Un sombrío panorama para la economía chilena tras plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, planteó el economista para América Latina de Bloomberg Economics, Felipe Hernández. Para el Wall Street Journal la nueva constitución puede “destruir la economía y la democracia”, mientras que economistas estiman que el costo anual sería de entre US$ 28.500 millones y US$ 45.000 millones.

En entrevista con el canal 24 horas, Felipe  Hernández sostuvo que la visión general de la entidad es que la incertidumbre se mantendrá en niveles elevados, independiente de la opción que gane el referéndum.

“Lo que vemos es un escenario donde se va a mantener un elevado nivel de incertidumbre, y desafortunadamente esto tiene algunas implicancias negativas sobre el crecimiento económico y en particular de la inversión”, dijo Hernández.

En caso de que gane el Apruebo, el economista planteó que “el siguiente paso es la implementación de lo que se acordó en la asamblea constituyente”, proceso a su juicio “puede tardar varios meses o incluso un año o más, y va a ser un período en el que va a seguir habiendo bastante incertidumbre”.

Frente al caso de que la propuesta de la convención sea rechazada, sostuvo que “obviamente genera una incertidumbre adicional, ante el hecho de que no se sabe a ciencia cierta qué pueda pasar con los cambios inicialmente propuestos”.

En esa línea, el economista radicado en Nueva York abordó los dichos del Presidente Boric de convocar a una nueva elección para crear un órgano redactor, situación que analizó como “un proceso que tiene atado altos niveles de incertidumbre también”, según informó Víctor Guillou en La Tercera.

Y aunque reconoció que de ganar el Rechazo “por el lado de los inversionistas tal vez pudiera haber una señal de alivio”, también remarcó que si los cambios son impulsados por el Congreso, éstos “pudieran tener un resultado relativamente más favorable para lo que los inversionistas y los mercados ven más beneficioso para sus intereses”.

“Una victoria del Rechazo en el referéndum podría traer algo de alivio en términos de las expectativas de los mercados”, resumió.

Hernández planteó la preocupación de que dicho escenario desemboque en un nuevo estallido social, y en esa línea aseguró que la visión del organismo es que “dado que el Presidente Boric es bastante más cercano a los sectores que impulsaron esas protestas y de alguna manera refleja los intereses de esos sectores, la posibilidad de que haya disturbios de la magnitud de los observados en 2019 es todavía relativamente moderada”.

Con todo, el economista planteó que un escenario de menor incertidumbre solo se daría en un caso donde “el Gobierno adopte medidas para tratar de salvar, de alguna forma, los principales cambios que se había propuesto en el nuevo texto de la constitución, y esto fuera suficiente para llenar las expectativas de los sectores que están esperando cambios en ese sentido”.

REFORMA TRIBUTARIA
El economista para América Latina de Bloomberg Economics también abordó la discusión en torno a la reforma tributaria, que pretende recaudar 4,1% del PIB.

En la visión de Hernández, el proyecto plantea “una oportunidad para que Chile pueda mejorar las condiciones sociales, lo cual sería un paso importante y algo bastante productivo, en términos de reducir los riesgos y preocupaciones que todavía pueden tener los inversionistas”, tras el estallido social de 2019.

En concreto, planteó que la reforma “va a aprovechar el espacio que tiene Chile para aumentar el recaudo de impuestos y, con esos recursos adicionales, financiar de manera responsable y sostenible un gasto social, que en caso de redundar en una mayor estabilidad política sería un escenario con un efecto positivo para el mediano y largo plazo”.

En contrapartida, consideró como el “punto más crítico” del diseño de la reforma el royalty minero, ya que aseguró que “la inversión privada y extranjera juega un papel muy importante el producción de cobre”.

CRECIMIENTO PARA 2023
Hernández también comentó que sus estimaciones de un crecimiento en torno a 1% para 2023 “son un poco superiores” a las del FMI, impulsadas por un consumo “bastante más resistente a la desaceleración económica”, y donde “los impulsos fiscales anunciados recientemente pueden tener algún efecto positivo, particularmente sobre el consumo privado durante el tercer trimestre”.

Sobre la cifra que estiman, aseguró que es “de todas formas es un escenario algo más positivo que el esperado por el FMI y por el Banco Central”.

Frente a lo que vería el resto de la región, Hernández aseguró que hay que considerar las bases de comparación, y que en el caso chileno “hubo principalmente un impulso fiscal pero también monetario, y el impulso adicional dado por el retiro de los fondos de pensiones privados, que hicieron que la economía de Chile tuviera una recuperación bastante más rápida y significativamente más fuerte que la del promedio de los países en América Latina”.

