¿Qué tienen en común Alberto Fernandez, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Lula Da Silva? Además de ser presidentes actuales o políticos en campaña de América Latina, todos buscan implementar una reforma tributaria que eleve los impuestos a quienes tienen mayores ingresos. 

A fines de 2021 el Fondo Monetario Internacional presentó un informe en el que detalla las fallas que identifica en los sistemas tributarios de los principales países de América Latina, es decir, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

También destacó que un mejor diseño de las reformas tributarias en la región podría ayudar al crecimiento económico y a reducir los grandes índices de desigualdad del ingreso.

Según el FMI, la mayoría de los países de América Latina presentan una importante brecha entre la recaudación efectiva y la potencial.

Dice que los países latinoamericanos recaudaron 13 puntos porcentuales del PIB menos en ingresos tributarios que el promedio de la Ocde, y la brecha persiste aún después de tener en cuenta los niveles de PIB per cápita.

El FMI advierte que la base gravable para el impuesto de renta de personas naturales es corta, es decir, los umbrales son para los que tienen ingresos “demasiado” altos, las tasas son bajas y tienen muchas deducciones generalizadas y regresivas, que tienden a beneficiar a los ricos.

Pone de ejemplo a un trabajador que viva en una de las cinco mayores economías de América Latina, el cual tendría que ganar 10 veces más el PIB per cápita para estar obligado a pagar la tasa máxima de renta. Además, se beneficiaría de deducciones impositivas, que reducirían sustancialmente el monto que debería pagar.

En cambio, ese mismo trabajador, si viviera en otro de los países de la Ocde, tendría que ganar tan solo 3,5 veces el PIB per cápita del país para estar sujeto a la tasa máxima de renta.

El FMI dice que cuando se diseña bien, la captación de ingresos del impuesto de renta de personas naturales incide en el crecimiento de forma similar que el IVA, y podría ayudar a mejorar la equidad.

Agrega que se deben reducir las deducciones para simplificar el sistema, incrementar ingresos y lograr que la tributación sea más progresiva para que personas que ganan más paguen más impuestos.

“El argumento económico para mantener bajos los impuestos a los ricos es débil. Las reformas importantes que reducen los impuestos a los ricos conducen a una mayor desigualdad de ingresos, pero no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico o el desempleo”, dijo Néstor Castañeda, profesor de Economía de América Latina en University College de Londres.

En cambio, el FMI dice que Latinoamérica tiene una dependencia “excesiva” en los ingresos del impuesto de renta a las empresas.

“Debería evaluarse detenidamente la tributación de las sociedades en la región, ya que la gran dependencia en este impuesto ha puesto trabas a la inversión y al crecimiento. Las reformas deberían centrarse en ampliar la base racionalizando los beneficios fiscales y las deducciones para lograr una equidad horizontal”, manifestó sobre el informe Santiago Acosta Ormaechea, economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Sobre el IVA, el estudio dice que es una fuente favorable para el crecimiento de la región y que es el principal ingreso tributario en América Latina. Agrega que la recaudación de este impuesto es semejante a la de la Ocde y que es favorable para el crecimiento.

EL PLAN DE CHILE PARA GRAVAR "GRANDES FORTUNAS"
Mientras los Diputados de Argentina se encaminan a debatir el  proyecto impulsado por el  Ministerio de Economía en comisiones, Chile confirmó que este viernes 1 de julio presentará los detalles del proyecto de reforma tributaria que presentará al Congreso, mientras en paralelo busca contar con apoyo oficialista.

Según detalló el ministro de Hacienda, Mario Marcel,  en cuanto al contenido de la iniciativa, se detalló que “hay reformas al régimen de tributación a la renta, particularmente a la renta personal y su vinculación con los ingresos por concepto de dividendo y otros ingresos del capital”.

“Está el tema del impuesto patrimonial y cambios a la estructura del Impuesto Global Complementario, fundamentalmente en los tramos altos”, agregó el expresidente del Banco Central.

Crecen los rechazos al proyecto de Boric. El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), espera que el Gobierno se haga cargo del complejo escenario económico por el que atraviesa el país, lo que a su juicio es más relevante para la ciudadanía que el avance de la reforma, indicó el diario Bio Bio.

“Lo que debería ser parte de un acuerdo, es cómo hacer un plan para enfrentar junto a la inflación que tiene que ver controles de gastos públicos y fomentos de la inversión, que es un camino diferente del que el Gobierno está hoy asumiendo y mi impresión es que ahí hay un divorcio grande entre lo que son las prioridades del Gobierno con las necesidades de la gente”, sostuvo.

