“Tenemos una semana legislativa importante, como ustedes lo saben hemos discutido bastante, a propósito de una situación que nos parece abusiva en relación a una empresa de gas natural y por tanto esta semana se va a materializar el ingreso de la ley corta sobre gas natural”, dijo en La Moneda, la ministra Camila Vallejo.

Semanas atrás, el ministro de Energía, Claudio Huepe en la sesión de las comisiones unidas de Economía y Minería y Energía del Senado, el secretario de Estado dijo "vamos a presentar una ley corta que va a permitir enfrentar en lo inmediato los problemas que han causado más conmoción pública en términos del mercado del gas, en particular por el tema de una rentabilidad avaluada entre empresas relacionadas".

"Nosotros estamos tomando como referencia todos los proyectos que fueron presentados por los parlamentarios, los hemos revisado, y viendo sus particularidades todos apuntan más o menos a lo mismo, con diferentes enfoques y técnicas, y lo que vamos a hacer es presentar este proyecto refundiendo estas iniciativas parlamentarias, y agregándole, para mayor eficacia, una revisión de la rentabilidad", agregó.

Según indicó Emol, en ese sentido, la autoridad dijo "con este proyecto de ley nosotros queremos avanzar en algo de manera bastante inmediata. Hay una revisión más de largo plazo que es necesaria del mercado del gas natural en varias otras dimensiones, transporte, acceso abierto, estructura, integración, hay una serie de condiciones que hay que mirar con más calma, y eso esperamos hacerlo después".

Añadiendo que, en lo inmediato, "nuestra decisión es avanzar en esta ley que tendría efectos en un plazo relativamente corto, es el objetivo de esta propuesta que queremos presentar ingresándola por el Senado durante esta semana". En lo sustancial, Huepe explicó que, respecto del gas natural, el proyecto va a "evaluar la rentabilidad cuando hay una empresa relacionada, de tal manera de incorporar esta variable.

Y segundo, modificar o ajustar la rentabilidad aceptable, que hoy está fijada por ley para las empresas, de tal manera que, a través de esa vía, tener un impacto en el corto plazo sobre las tarifas que pagan los consumidores". "Esto es una ley cuyo objetivo es relativamente acotado, no modifica el fundamento de cómo opera el sistema regulatorio actual, que es lo que se va a enfrentar en la ley larga, que queda revisar varios aspectos, aparte del tema del libre acceso, acceso a ductor, y avanzar hacia la tarificación como regla, y no como excepción", precisó.

En cuanto al gas licuado de petróleo, señaló que "estamos actuando por dos vías, una más administrativa, o ejecutiva, a través de Enap, y otra más de mercado, a través de un proyecto de ley. Lo que estanos haciendo a través de Enap es básicamente introducir el cuarto actor que se mencionó en el informe de la FNE, que en el fondo se requería un nuevo actor en el mercado mayorista". "Enap produce aproximadamente el 175 del gas licuado que se consume en Chile, aunque lo vende a granel.

Entonces, el mecanismo por el cual estamos actuando en el más corto plazo es a través de la acción directa de Enap como distribuidor mayorista de gas, intentando avanzar, a partir de un esquema relativamente piloto, con unos pocos cilindros que estarían disponibles este mes, hasta un proceso progresivo de tener más cilindros", añadió. Y subrayó que "en el gas licuado de petróleo el rol del cuarto actor es fundamental porque es lo que llamaríamos una presión competitiva, dado que justamente lo que buscamos es reducir al máximo el precio al cual se vende a los ciudadanos".

Tras ello, concluyó que "para distinguir los ámbitos de lo que llamamos la ley larga y la ley corta, la ley larga trata muchos más temas que no tienen que ver directamente, o exclusivamente, de si la determinación de la tarifa final, sino con la operación del mercado, para facilitar más actores. Y por lo tanto, para que eso también tenga impacto de largo plazo en asegurar la estabilidad de las tarifas, y que sea hasta lo más bajo posible de manera permanente".

Por otro lado, y a principios de este mes, el gobierno sostuvo que estudiará la derogación del artículo que permitió a Metrogas evitar la fijación de sus tarifas. Esto luego que en 2016, la empresa creó una firma espejo para importar gas a Chile, lo que según la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le permitió disminuir artificialmente su rentabilidad y eludir la fijación de precios.