Consultado sobre las proyecciones para la inflación, comentó que “durante el tercer trimestre, la inflación puede extender esa tendencia alcista que trae hasta los datos publicados para el mes de junio, pero después puede empezar a haber una desaceleración de la inflación”.

Con todo, prevén niveles cercanos al 12% para este año y para 2023 “niveles superiores todavía a los de la meta fijada por el Banco Central”, de 3%.

NUEVA CONSTITUCIÓN DE CHILE PUEDE “DESTRUIR LA ECONOMÍA Y LA DEMOCRACIA”
Una columna de opinión del Wall Street Journal advirtió que la nueva constitución de Chile puede “destruir la economía y la democracia” en el país sudamericano, en caso de ser aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre.

En el artículo “El pacto constitucional suicida de la izquierda chilena” se advierte de las profundas reformas multisectoriales que abarcan los 388 artículos de la propuesta, que busca reemplazar la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“En el ámbito económico, la nueva constitución eliminaría las regulaciones existentes sobre el dominio eminente, permitiendo al gobierno confiscar cualquier tipo de propiedad privada por simple decreto legislativo sin tener que compensar a los legítimos propietarios a precios de mercado”, señaló Axel Kaiser, autor de la nota y miembro del think tank liberal Atlas Network.

Según destacó, el proyecto permite al gobierno “confiscar cualquier tipo de propiedad privada por simple decreto legislativo sin tener que compensar a los legítimos propietarios a precios de mercado”.

Además, critica el cambio a los derechos sobre el agua, protegidos por la actual Constitución, lo que dejaría vulnerables a sectores de uso intensivo como la minería y la industria. La propuesta sostiene la protección de los recursos hídricos en todos sus estados y fases, y que “siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas”, mientras que los demás usos deberán ser determinados por ley.

Kaiser también critica que la propuesta “permitiría la proliferación de empresas estatales en todos los niveles del gobierno, preparando el terreno para una corrupción galopante”, y señala que se debilitaría al Banco Central por permitir que sus miembros sean destituidos por razones políticas.

En cuanto a los derechos laborales, el autor apuntó que el proyecto “crearía algunas de las regulaciones más radicales para los sindicatos en el mundo occidental”.

El columnista, al resaltar la eliminación del Senado para adoptar un sistema unicameral, comparó el texto con la Constitución venezolana de 1999 impulsada por Hugo Chávez. Según sostuvo, la Cámara Alta “ha desempeñado históricamente un papel crucial en el equilibrio del poder político” y opinó que bajo el nuevo sistema habría “poco control externo o interno de su poder”.

Entre otros puntos, se mostró en desacuerdo con el carácter “plurinacional” que propone el texto para el Estado, la creación del Consejo de Justicia para la evaluación de jueces y el posible efecto sobre “otras protecciones del Estado de Derecho” que causaría, según indica, “una ventaja para los cárteles internacionales de la droga que ya operan en el país”.

Durante meses, los sondeos dieron por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto, pero las principales encuestas señalan ahora una mayor preferencia ciudadana hacia mantener la ley actual. Ante ese panorama, Kaiser señaló: “Por ahora, los chilenos parecen haber comprendido la amenaza que supone el proyecto constitucional radical de la izquierda. (...) Si este sentimiento nacional se mantiene hasta la votación del 4 de septiembre, Chile se habrá salvado del autoritarismo, del caos y posiblemente de la guerra civil”.

La derecha y parte de la centro izquierda votará en contra al encontrar el nuevo texto “radical”, mientras que la izquierda hará campaña a favor del “Apruebo”, aunque distintas voces están reclamando un gran pacto para reformar los aspectos más conflictivos.

Con la campaña en marcha, la desinformación sobre la nueva Carta Magna inunda las redes sociales. Afirmaciones como que el nuevo texto constitucional permitirá abortar hasta los nueve meses, que Carabineros (policía militarizada) no usará armas de fuego o que las casas pasarán a ser propiedad del Estado son discursos divulgados por usuarios en redes sociales que han sido desmentidos por verificadores.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que la propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito en septiembre “no es perfecta”, pero que hay “acuerdo” en la coalición oficialista para “mejorar” el texto una vez sea aprobado. ”Tenemos acuerdo (entre) todos quienes apoyan al gobierno de que es posible mejorar”, afirmó el mandatario a los medios tras un acto oficial.

NUEVA CONSTITUCIÓN: COSTO ANUAL FLUCTÚA ENTRE US$ 28.500 MM Y US$ 45.000 MM
Un grupo de economistas integrado por la académica de la Universidad de Talca, Andrea Betancur; Guillermo Larraín, de la Universidad de Chile; Claudia Martínez, del Instituto de Economía de la Universidad Católica; Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, del Centro de Estudios Públicos (CEP), y Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, se abocó a la tarea de realizar dicho cálculo, para lo cual modelaron dos escenarios donde cuantificaron el desembolso en que deberá incurrir el Estado.

