Las reformas económicas y políticas que llevan adelante los países de América Latina ponen a las inversiones mineras en la cuerda floja. Según el Índice de Riesgo Minero de América Latina 2022 de la consultora Americas Market Intelligence (AMI) nuevas reglas en países como Chile y Perú complicaría la llegada de nuevas inversiones.
El informe destaca que si bien existen obstáculos políticos que podrían frenar la llegada de inversiones, la mayoría de las trabas para los proyectos mineros actualmente se originan en problemas locales, no nacionales, como por ejemplo el caso de Chubut en Argentina o Las Bambas en Perú.
Si bien Chile, Perú y Argentina ocupan los últimos escalones del ranking (en ese orden). Para cumplir con las metas del acuerdo con el FMI, Alberto Fernandez (y su equipo) llevan adelante una serie de reformas impositivas y de acceso a divisas que complican las inversiones actuales y las potenciales.
Un aspecto positivo, en materia fiscal, es que la mayoría de las regulaciones es por provincias y eso hace que las más "amigables" con la inversión minera como Salta, San Juan o Jujuy otorguen mayores beneficios. Pero en el caso de Chubut que las decisiones pasen sólo por una definición provincial complicó las cosas, si bien la Legislatura en una primera instancia votó a favor de realizar minería en la provincia por el caos provocado por las manifestaciones sociales tuvieron que dar marcha atrás y está a la espera de un plebiscito.
Chile sigue siendo el destino top para la llegada de inversiones mineras pero las revueltas del 2019 que debilitaron el gobierno de Sebastián Piñera y permitieron el ascenso de la izquierda con Gabriel Boric, comenzaron a dificultar las cosas. Con la llegada del nuevo presidente se agilizó el plan de reforma Constitucional que determina muchas trabas para la minería de cobre, la principal fuente de ingresos del país.
La minería ilegal y los conflictos con las comunidades son los dos problemas que más complican a la minería de Perú y que el presidente Pedro Castillo no puede contener.
Una demanda creciente para participar en los ingresos de los recursos naturales, reglas de protección ambiental más estrictas y cambios en las leyes están aumentando los riesgos para las mineras y energéticas en América Latina.
ARGENTINA: EL IMPACTO DE UNA CRISIS FISCAL
Luego de negociar con el FMI, la administración del presidente Alberto Fernández está al acecho de nuevos ingresos tributarios. Afortunadamente, la mayoría de las regulaciones mineras, incluidos los impuestos, se rigen por las provincias. Sin embargo, las provincias dependen de Buenos Aires para los pagos de transferencia, por lo que comparten la carga de una crisis fiscal nacional.
A medida que crece la minería de Argentina (gracias a las reservas de litio y cobre), la fortaleza del sector atraerá una atención más celosa de los líderes políticos nacionales.
Para comprender cómo una crisis fiscal puede afectar a las provincias, se deben analizar las lealtades políticas entre los gobernadores provinciales y el gobierno nacional. El entorno de regulación e impuestos provinciales excepcionalmente descentralizados de Argentina obliga a un inversionista minero a profundizar en la(s) provincia(s) de interés y no sacar conclusiones basadas en factores políticos y económicos nacionales.
En Argentina, la mayoría de las minas hasta la fecha están ubicadas remotamente. Esto ha ayudado a minimizar la oposición de la comunidad local, que a menudo surge sobre el uso compartido del agua y la tierra.
Sin embargo, se han encontrado varios depósitos mineros descubiertos recientemente en los glaciares o cerca de ellos, lo que toca un nervio nacional que dificulta su explotación. La competencia en materia ambiental y su impacto en la minería se divide entre los gobiernos nacional y provincial, lo que genera casos legales aún indecisos que podrían marcar la pauta para una futura minería que podría impactar en los glaciares pero, mientras tanto, también podría provocar inseguridad jurídica e inercia de inversión. Hasta el momento, las autoridades provinciales no han excluido ni limitado los proyectos cerca de los glaciares. Sin embargo, el debate público y por extensión el debate político sobre el tema continúa.
