A 10 meses de que Naciones Unidas hiciera conocer al Estado boliviano su preocupación por el aumento de importaciones y uso de mercurio, a la fecha el país no cuenta con un plan de acción para su reducción y tampoco adoptó medidas destinadas a cumplir con el convenio de Minamata.

El relator especial de Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marco Orellana, expresó su preocupación por el aumento de contaminación y los pocos esfuerzos que realiza el Estado para disminuir el uso de este metal en la minería aurífera. El experto participó vía Zoom en el seminario “Mercurio en la minería aurífera, situación y alternativas”, organizado por el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable.

Orellana recordó que en su momento se expresó en una carta la preocupación por el hecho de que Bolivia se estaba convirtiendo en un centro de distribución del mercurio para la minería ilegal en la cuenca amazónica. También se consultó información acerca de las medidas adoptadas.

El 28 de septiembre de 2021 en una carta de alegaciones enviada al Estado boliviano, tanto Orellana como el relator de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresaron su “profunda preocupación por el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia, con sus consecuencias graves en el medioambiente, la salud de las personas, el efecto desproporcionado de la contaminación sobre el territorio indígena, y la vida y la salud de los pueblos indígenas”.

Orellana explicó que frente a esa carta sólo se ha recibido respuesta del gobierno boliviano con información acerca del marco reglamentario y regulatorio vigente en relación con impactos ambientales de la actividad minera.

“Pero a la fecha no hemos recibido información acerca de medidas para la implementación de obligaciones del convenio de Minamata; por ejemplo, lo que es la demora y atraso en la elaboración del Plan de Acción Nacional, ni su contenido, ni el proceso que se va a llevar adelante para su elaboración y consulta”, sostuvo el relator.

El relator Marco Orellana explica los impactos del uso de mercurio. Fredd Ramos / Página Siete

Según Orellana, la elaboración de este plan no sólo es un tema administrativo, sino que el uso del mercurio tiene impactos en las comunidades que practican la minería o las que dependen de los peces y ríos. “Ahí hay una brecha y problema que es importante abordar de manera urgente”, remarcó el Relator.

Alertó que frente a la falta de elaboración de un plan de acción, los pueblos indígenas o personas afectadas (por el mercurio), tienen la oportunidad de acudir a todas las instancias de protección de los derechos humanos.

“La contaminación de mercurio es una fuente de violación de derechos. Hay tratados e instrumentos internacionales que vigilan el cumplimiento de pactos internacionales y derechos civiles y políticos”, dijo.

La coordinadora nacional de la iniciativa suiza Oro Responsable, Ilse Beltrán Monasterios, explicó que el uso de mercurio es una problemática regional, pero Colombia, Ecuador, Perú han elaborado planes de acción para su eliminación y Bolivia se encuentra retrasada.

En este Plan de Acción, el país debe definir plazos para reducir de manera progresiva el uso de mercurio con asistencia técnica y cooperación.

Explicó que con la iniciativa Oro Responsable se promueve la minería responsable y se trabaja con operadores y cooperativas y se los capacita en el uso de tecnologías alternativas para que su operación sea rentable, eficiente y limpia.

“El 97% del oro producido en Bolivia viene de las cooperativas y entonces es un sector con el que se debe trabajar arduamente y capacitarlos sobre tecnologías alternativas. Hay muchas cooperativas que tienen interés en eliminar el mercurio pero hay que trabajar en asistencia técnica”, resaltó Beltrán.