En Colombia se está cometiendo una masacre ambiental. Así califica el panorama de deforestación el contralor delegado de Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado, al revelar el balance de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños de este tipo en el país.

Parte de las cifras más alarmantes es que cerca del 85 % del oro que exporta Colombia proviene de la minería ilegal. Con las riquezas que llenan los bolsillos de quienes se dedican a esta actividad ilícita, se está contaminando de manera crítica (con minerales pesados como el mercurio y el cianuro, entre otros) ríos como el Atrato, en el Chocó.

Y la situación no para ahí, pues se estima que el 66 % de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en parques naturales y en reservas forestales.

“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los $5 millones, un kilo de oro ilegal está por el orden de $250 millones, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica”, manifestó el funcionario.

Para dimensionar esta “masacre ambiental”, Jurado también precisó que, en el año 1990, Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque, mientras que hoy está llegando a las 59 millones de hectáreas. En 32 años se han perdido 6 millones de hectáreas.

Esto le hace estimar que, en el país, se pierden unas 500 hectáreas de bosque al día, que equivalen a 1.000 estadios tan grandes como El Campín, en Bogotá. Este fenómeno golpea de manera especial regiones como la Amazonía y el Chocó.

Estas, básicamente, son las actuaciones que están originando este malestar:

+ La expansión ilegal de la ganadería, inclusive en Parques Nacionales Naturales, como Chiribiquete y Los Picachos, por parte de bandas criminales organizadas.

+ Los cultivos ilícitos, grandes responsables de la deforestación en la Amazonía y en zonas del Chocó y el sur occidente del país, como la zona de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Para Jurado, parte de las acciones que debería hacer el gobierno entrante (y los futuros) para golpear a las estructuras criminales detrás de estos ilícitos, es perseguirlos económicamente, como extinguiendo los bienes que tienen escondidos por medio de testaferros, o en el exterior.

“Todos los grupos delincuenciales organizados hacen esto por dinero y la única forma de resarcir los daños ambientales que producen es persiguiendo esa plata, para que una vez se decomise, o entre a las arcas del Estado, se utilice a manera de reparación”, subrayó.

En su balance, también detalló que algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) manejan considerables cantidades de dinero que permanecen guardadas, en títulos financieros, sin que se ejecuten en la protección del medio ambiente. Además, otras que sí ejecutan estos recursos están haciendo inversiones mal hechas, y sin planeación.

La Contraloría también detalló que “en cuanto al Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA) 2021 – 2022, que se publicará próximamente por parte de la CGR, Jurado anticipó que el mismo se refiere precisamente a la situación de deforestación absolutamente crítica y grave que enfrenta Colombia y a la contaminación de los recursos hídricos producto de los fenómenos de minería ilegal criminal. Además, el informe señala la necesidad de que Colombia cumpla los compromisos internacionales de descontaminación y de limpieza de los recursos hídricos, que ha adquirido como estado”.

EL INFORME DE NACIONES UNIDAS
Cada año, desde 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, publica el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota’. El más reciente, que vio la luz hace algunas semanas, revela la información recolectada durante el 2021, en todo el país, a partir de imágenes satelitales.

Según las cifras del documento que relevó Antonio José Paz Cardona para Mongabay, el 65 % del oro explotado en tierra el año pasado, sin tener en cuenta el extraído de minas subterráneas y el proveniente de minería de subsistencia, es de origen ilícito.

Durante el 2021 se encontraron evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) en 98 567 hectáreas, las cuales se concentran principalmente en el noroccidente de Colombia, en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Chocó, así como en algunas zonas de Nariño y áreas más pequeñas en Putumayo, Caquetá y Guainía. Además, el 50 % de esas EVOA se encuentran en zonas excluidas de la minería como parques nacionales, sitios Ramsar y reservas forestales.

“Entre los principales hallazgos se identificó que de los 13 departamentos con EVOA en el país, tres de ellos: Antioquia, Chocó y Bolívar concentran el 88 % de la detección nacional”, asegura Pierre Lapaque, quien fue representante de UNODC en Colombia hasta finales de junio de este año.

Para Lapaque, el hecho de que esta minería se esté dando en áreas protegidas y zonas de importancia ambiental es una situación alarmante para los propósitos de conservación y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el país.

