Luego de la confirmación del cierre de la Fundición Ventanas no sólo se manifestaron los trabajadores de Codelco sino que representantes gremiales y políticos dieron su mirada sobre la decisión.
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, reconoció que la decisión del cierre de la Fundición Ventanas no fue fácil y reiteró que "ninguno de las 348 personas de la fundición quedará sin trabajo".
Desde que Ventanas pasó a ser parte de Codelco en 2005, la empresa nacional del cobre ha hecho dos grandes inversiones para lograr cumplir las normativas medioambientales, según consta en una minuta interna del Gobierno. Entre 2005 y 2013 Codelco inyectó 27,5 millones de dólares en la fundición, pese a esto los episodios siguieron agravándose. Luego, entre el 2013 al 2018 la cuprífera volvió a desembolsar 128 millones de dólares.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, junto con entender y solidarizar con la situación sanitaría que enfrentan las comunidades de Quintero y Puchuncaví, estimó que el cierre de la Fundición Ventanas anunciado por el gobierno “es una medida apresurada y de enorme magnitud en sus efectos no sólo económicos y productivos, sino también sociales. Aquí el costo económico y social de cerrar Ventanas es mucho más alto que el costo de invertir en una nueva fundición que cumpla con las normativas medioambientales”.
A través de una carta enviada a los trabajadores, Máximo Pacheco dijo que "la definición de la mayoría del directorio de avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas se ha tomado con inmensa responsabilidad, considerando el mejor interés de la empresa, y cumpliendo con dos peticiones expresas: terminar con la incertidumbre que acompañaba desde hace años a quienes operan en este proceso y asegurar el diálogo con las dirigencias sindicales de la división".
"Ésta no ha sido una decisión fácil. Sabemos que los trabajadores y las trabajadoras de la fundición han dado lo mejor de sí para que las mejoras medioambientales de los últimos años sirvan al bien común de proteger el entorno de Puchuncaví y Quintero, y, especialmente, la salud de sus habitantes. Tenemos certeza de que han puesto el corazón en esto, porque cada uno de ellos y sus familias son parte de la comunidad que sufre las consecuencias de estar inmersos en un polo industrial que contamina y que fue declarado zona saturada hace casi 30 años", continúa el texto de Pacheco.
Según publicó Cooperativa, Pacheco lamentó que "son tres décadas en las que, a pesar de los continuos esfuerzos, no se ha logrado una solución definitiva que termine con el pesar de las 52 mil personas que viven en la zona que muchos llaman de sacrificio".
"Se ha instalado que con una inversión de 54 millones de dólares terminaríamos con este grave problema. Lamentablemente, no es así. Financiar esas obras sólo serviría para disminuir las emisiones y mejorar su dispersión, pero seguiríamos expuestos a nuevos peaks de gases contaminantes", precisó.
El presidente del directorio señala que "ninguno de las 348 personas de la fundición quedará sin trabajo. Seguirán siendo parte de alguna de nuestras otras divisiones si así lo desean y, si alguno prefiere postular a un plan de retiro voluntario especial, tendrá esa opción disponible".
"El trabajo que se viene es enorme, pero tengo la convicción de que responde a la necesidad de asegurar un mejor futuro, especialmente para las comunidades, de las que forman parte las trabajadoras y los trabajadores de Ventanas y sus familias. Nos proponemos una transición justa hacia formas de operar que generen bienestar para todos y todas, y en que no sean los menos favorecidos los que deban pagar los costos del desarrollo. Recorreremos juntos este camino y encontraremos la mejor solución para las personas de la fundición, la bahía de Quintero-Puchuncaví y Chile entero", finaliza la misiva.
El directivo de SONAMI sostuvo que en este caso se ha adoptado la medida más fácil en lugar de diseñar soluciones técnicas viables que no impliquen cerrar esta instalación, "tirando por la a la basura toda la inversión que se ha materializado”.
Frente a la movilización de los trabajadores de Codelco, Hernández dijo que no se ha evaluado el impacto que tiene esta drástica medida, “ya que difícilmente estos trabajadores podrán conseguir un trabajo cercano y podrían eventualmente ser traslados a zonas más lejanas con el consiguiente impacto en su vida familiar”.