Esto quedó plasmado en el estudio “Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución”, que fue publicado en la noche de este jueves (28/07), según informó Carlos Alonso en La Tercera.

Según sus conclusiones, en un escenario bajo (más conservador), el costo total anual es de 8,9% del PIB, lo que equivale a unos US$ 28.500 millones, mientras que en un escenario alto (menos conservador) el monto se eleva a 14,2% del PIB, lo que corresponde a US$ 45.000 millones anuales. la diferencia entre ambos escenarios tiene que ver con la “provisión de servicios y de gasto”, según el informe.

Para tener un orden de magnitud, la reforma tributaria que envió el actual gobierno al Congreso busca recaudar 4 puntos del PIB. Es decir, en el escenario conservador, se necesitan más de dos reformas tributarias, mientras que, en el escenario alto, el financiamiento equivale a tres reformas tributarias y medias.

Otra forma de medirlo es en relación al Presupuesto de la Nación 2022 que asciende a US$ 82.135 millones, Así, en el escenario de mayor gasto, el costo de la nueva Constitución alcanzaría al 55% del erario fiscal vigente.

El documento señala que la estimación “supone la aplicación de la propuesta de nueva Constitución de acuerdo a nuestra interpretación de sus implicancias y la posibilidad de cuantificar. Eso significa, por ejemplo, que asumimos que los derechos que se establecen en ella son todos plenamente satisfechos. Esto puede ser producto de futuras decisiones de política pública que implementen los preceptos constitucionales o fruto de las acciones de tutela que mandaten al gobierno a hacerlo. No hacemos ningún supuesto sobre la velocidad o el orden al cual se implementa el texto, sino que consideramos su costo en régimen”.

Se detalla que en el análisis se distinguen tres tipos de gastos: el gasto anual recurrente directo, para satisfacer el mandato (por ejemplo, un subsidio necesario para el acceso digital o el gasto para la adecuada participación ciudadana); gastos recurrentes en administración estatal (por ejemplo, la creación de una nueva institución o el aumento de capacidades de los gobiernos subnacionales); y gastos no recurrentes por ajustes de stock que, por una sola vez, son necesarios para cumplir ciertos estándares (por ejemplo, la expropiación de tierras para su restitución a los pueblos indígenas o el déficit en vivienda digna).

Así, indican que “para efectos de la contabilidad total, suponemos que este ajuste de stocks se hace en 10 años y, por lo tanto, sumamos una décima parte de este último tipo de gasto como gasto anual”.

En el desglose se establece que el costo para acceso a vivienda fluctúa entre 1,19% del PIB y 1,67% del PIB; para la seguridad social entre 1,33% del PIB y 2,20% del PIB, mientras que para la salud el desembolso va entre 1,89% del PIB y 2,75% del PIB.

Asimismo, en el informe se aclara que “en nuestra metodología consideramos exclusivamente los gastos fiscales directos que gatillaría la aplicación del articulado”, puntualizando que entre los aspectos no considerados están, “por ejemplo, el cambio en la eficiencia del funcionamiento del Estado ni la reacción de personas y empresas derivadas de cambios en las reglas de operación de la economía. Tampoco las implicancias en política tributaria derivada de estos mayores gastos, ni supuestos de la gobernanza del sistema político ni de la calidad de las políticas públicas resultantes, por ejemplo, las implicancias de los cambios en la iniciativa exclusiva del Presidente de la República”.

Se subraya que “las estimaciones que se presentan reflejan nuestro mejor entendimiento de las implicancias fiscales directas de la propuesta de Nueva Constitución. A pesar de que consultamos con distintas personas expertas, reconocemos que hay temas debatibles y que podrían tener una interpretación diferente”.

Uno de los autores del informe Rodrigo Vergara sostuvo a Canal 13 que “el objetivo de este informe es hacer una estimación del costo fiscal directo. Esto sirve para saber cuánto será el gasto en términos adicionales que deberá enfrentar el fisco y eso permite determinar con qué gradualidad podemos implementar las reformas, cómo se va a financiar, hay distintas fuentes de financiamiento, una más tradicional son los impuestos”.

Con respecto a cómo se comparan estos resultados con la experiencia de otros países, según el documento, la información disponible da cuenta de resultados heterogéneos, aunque en su mayoría los países revisados aumentaron considerablemente su indicador de gasto fiscal con respecto al PIB.

En particular Colombia (1991), aumentó en un plazo de 10 años 8,7%; Ecuador (2008) subió el gasto fiscal en 17,1% y Bolivia (2009) tuvo un alza de 6,2%. En el otro extremo, en el caso de Venezuela no muestró un aumento significativo de la razón gasto a PIB.