La Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL) presentó el análisis de seguimiento a la primera evaluación del desempeño ambiental del Perú. En 2017, junto a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se realizaron hizo una serie de recomendaciones para mejorar la gestión ambiental ¿Cumplió Perú con la meta?
Se analiza el cumplimiento de las recomendaciones vinculadas con la actividad del sector minero y se examinan los últimos cambios institucionales y normativos en dicho sector. Se observan una evolución heterogénea y ciertos rezagos con respecto a algunas recomendaciones específicas relativas a la minería.
También se resaltan los hitos de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo del Plan de Acción para Implementar las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, desarrollado por este país.
Dado el interés del Perú en incorporarse como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entre 2014 y 2016 se realizó la primera evaluación del desempeño ambiental del país.
Se analizaron la situación, las políticas, la gestión y la regulación ambiental para ayudar a “evaluar los avances logrados en la consecución de sus objetivos ambientales, enriquecer y asegurar la constancia del diálogo de políticas y promover una mayor rendición de cuentas y una concientización más profunda entre los actores que contribuyen al desarrollo económico y social” (CEPAL/OCDE, 2017).
El período analizado en la evaluación del desempeño ambiental fue 2003-2013 y se incluyeron las conclusiones y recomendaciones resultantes de la misión conjunta que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OCDE llevaron a cabo en el Perú entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre de 2015. Los resultados se presentaron ante el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Desempeño Ambiental, que aprobó la evaluación y las 66 recomendaciones en marzo de 2016.
En la evaluación del desempeño ambiental se señalaron algunos de los principales desafíos en materia de gestión ambiental, a saber:
+ continuar reforzando la institucionalidad y el sistema de gestión ambientales en todos sus niveles y asegurar la implementación efectiva de las políticas de protección del medio ambiente;
+ garantizar que la estrategia de crecimiento verde sea un elemento central del desarrollo, incorporando a los ministerios sectoriales y haciéndolos responsables de los impactos ambientales de sus políticas;
+ fomentar un mayor uso de los instrumentos económicos para la gestión ambiental, en particular los impuestos ambientales, y eliminar los subsidios que resulten perjudiciales;
+ asegurar una mejor gestión ambiental en las industrias extractivas afrontando la informalidad, mejorando el manejo de sustancias químicas o peligrosas y combatiendo sus efectos negativos sobre la biodiversidad y los ecosistemas;
+ Incentivar el aprovechamiento sostenible del rico patrimonio natural y de las oportunidades que provee para la ecoinnovación y el desarrollo de nuevos sectores económicos;
+ seguir consolidando los sistemas de información, la educación, la participación y la justicia en asuntos ambientales para construir una conciencia sobre el desarrollo sostenible en todo el país.
En las 66 recomendaciones planteadas se abordaron tres áreas clave:
+ cuestiones de gobernanza ambiental (entorno de políticas, economía y ambiente, sociedad y ambiente y cooperación internacional);
+ la agenda de la calidad ambiental (aire, residuos sólidos, sustancias químicas, agua y saneamiento, y biodiversidad) y
+ la agenda de los recursos naturales (agricultura y silvicultura, pesca y recursos hidrobiológicos, y minería).
Aunque las recomendaciones concernientes a las actividades extractivas solo tratan directamente de la minería, cada uno de los ejes de la evaluación del desempeño ambiental —gobernanza ambiental, agenda ambiental y agenda de los recursos naturales— toca transversalmente el tema.
En este documento se analizan la evolución de la institucionalidad minero-ambiental y las respuestas de política a las principales recomendaciones para el sector minero emanadas de la evaluación del desempeño ambiental del Perú. La importancia del sector minero en el Perú se refleja en sus exportaciones e inversiones y en la generación de valor y empleos.
Sin embargo, su escala y su naturaleza extractiva generan presiones sobre el medio ambiente y el uso de los recursos, que pueden originar conflictos sociales y ambientales (Dourojeanni, Ráez y Valle-Riestra, 2016). La minimización de dichos conflictos depende del cumplimiento de los objetivos ambientales del país, de la elaboración y el cumplimiento de políticas públicas y de un mayor estímulo a la rendición de cuentas. La minería es un componente central del desarrollo económico del país.
Entre 2010 y 2020, la minería metálica y sus servicios conexos, medidos a precios corrientes, representaron el 8,5% del producto interno bruto (PIB). Entre 2010 y 2020, las exportaciones mineras alcanzaron el 59,5% del total y el 47,7% de su valor correspondió a las exportaciones de cobre, oro y zinc. Al año 2020, este sector generaba 177.692 empleos, un tercio de los cuales estaba vinculado directamente con las empresas mineras y el resto con los contratistas.
La inversión minera constituye un importante motor del crecimiento: entre 2010 y 2020 se acumuló una inversión de 63.674 millones de dólares, concentrados principalmente en infraestructura y plantas de beneficio. La minería también proporciona importantes aportes al Estado a nivel nacional y subnacional. Entre 2009 y 2020, el canon minero, las regalías mineras y el derecho de vigencia generaron transferencias a los departamentos del país por un valor de más de 49.500 millones de soles.
Se prevé que su importancia se mantendrá en el futuro pues, a nivel mundial, el Perú ocupa el primer lugar en cuanto a reservas de plata, el segundo en cuanto a reservas de cobre y molibdeno, el cuarto en lo que respecta al plomo, el quinto en relación con el zinc y el séptimo lugar desde el punto de vista de las reservas de oro.
En 2020, el 1,02% del territorio peruano se encontraba en explotación y el 0,22% en exploración. Existían 32.044 derechos mineros titulados, que equivalen al 10,23% del territorio, y aún permanecían en trámite derechos mineros equivalentes a un 4,47% adicional (MINEM, 2020 y 2021). La conflictividad social es alta y la minería explica un porcentaje importante de los conflictos en el país. En los últimos años se han registrado alrededor de 100 conflictos relacionados con el sector, que en promedio representan el 43% de los conflictos totales y el 67% de los conflictos socioambientales.
Los conflictos socioambientales registrados en 2020, no obstante las importantes medidas de cuarentena implementadas debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), fueron casi 200, y 130 de ellos estaban relacionados con la minería (Defensoría del Pueblo, 2021).
Una parte importante de estos conflictos se explica por las presiones y los problemas ambientales asociados al sector minero. En particular, destacan los problemas de contaminación del agua, el suelo y el aire, la contaminación por mercurio y los pasivos ambientales mineros (PAM).
Las recomendaciones de la evaluación del desempeño ambiental del Perú (CEPAL/OCDE, 2017) buscan minimizar la presión sobre el medio ambiente desde diversos puntos de vista. En este documento se analiza la implementación de las recomendaciones para el sector minero, en el que si bien se observan avances importantes, especialmente en el ámbito normativo, todavía queda margen para su aplicación adecuada.
En la primera sección se analizan los principales antecedentes y características de la minería en el Perú, la institucionalidad ambiental asociada, su presión sobre el medio ambiente y el grado de conflictividad en el sector.
En la segunda sección se presentan los avances con respecto a las recomendaciones relacionadas con la coordinación interinstitucional e intergubernamental, el fortalecimiento de la gestión ambiental subnacional y el fortalecimiento institucional.
En la tercera y última sección se detallan las principales conclusiones y acciones de seguimiento de las recomendaciones vinculadas directa o indirectamente con el sector minero.