Antioquia y Chocó nuevamente son los departamentos con más minería ilegal

El informe muestra que, para 2021, las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) en Colombia disminuyeron en un 2 % con respecto al 2020. Sin embargo, esto no se puede considerar como una tendencia a la baja sino como una muestra de estabilidad del fenómeno. Los análisis incluyeron todas aquellas zonas donde hay una huella detectable a través de imágenes satelitales de alta resolución, es decir, donde hay una evidente pérdida de capa vegetal y se observan lagunas de beneficio y el afloramiento de suelos desnudos.

En 13 de los 32 departamentos del país se detectó EVOA en tierra. Chocó (38 980 hectáreas) y Antioquia (37 588 hectáreas) son los departamentos más críticos pues concentran el 78 % de la explotación aurífera identificada. “Los tres municipios con más EVOA son Zaragoza y Nechí, en Antioquia, y Nóvita, en Chocó. Representan el 22 % del consolidado nacional”, indica Sandra Rodríguez, líder del Área de Procesamiento Digital de Imágenes Satelitales de la UNODC.

Uno de los aspectos que más preocupó a UNODC, al Ministerio de Minas y Energía y a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, es que este año La Guajira se sumó a los departamentos con presencia de EVOA. “Eso nunca había ocurrido desde el año 2018, cuando comenzó a hacerse este reporte. Específicamente en el municipio de Dibulla vemos que hay explotación ilícita, lo cual genera una preocupación sobre todo desde el punto de vista de la protección ambiental porque estamos hablando del piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí es importante redoblar los esfuerzos”, comenta Diego Mesa, ministro de Minas y Energía de Colombia.

El análisis también permite clasificar las zonas afectadas por explotación de oro de aluvión en cuatro grupos. El primero incluye las áreas estables, es decir, que se detectaron en 2020 y se mantuvieron activas en 2021; en esta categoría están 85 998 hectáreas (76 %). El segundo abarca las áreas en expansión —que no existían en 2020 pero se han desarrollado en zonas contiguas a explotaciones más antiguas—; allí se detectaron 9500 hectáreas (8 %).

El tercer grupo es el de las áreas nuevas, focos que apenas están iniciando y que a diferencia de las áreas en expansión —que también son nuevas— no están ligadas a zonas antiguas de explotación; en esta categoría se detectaron 3060 hectáreas (3 %).

Finalmente, están las áreas con indicios de pastos y herbazales, los primeros estadios de la sucesión o regeneración natural; se trata de 14 754 hectáreas (13 %) que se están dejando de explotar. Sin embargo, Rodríguez asegura que esto no necesariamente indica que se llegará a la recuperación de las coberturas vegetales originalmente afectadas pues eso depende, entre otras razones, de la intensidad de la actividad minera en esas zonas.

Rodríguez también menciona un fenómeno que les preocupa y es que muchas de las EVOA no están expandiéndose hacia los lados sino en profundidad y aún no se tiene forma de medir este impacto. “Estamos adelantando una investigación y un desarrollo metodológico para identificar y empezar a vincular esta nueva dimensión de la actividad”, comenta.

También hay otras cifras que llaman la atención en el informe: el 7 % de las EVOA detectadas (6533 hectáreas) corresponde a explotaciones ilícitas que se expandieron y un 2 % (2304 hectáreas) a explotaciones ilícitas nuevas.

El 65 % de la minería de oro de aluvión es ilegal
Uno de los datos más duros del informe es que el 65 % de la actividad minera detectada con imágenes satelitales y herramientas de percepción remota es ilícita. Solo 29 % de las EVOA de 2021 tienen permisos técnicos y/o ambientales, mientras que el 6 % está en tránsito a la legalidad, es decir, aún no tiene los permisos técnicos y ambientales pero están en proceso de obtenerlos. Por otra parte, a los investigadores les alarmó que el 79 % de las EVOA en Chocó son ilícitas y en Antioquia la cifra llega al 45 %.

Los datos preocupantes del reporte no terminan ahí pues también se comprobó que el 50 % de las EVOA (49 469 hectáreas) están en zonas de protección ambiental como reservas forestales, parques nacionales o sitios Ramsar.