La inversión minera prospera en algunas provincias gracias a los bajos impuestos, la mínima oposición de la comunidad y la libertad para resolver disputas en tribunales internacionales Las provincias a favor de la minería, como Salta, son algunas de las más atractivas de las Américas según el último informe del Instituto Fraser.
A fines de 2021, la legislatura provincial de Chubut votó a favor de permitir la minería a cielo abierto sin el uso de cianuro. Siguieron protestas de la sociedad civil y grupos ecologistas que pronto se tornaron violentas. Cuando se incendiaron los edificios públicos, el gobernador Mariano Arcioni revocó la decisión de la legislatura y establecióo que la decisión de "minería sí, minería no" sería a través de un plebiscito.
Chubut podría recibir US$ 1.200 millones, con un gasto inicial de US$ 710 millones sólo de de Pan American Silver, la minera que apuesta al proyecto de plata Navidad en la Meseta. Se generarían en promedio y a lo largo de dos décadas, US$ 170 millones en salarios y compras de bienes y servicios nacionales. Podría generar US$ 350 millones en exportaciones anuales desde el puerto provincial. El empleo directo durante la fase operativa sería de aproximadamente 800 trabajadores y 1.800 directos mientras que en la inicial de construcción los números serían 1.400 y 3.300, respectivamente.
Bajo presión fiscal, Fernández ha decidido hacer todo lo posible para impulsar las exportaciones mineras. Los impuestos a la exportación (para la minería) se redujeron en promedio del 12% al 8% en 2020.
En 2022 se estableció un sistema de retenciones progresivas y opcionales, el nuevo régimen dispone la posibilidad del reemplazo de la actual alícuota del 4,5% para el cobre, por una alícuota variable, con un rango entre 0 y 8%.
Para las mineras que invirtieron más de US$ 100 millones, se hicieron concesiones para la repatriación de utilidades. Más iniciativas para relajar los onerosos impuestos a la exportación y los controles de divisas están esperando mientras Argentina se esfuerza por cumplir con el nuevo acuerdo del FMI que se negoció en marzo de 2022, destaca el informe.
De cara al futuro, las mineras pueden esperar que la acción política cumpla con el reciente llamado de la corte constitucional a una mayor seguridad jurídica con respecto a la Ley Nacional de Glaciares.
CHILE: CONSTITUCIÓN E INESTABILIDAD
La notable riqueza de Chile se construyó mediante la explotación de recursos naturales a través de concesiones privadas. Pero la sociedad chilena sigue siendo muy desigual, una frustración que condujo a protestas en 2019, una asamblea constitucional antisistema en 2021, la elección del presidente izquierdista Gabriel Boric a fines de 2021 y una nueva constitución potencialmente disruptiva en 2022.
Los líderes empresariales denuncian el fin del modelo económico democrático más neoliberal del mundo, pero sus predicciones del fin del mundo son exageradas. Las empresas seguirán prosperando en Chile, pero tendrán que adaptarse. Si la constitución es ratificada por dos tercios de los votantes chilenos en septiembre de 2022 , las mineras podrían enfrentar los siguientes cambios:
+ Prohibición de la minería en los glaciares, muchos de los cuales están adyacentes a depósitos de litio
+ Consentimiento previo obligatorio de la comunidad en nuevas concesiones mineras cerca de reclamos de tierras indígenas
+ El fin de la propiedad del agua dentro de los límites de la concesión, reemplazado por un proceso de permisos de agua
Las mineras internacionales generalmente son optimistas sobre los cambios que se están produciendo en Chile, una jurisdicción que aún consideran menos riesgosa que todas las demás en América Latina, como lo refleja el puntaje del índice de riesgo de AMI.
Con el 13% del PIB y el 57% de las exportaciones, alrededor del 12% de contribución de impuestos directos y aproximadamente el 25% de contribución de impuestos indirectos, la minería es el alma de la economía chilena, un hecho bien entendido tanto por la clase política como por los votantes.