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, cree que la prioridad de las modificaciones tributarias debe estar en generar incentivos a la inversión.

“Hay que incentivar la inversión privada para mejorar la recaudación, pero no, por ejemplo, cobrar impuestos por algo que ya pagó, eso solo incrementará aún más la fuga de capitales. Espero que la reforma tributaria se haga cargo de incentivar la inversión privada, establezca mecanismos para atraer los capitales extranjeros y así se creen empleos y con ello se puedan también alcanzar mejores ingresos para las personas”, aseguró.

QUÉ HARÁ PETRO
 El presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, anuncia que la reforma tributaria tiene que ser "este año", y no recaerá sobre el bolsillo del "pueblo", sino sobre las capas "privilegiadas".

“Desmontaremos gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio”, dice el programa de Pacto Histórico, y afirma que a causa de esos beneficios se deja de percibir el equivalente a cerca de un 3,5% del PIB al año, informó CNN.

Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña de Petro Bonilla apunta a la eliminación de exenciones y beneficios y a establecer unas “reglas de juego únicas”, aunque esto implicaría revisar los “derechos adquiridos”.

Los dividendos, otro pilar de la reforma tributaria de Petro

En el programa de Pacto Histórico se proponía una reforma tributaria que, entre otros aspectos, se enfocara en los dividendos: que sea obligatorio declararlos y siempre tengan que pagar impuestos. Sinisterra explicó que, una de las propuestas que se manejó en este sentido, es aumentar el porcentaje de pago por dividendos a partir de ciertas cifras del 2% como es ahora al 15%.

¿Haría esto que los empresarios se vayan del país? “Están hablando de una estampida de personas que se van a ir a invertir a otro país, pero la verdad es que casi todos los países están convergiendo en ese sentido, sobre todo en este momento pospandemia en el que el país necesita caja”, analizó.

El experto considera que Petro tiene posibilidades de que la reforma pase en el Congreso. Puede haber cambios en los porcentajes, por ejemplo, pero los apoyos le permitirían avanzar.

“Mi propuesta tributaria consiste en aumentar impuestos a banqueros y petroleros, la de mi contrincante en aumentar el impuesto a la comida”, escribió Petro el 16 de junio, cuando faltaban pocos días para la segunda vuelta.

Bonilla insistió esta semana en que no se va a “tocar” la canasta básica al consultársele sobre el IVA y que se puede esperar más tiempo para tener una “discusión ordenada” sobre los bienes que quedan excluidos del impuesto.

¿Cómo se pueden plantear las negociaciones con el sector empresarial? “Los grandes empresarios (los que califica como “serios”) lo que quieren es hablar con los presidentes”, dice Sinisterra. Sentarse y negociar. Por eso, según su visión, “el presidente electo tiene una gran cortina de oportunidades para sentarse a hablar si esa es su verdadera intención y llegar a unos acuerdos”.

En las negociaciones una pieza fundamental será el ministro de Economía. Saber quién ocupará ese cargo y cuál es la línea que impulsará, coinciden múltiples voces, ayudará a que disminuya la incertidumbre poselectoral en Colombia y sería el inicio de un nuevo momento en esta transición.

De hecho, en una entrevista concedida a Blu Radio tras el resultado de las elecciones, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, dijo que le hubiera gustado un mensaje más claro de Petro tras el resultado sobre quiénes son las personas que estarán al frente de la política económica “y el tipo de ideología que hay detrás de ellas”. Conocer el equipo rápidamente, argumentó, daría tranquilidad y ayudaría a hacer frente a la incertidumbre.

El programa de Petro y Márquez, que apuesta a un aumento de 5,5 puntos del PIB en la recaudación de impuestos, dice que quieren poner a Colombia “de manera gradual al nivel de tributación de los países de la OCDE”.

En 2020, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que está compuesta por cerca de 40 países, Colombia estaba considerablemente por debajo de la media de la OCDE. El promedio de estos países era de ingresos tributarios que representaban un 33,5% del PIB, mientras que en Colombia el porcentaje ascendía a 18,7%.

Por encima de Colombia y debajo de esa media había 17 países de América Latina y el Caribe, entre ellas tres de las mayores economías de la región: Brasil, Argentina y Chile. México, que junto con Colombia completaría a las cinco más grandes, se situaban entonces dos peldaños por debajo.

REFORMA TRIBUTARIA Y FESTIVAL DE GASTOS: EL PLAN DE LULA SEGÚN FT
Según publicó Financial Times, el programa, de noventa puntos, articula muchos de los objetivos centrales del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y ofrece la primera señal clara de la dirección que tomará la mayor economía de Latinoamérica si vence en las urnas al actual presidente Jair Bolsonaro.