“Es muy preocupante que el 35 % de evidencias de explotación de oro se encuentran en la Reserva Forestal del Pacífico que, como lo menciona el informe, alberga algunos de los bosques más biodiversos del planeta. Nuevamente queremos manifestar nuestro rechazo a las acciones criminales de las organizaciones al margen de la ley que acaban con zonas de valor ambiental, exterminando su biodiversidad y dejando desolación, contaminación y aún más pobreza”, dice Brian Harris, director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Durante 2021, la Reserva Nacional Natural Puinawai (84 hectáreas) y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali (6 hectáreas) fueron las áreas protegidas más afectadas por la minería ilegal de oro de aluvión. El informe llama la atención sobre Puinawai pues esta área protegida concentra el 93 % de todas las EVOA detectadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por su parte, el parque Farallones, continuo foco de minería ilegal en el país, disminuyó en 9 hectáreas la presencia de EVOA.

Los datos recopilados por este reporte anual indican que Colombia perdió 10 008 hectáreas de coberturas vegetales de alto valor ambiental y que la explotación de oro de aluvión viene acompañada, en muchos casos, de otras actividades. Por ejemplo, en el 38 % de los territorios con EVOA en tierra también se identificaron cultivos de coca.

“El área sembrada con coca registra 11 102 hectáreas y de EVOA en tierra 25 462 hectáreas. De los 101 municipios con EVOA en el 2021, 70 de ellos presentaron siembra de cultivos de coca. De los 10 municipios con más EVOA en tierra en el 2021, 6 reportaron cultivos de coca en el 2020: 4 se localizan en Antioquia (Zaragoza, Nechí, Cáceres y El Bagre) […] y 2 en Chocó (Nóvita e Istmina)”, dice el informe.

Si la explotación de oro de aluvión en tierra ya es preocupante, lo que sucede en el agua es bastante grave pues, según el informe, toda explotación minera en ríos es ilícita. Las EVOA en agua son más difíciles de identificar y hace varios años representaron uno de los retos metodológicos más grandes para el Ministerio de Minas, la UNODC y la embajada de Estados Unidos. Las imágenes satelitales mostraban balsas y dragas pero tuvieron que desarrollar una aproximación basada en percepción remota con herramientas más especializadas pues esta explotación no deja una huella evidente como ocurre en tierra.

En el 2021 se analizaron 10 ríos de la Amazonía y la Orinoquía —Caquetá, Putumayo, Amazonas, Apaporis, Puré, Cotuhé, Inírida, Atabapo, Negro y Yarí—. Los departamentos más afectados por esta actividad en los ríos fueron Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

“De los 10 ríos que se monitorearon en este reporte, en ocho de ellos encontramos explotación ilícita. Hay un desafío para proteger estas cuencas hídricas, sobre todo el río Caquetá”, asegura el ministro Mesa.

Logros y retos
La información del reporte anual de EVOA en Colombia ha permitido que la Fuerza Pública realice operativos de control. Según indicó Brian Harris de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en 2021 se dieron más de 1700 incautaciones de maquinaria pesada para minería, se destruyeron más de 300 dragas y retroexcavadoras y se capturaron 129 personas pertenecientes al crimen organizado.

Otro asunto relevante del reporte anual tiene que ver con los territorios étnico. Sandra Rodríguez de UNODC menciona que se detectaron 613 hectáreas de EVOA en resguardos indígenas, lo cual representa menos del 1 % de las detecciones del país. Sin embargo, dice que el 45 % (43 325 hectáreas) de la EVOA nacional se encuentra en tierras de las comunidades negras “y es preocupante por cuanto estos territorios conllevan un carácter de manejo diferencial, precisamente por su visión de conservación y protección de la biodiversidad”.

Para Rodríguez, otro dato que no puede pasar desapercibido es que “al hacer un análisis retrospectivo del 2018 al 2021, encontramos que el 39 % del territorio afectado con EVOA —38 826 hectáreas de las 98 567 hectáreas detectadas para este año—, están activas desde el 2018 y corresponden a explotación ilícita”.

Finalmente, el ministro Mesa destaca que en la extracción ilícita de oro hubo una reducción cercana al 8 % “y aunque no es una gran disminución, es algo positivo, al igual que la reducción en la evidencia de explotación en el Parque Natural Los Farallones en Cali”. Sin embargo, reconoce que todavía quedan muchos desafíos pues, por ejemplo, el área de EVOA ilícita que se relaciona con cultivos de coca aumentó. “Definitivamente el reporte es una herramienta fundamental para que la fuerza pública avance en la lucha contra el flagelo de la extracción ilícita de minerales que tiene una cantidad de efectos colaterales muy negativos en materia medioambiental y social”, concluye.