Así como Noruega no está dispuesta a abandonar sus recursos petroleros, Chile no abandonará la minería. Pero al igual que los orwegianos, los chilenos quieren mantener su sector #1 con un estándar ambiental y comunitario más alto, aumentando los impuestos y usándolos para crear una sociedad más igualitaria.
Las empresas mineras enfrentan un incómodo período de transición por delante, completo con duras negociaciones, batallas legales y un intenso escrutinio de relaciones públicas. En última instancia, el sentido nacional de pragmatismo de Chile debería conducir a una nueva normalidad viable.
Cada vez más, la minería chilena tiende hacia los megaproyectos, dados los altos costos operativos. Más del 90% de las minas están ubicadas en el norte árido, lejos del agua y la energía barata.
Las nuevas minas de cobre incorporan plantas de desalinización y generación de energía solar en sus planes parapueden operar en el norte. El mantenimiento de minas aisladas cuesta más en infraestructura, costos de transporte y mano de obra.
Después de décadas de intensa actividad minera, las minas recién desarrolladas en Chile presentan rendimientos más bajos que en el pasado. En conjunto, estos factores obligan a los mineros a construir a gran escala (5 de las 10 minas más grandes de América Latina se encuentran en Chile).
Las minas más grandes alteran las comunidades y los entornos. Durante los últimos 30 años, aproximadamente el 40% de los proyectos mineros propuestos en Chile han sido rechazados por desaprobación regulatoria, oposición de la comunidad y/o mandato.
Es probable que ese porcentaje aumente en el futuro. Mientras el mundo espera la conclusión del experimento constitucional de Chile, la administración Boric sigue adelante con su propia agenda. En enero de 2022, el congreso chileno aprobó un proyecto de ley para limitar las asignaciones ilimitadas de agua a 30 años y facultar a los reguladores para suspender los derechos que no se están utilizando o si los suministros están en riesgo.
Al mismo tiempo, el Senado chileno aprobó una propuesta de ley tributaria que apunta tanto a la minería del cobre como a la del litio. Las diferentes opciones gravan los ingresos brutos versus las ganancias. La industria minera seguirá presionando para la moderación en cualquier intento de aumentar los niveles de impuestos.
El destino de la industria del litio de Chile generará mucho debate en 2022 y 2023 a medida que el gobierno considere diferentes propuestas, diseñadas para convertir a Chile en el líder mundial en la producción de litio, desarrollar una industria de valor agregado y extraer impuestos extraordinarios del "metal del futuro". ”
PERÚ: CASTILLO, MINERÍA ILEGAL Y BLOQUEOS
Después de Chile, ningún país de América Latina ha aprovechado su geología en el crecimiento económico nacional con tanta eficacia como Perú. Pero con tal creación de riqueza ha venido la envidia, la rivalidad y el oportunismo político.
Los precios elevados y una economía debilitada por el COVID han atraído aún más buscadores a la inmensa industria minera de oro informal/ilegal de Perú, la causa raíz de los dos problemas más grandes de la industria: Oposición comunitaria y seguridad.
La minería ilegal de oro involucra una compleja red de mineros, intermediarios y propietarios de concesiones mineras, incluidos los capos, que se componen de grupos armados extranjeros, familias poderosas y políticos corruptos.
Se cree que el Frente 63 del grupo guerrillero FARC de Colombia brinda protección y apoyo logístico a los mineros peruanos ilegales a lo largo del río Putumayo. Se supone que las redes de contrabando de personas y los madereros ilegales blanquean dinero a través de la extracción y el procesamiento ilegal de oro.
Las protestas contra la minería han aumentado desde que Pedro Castillo, del ultraizquierdista Perú Libre (PL), asumió el cargo. El presidente criticó al sector minero durante su campaña electoral y prometió apoyar a las comunidades locales en sus conflictos de larga data. Pero poco después de formar su primer gabinete, Castillo revirtió varias de sus posiciones anti-mineras.
