribución y transporte. También calcula que la reducción de subsidios será ínfima en lo que resta de este año (US$300 millones al tipo de cambio oficial) y que el número de 4 millones de hogares que no presentaron declaraciones juradas para mantener los subsidios excede largamente al de usuarios con ingresos altos, por lo cual sería atribuible al desconocimiento o imposibilidad de acceder al registro oficial.

Más allá de todos estos puntos oscuros, el mayor activismo de Massa pasó a concentrarse en el impulso a la cadena de valor del petróleo y el gas para generar divisas a futuro, como lo demostró con la serie de medidas anunciadas hace una semana en Neuquén, si bien en la mayoría de los casos sus resultados no se verán antes de 2025.

Previamente, firmó junto con Alberto Fernández los contratos para poner en marcha las obras civiles de la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner –entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires)–, cuya adjudicación había sido demorada varios meses por las disputas internas en el kirchnerismo y debería estar concluida en junio del año próximo para sustituir las importaciones invernales de GNL y evitar ese costo. Aun así, resta resolver la cuestión de los permisos a lo largo de la traza, ya que el gobierno neuquino estableció un mecanismo de consulta no vinculante con 20 organizaciones mapuches sin reconocimiento jurídico, en lugar de gestionarlos con los propietarios legales de los campos.

También anunció entonces que la segunda etapa, entre Salliqueló y Cardales, que permitirá exportar gas natural a Brasil, sería financiada con capitales privados, aunque esta iniciativa está en pañales. Por un lado, la estatal Enarsa –manejada por La Cámpora– tiene la concesión del gasoducto por 35 años. Por otro, el especialista Daniel Montamat, ex secretario de Energía, considera que los precios del transporte deberían ser fijados en dólares para asegurar previsibilidad, aunque no será sencillo obtener financiamiento con la actual tasa de riesgo país por encima de 2400 puntos básicos.

Mientras tanto, el Gobierno ya aprobó el decreto reglamentario del régimen cambiario especial elaborado por Martín Guzmán, a través del cual las petroleras (incluso asociadas con sus contratistas) que comprometan inversiones por un mínimo de US$50 millones, tendrán libre disponibilidad de divisas por el equivalente al 20% de la producción incremental de crudo y 30% de gas respecto de 2021. El decreto, de 28 artículos y compleja instrumentación, se pondrá en marcha a fin del tercer trimestre de este año y el BCRA dispondrá de 90 días para autorizar el acceso al mercado cambiario oficial. También comprende a pozos de baja productividad que incrementen 2% la extracción.

Los anuncios de Massa abarcan además un “canal verde” para la importación de equipos petroleros; el Plan Gas 5 para aumentar la producción; contratos no interrumpibles de exportación de gas a Chile a través del gasoducto trasandino que operan YPF y ENAP; la prórroga por 10 años de la concesión del Oleoducto del Valle (Odelval, integrada por YPF y petroleras privadas) para duplicar la capacidad de transporte de crudo hasta el puerto de Bahía Blanca y de Oiltanking Ebytem para la terminal de Puerto Rosales, más la inclusión en el régimen de promoción fueguina del proyecto off shore Fenix, con una inversión de US$700 millones.

Todas apuestas audaces, pero supeditadas al ordenamiento macroeconómico con una inflación que orilla los tres dígitos anuales.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional