PABLO FERRER

Una vez que se pavimenten los cerca de 60 kilómetros de la ruta nacional 51 entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico, que ahora es un calamitoso camino de tierra, se estima que por la vía que conecta a Salta con el Pacífico circularán alrededor de 700 camiones por día relacionados con la minería, pero también con otras actividades productivas de la región.

Si eso pasara hoy sería un caos por la falta de infraestructura acorde a semejante tránsito y uno de los puntos más conflictivos estaría en Campo Quijano, por donde la ruta 51 atraviesa el centro del pueblo.

Atento a esa previsión es que desde Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa) financiarán la construcción de un camino pavimentado alternativo de 6 kilómetros que unirá la 51 con la ruta provincial 36, que lleva a Rosario de Lerma. El titular de la empresa estatal, Alberto Castillo, dijo que la obra estará a cargo de Vialidad de la Provincia y el gobernador Gustavo Sáenz ya dio la orden para que se avance en el proyecto.

"En los próximos días vamos a firmar el convenio con Vialidad, con la participación del Ministerio de Infraestructura de la Provincia", adelantó Castillo y destacó que bajo este modelo se ahorrará un 40% en el presupuesto de la obra.

La ruta será de dos vías y se construirá en paralelo al río Rosario.

El "bypass" vial forma parte de la primera etapa del plan de conectividad que ideó Remsa para el departamento Rosario de Lerma. La segunda parte comprende la unión de la 36 con la Circunvalación Oeste y está en estudio si esa conexión se hará por la ruta 24 (Camino a Colón) o por la autopista que se proyecta construir en paralelo a la ruta nacional 68.

El programa técnico que se implementará para la construcción de la ruta alternativa en Campo Quijano estará listo en unos 30 días y la obra tendría un costo de $555 millones, de acuerdo a estimaciones que realizaron fuentes de Vialidad consultadas para esta nota.

"Nosotros financieramente ya estamos en condiciones de comenzar la obra", afirmó Castillo.

El proyecto contempla, además, el desarrollo de un polo logístico e industrial sobre la ribera y al costado de la nueva ruta. "Esto lo hacemos con lo recaudado por servicios que presta a la actividad minera", agregó el directivo.

INGRESOS
El grueso de los actuales recursos de Remsa provienen de las concesiones que se pagan para administrar los catastros mineros (que son propiedad del Estado salteño). A eso se sumó en los últimos meses la cuota que recibe la empresa por la participación en regalías (del 3,3%) que tiene de la producción eléctrica del parque fotovoltaico de Olacapato, a cargo de la francesa Neoen.

Los ingresos aumentarán exponencialmente a partir de 2024, cuando empiecen a producir las plantas de litio que ahora están en construcción en la Puna salteña y sobre los que Remsa estableció convenios para participar de las ganancias que generen bajo la figura que se conoce como "NSR", siglas en inglés que significan retorno neto de fundición. Se trata de una regalía que se cobra de acuerdo al valor de salida del producto minero en boca de mina.

Por ejemplo, en el caso del yacimiento Centenario Ratones (que lleva adelante la francesa Eramet con el grupo chino Tsingshan), el retorno de NSR por la venta de carbonato de litio será del 5%. Esa mina sería la primera en producción dentro de dos años. A valores actuales, las regalías de ese proyecto para Remsa representarían no menos de mil millones de pesos anuales.

Castillo aclaró que no existe una normativa nacional o provincial que obligue a las mineras a ceder un porcentaje de sus ventas a una empresa como Remsa (por otro lado sí está la ley provincial 8.229 con la que las compañías deben aportar una regalía del 3% sobre el valor de boca de mina).

"La idea es que Remsa aparte de cobrar por sus servicios tenga una participación en cada uno de los proyectos mineros y de esta forma percibir una regalía extra. Estos acuerdos lo hacemos con cada proyecto", resaltó el director de la empresa estatal.

Diferenció así el mecanismo que lleva adelante la estatal jujeña Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) que es socia por imposición en los emprendimiento mineros que se desarrollan en la provincia vecina, que deben coparticipar las ganancias en un 8,5% con la empresa.

"Para mi esa es una ley que limita mucho a las inversiones, porque a muchos proyectos no le cierran los números", explicó.