El manifiesto, que ha sido diseñado por Aloízio Mercadante, un cercano aliado de Lula y cofundador del PT, aún debe ser ratificado por los partidos aliados y sometido a consulta pública, un proceso que puede durar meses.

Lula sirvió durante dos mandatos como presidente de Brasil, desde 2003 hasta 2010 y dejó el cargo con una tasa de aprobación del 80%. En sus años de gobierno, se ganó una reputación de mandatario pragmático, muy respetado por mantener la ortodoxia económica al tiempo que se tomaban medidas para aliviar la pobreza.

No está claro, en todo caso, qué se puede esperar ahora de Lula, sobre todo, después de que ha pasado dos años en prisión por corrupción. La sentencia fue anulada por problemas relacionados con el procedimiento penal.

En reuniones recientes con altos ejecutivos brasileños, emisarios de Lula han hecho hincapié en que la futura administración del líder socialista será fiscalmente responsable y que respetará la independencia del banco central brasileño, según han asegurado fuentes que han participado en esos encuentros.

El manifiesto, sin embargo, pone el foco en la necesidad de incrementar el gasto en infraestructura, que apenas supone actualmente el 2% del presupuesto federal brasileño. Para financiarlo, los economistas del PT aseguran que el país deberá abandonar el techo de gasto, que limita el aumento presupuestario a la inflación durante un periodo de veinte año.

"Pongamos a los pobres y a los trabajadores otra vez dentro del presupuesto; para ello, es necesario eliminar el techo de gasto y revisar el sistema fiscal, que es disfuncional y ha perdida toda su credibilidad", asegura el manifiesto.

Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Los economistas internacionales han criticado en numerosas ocasiones el complejo sistema fiscal, que se basa especialmente en un fuerte gravamen del consumo mientras que los dividendos están exentos, lo que imposibilita que la riqueza se distribuya de forma equilibrada.

El manifiesto también propone derogar la reforma laboral aprobada en 2017 bajo el mandato de Michel Temer y que fue aplaudida por los empresarios, ya que ofrece una mayor flexibilidad; sin embargo, la izquierda la ha criticado porque no ha creado los puestos de trabajo que prometió.

Viktor Szabó, director de inversiones de deuda de mercados emergentes en Abrdn, describe el manifiesto como "más Estado, menos sector privado y potencialmente una política fiscal más laxa". "Al PT el instinto le pide que aumente el gasto público y la inversión; sin embargo, en Brasil hemos aprendido que el gasto público es ineficiente y que suele ser, además, terreno abonado para la corrupción", añade. "Lo peor es que sólo hablan de eliminar el texto de gasto y derogar la reforma laboral, que fueron dos logros importantes para Brasil", se lamenta.

Abandonar el techo de gasto es la manzana de la discordia en Faria Lima, el Wall Street brasileño. Para los inversores, el techo de gasto es clave para prevenir un gasto excesivo en una economía emergente cuya deuda ha alcanzado el 90% del PBI. "El techo de gasto es el ancla fiscal de Brasil, previene que se gaste más de lo que puede pagar y eso da confianza a los inversores para seguir invirtiendo en el país. Hoy tenemos una mejor salud fiscal, aunque es artificial a causa de la inflación", explica Ariane Benedito, economista en CM Capital Markets.

"Brasil depende del capital extranjero y un empeoramiento de las cuentas públicas podría causar salidas de capital lo que complicaría el objetivo de Lula de reducir la desigualdad. Tiene que haber un equilibrio entre la política social y la fiscal", defiende.

Los analistas de Citigroup aseguraron en un informe que el compromiso del candidato socialista de ser fiscalmente responsable "sugiere que podría subir impuestos, al menos de forma parcial para compensar el aumento del gasto".

El manifiesto también pone el foco sobre la necesidad de controlar la inflación, que se ha elevado hasta el 12% sin que se haya establecido una estrategia clara para reducirla. Según un veterano miembro del PT, el documento representa "el camino de en medio" porque a la vez que recoge los valores tradicionales del partido intenta también modernizar esos valores y adaptarlos a los desafíos del Siglo XXI".

Además de en el sector empresarial, el manifiesto ha causado desasosiego también en algunos de los partidos aliados del PT, como el Partido Socialista de Brasil, entre ellos Geraldo Alckmin, un centrista que sería vicepresidente en el gobierno de Lula. Según los medios locales, el partido está molesto porque el manifiesto no recoge sus propuestas económicas.