Este y otros factores contribuyeron a su caída dramática en el apoyo público. Con el resto de su mandato en duda, Castillo continúa dando vueltas en temas mineros, tratando de aplacar tanto a los inversionistas mineros como a su base política concentrada en la sierra.
El progreso en la resolución de conflictos mineros ha sido lento, ya que los repetidos cambios en el gabinete han hecho que sea casi imposible adoptar un enfoque coherente.
Varios conflictos mineros siguen sin resolverse y amenazan con escalar, como el de la mina de cobre Las Bambas, que paralizó sus operaciones en abril de 2022 debido a un bloqueo prolongado por parte de la comunidad local.
La oposición de la comunidad a los grandes proyectos proviene de fuentes de queja tanto legítimas como dudosas. La falta de educación y capacitación entre las poblaciones locales de la sierra a menudo las descalifica para ser empleadas después de la Fase de construcción. Las crisis fiscales que surgen en Lima de vez en cuando han llevado a que los flujos de regalías goteen a las comunidades locales.
También se sabe que los mineros ilegales y los sindicatos del crimen organizado ayudan a organizar la oposición local a las grandes minas que amenazan su sustento.
Una marcada falta de apoyo de la comunidad, que a menudo se manifiesta a través de protestas, a su vez ha retrasado el inicio de miles de millones de dólares en proyectos aprobados. Esto ha convencido a los mineros de involucrarse más con las comunidades locales.
Buenaventura es anunciada como una empresa que se esfuerza por contratar localmente y comprometerse con las comunidades. Los humildes comienzos de Buenaventura en la provincia de Angaraes también mejoran la legitimidad de la empresa.
Dicho esto, la industria minera se ha convertido en un fútbol político en el enfrentamiento entre los políticos establecidos de Perú y el advenedizo presidente Castillo. Están en juego algunas decisiones políticas y planes de implementación que realmente podrían tener un impacto en el sector.
Por ejemplo, para financiar los aumentos planificados en el gasto social, se propuso una reforma tributaria que recaudaría US$3 mil millones (1,4% del PIB de Perú) mediante el aumento de las tasas impositivas para las personas de altos ingresos, los propietarios y el sector minero.
Aún debe definirse adecuadamente el concepto de “rentabilidad social” que se introdujo a principios de la administración Castillo. En términos generales, sugiere que los proyectos aprobados deben generar beneficios económicos duraderos y costos ambientales mínimos para una comunidad. Sin embargo, sin una definición clara, algunos mineros se muestran reacios a gastar una cantidad considerable de dinero para hacer avanzar los proyectos.
LA ENCUESTA
John Price y Alejandro Álvarez, son los autores del informe que analiza los principales riesgos de la minería en America Latina a partir del análisis de siete áreas de riesgo que reflejan colectivamente los riesgos más importantes que enfrentan los inversionistas y operadores mineros en la región.
El Índice de Riesgo Minero de América Latina es la cuantificación de esos siete riesgos, un cuadro de mando que aplicamos a las principales jurisdicciones mineras nacionales de América Latina.
Los siete riesgos cuantificados en el Índice son:
1. Interferencia política
2. Presión económica
3. Oposición comunitaria
4. Inestabilidad legal y regulatoria
5. Riesgo reputacional
6. Seguridad y protección
7. Riesgo operacional
"Para calcular el índice, aplicamos más de 70 métricas, provenientes de una combinación de publicaciones fuentes y nuestras propias entrevistas con mineros, abogados, reguladores y otros en cada país".
"Se necesita un enfoque holístico tanto para analizar el riesgo como para mitigarlo. Los mineros generalmente enfrentan el riesgo a través de tres enfoques diferentes: relaciones gubernamentales, RSE y relaciones públicas. Para optimizar estos tres presupuestos separados y equipos gerenciales, sus acciones deben ser coordinadas y continuamente alimentadas con inteligencia. De lo contrario, sus acciones pueden ser más un obstáculo que una ayuda", concluye el detalle del informe.