Agregó que, además de los trabajadores, se debe meditar respecto al impacto que este cierre tiene en la situación productiva de la pequeña y mediana minería, y los proveedores industriales.
Hernández mencionó que Enami representa el 34 % del abastecimiento de concentrados a la Fundición, los que, una vez fundidos y llevados a ánodos, se suman a la producción de Paipote para abastecer la Refinería Electrolítica.
El presidente de SONAMI sostuvo que los análisis que deben hacer las autoridades respecto a este tema es diseñar un plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo, como alternativa al mero cierre de la Fundición Ventanas.
“Llama la atención que esta medida se haya anunciado un viernes a última hora previo a un feriado y, por otra parte, que no obstante que el programa de gobierno del Presidente Boric considere incrementar la capacidad de fundición en Chile, la primera medida que se anuncia es el cierre de la Fundición Ventanas, es algo que no sé entiende”, sostuvo Hernández.
Finalmente, el presidente de SONAMI dijo que, dado lo apresurado de la decisión, no se ha considerado tampoco el hecho de la fundición tiene una capacidad anual de producción de 420.000 toneladas, que reduce significativamente la capacidad de fundición de concentrados en nuestro país.
MINISTRA VALLEJO: "NO DAREMOS UN PASO A LA PRIVATIZACIÓN"
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó, en su ya tradicional vocería de los lunes, algunos planteamientos de trabajadores que con esta decisión el Ejecutivo busque avanzar hacia "privatizaciones".
"Los trabajadores y trabajadoras han mostrado sus preocupaciones y que son legítimas en torno a una posible privatización o en torno a un retroceso de los compromisos a una industrialización sustentable", señaló Vallejo.
"Queremos ser muy enfáticos y el Presidente lo ha dicho: no vamos a dar paso hacia privatizaciones. Nosotros creemos en la empresa pública, creemos en su fortalecimiento y en su desarrollo estratégico. Pero tampoco creemos que la empresa del Estado se tenga centrar solo en la extracción de materias primas, por eso, los procesos de fundición, con los más altos estándares, van a ser una prioridad y así también lo ha señalado Codelco", agregó la ministra.
A la vez, la titular de Minería, Marcela Hernando, manifestó que "esperamos que no se llegue a la paralización; hacemos un llamado a todos los trabajadores a ver que esto es un bien ciudadano, hay un bien mayor que está en juego, y hay un compromiso del Estado, del Gobierno, de no dejar solos a los trabajadores de la fundición Ventanas
"La refinería va a seguir funcionando, y el complejo no se cierra completamente, y esta disminución de capacidad de fundición porque se cierra (una faena) va a ser temporal, porque hay un compromiso del Gobierno de reforzar la capacidad estatal de fundición", reafirmó.
La autoridad lo declaró a la salida de una reunión en La Moneda con el Presidente Boric, su par de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el presidente del directorio de Codelco, cuyo fin fue abordar el proyecto de ley que modifica la legislación que mandata a la empresa a hacer sus fundiciones en Ventanas, con el propósito de sumar otras locaciones a la norma.
LOS CAMBIOS QUE ESTABAN PREVISTOS
El 30 de marzo de 2019 el Ministerio de Medio Ambiente publicó un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. En el que establece “para la División Ventanas la reducción de sus emisiones de material particulado a 89 t/año (actualmente es 104 t/año) y de dióxido de azufre a 9.523 t/año (actualmente es 10.561 t/año)”.
Según el documento del Gobierno, para lograr que Ventanas cumpla esa normativa, “Codelco debería invertir US$ 52 millones de dólares entre 2022-2023”. Y advierte que “si la normativa actual que exige 95% de captura de las emisiones se ajusta al estándar mundial de 98%, las inversiones requeridas serían de US$ 150 millones adicionales. Esta mejora tecnológica disminuiría, pero no evitaría la ocurrencia de “peaks horarios” como el sucedido el lunes 6 de junio pasado”.
La solución definitiva para el Gobierno sería “construir una solución de horno encapsulado, tipo horno flash, además de extensos tiempos de aprobación ambiental, lo que implica básicamente una nueva fundición con un costo por sobre los US$ 1.000 millones”.
