Luego de ser notificados de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable, la minera presentó un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros -entidad liderado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas-, buscando revertir la negativa en un último intento en sede administrativa, pues luego la única vía es la judicial a través del Tribunal Ambiental de Santiago y, posteriormente, en la Corte Suprema.

En su resolución, la Dirección Ejecutiva del SEA -encabezada por la abogada Valentina Durán, quien fuera nombrada en el cargo bajo la actual administración del presidente Gabriel Boric- concluyó que el megaproyecto de la minera no determinó adecuadamente el área de influencia del componente calidad del aire ni tampoco entregó información suficiente que permita descartar el riesgo a la salud de la población.

Frente al cuestionamiento, el presidente ejecutivo de AngoAmerican Chile, Aaron Puna sostuvo, en entrevista con el programa Comunidad Cobre, conducido por el periodista Eduardo Fuentes, que “sabemos que si podemos aplicar las medidas de compensación, la calidad del aire de Santiago mejorará”.

Consultado por otra de las críticas que rodean al proyecto y planteadas por ambientalistas, como un eventual afectación al suministro de agua potable en la Región Metropolitana, el ejecutivo respondió que “no hay riesgo para el suministro de agua de la región de Santiago. Desde 2015 hemos logrado reducir en un 47% nuestro uso de agua fresca, pero las personas en general no perciben esto, no saben de esto”.

“Creo que vale la pena explorar nuestros planes hídricos, dado lo sensible que es este tema y lo importante que es para los chilenos”, añadió, según La Tercera.

Explicó también que cuando se apruebe la iniciativa, la compañía desarrollará una planta desalinizadora en la costa. “Y lo que buscamos hacer con esa agua es desalinizar agua para el consumo humano. No transportaremos agua desalinizada a Los Bronces. Lo que haremos será llevar aguas residuales a cambio de agua fresca que producimos y llevaremos el agua industrial o agua residual a Los Bronces para el proceso minero”, acotó.

Más enfático aún en sus palabras, sostuvo que “no sólo no habrá impacto alguno en la Región Metropolitana, sino que lo que podremos hacer será cumplir con, quizás, uno de los principales objetivos del país”.

A su parecer, “a mediados de esta década estaremos en la situación de no requerir agua fresca para Los Bronces. Y lo más importante es que ello nos permitirá estar en posición de que, en conversaciones con las autoridades, nuestras licencias y permisos queden a su disposición para que prioricen el uso que consideren necesario”.

Los Bronces hoy emplea a 4.500 personas de manera permanente. Además cuenta con una fuerza de trabajo temporal que agrega unas 5.000 personas más y a medida que se avance en el desarrollo de Los Bronces Integrado y su explotación subterránea, “hablamos de 5.000 hasta unos 8.000 puestos de trabajo adicionales”.

“APUNTAMOS A UN APROBACIÓN CON CONDICIONES”
El presidente ejecutivo de AngloAmerican Chile también detalló los motivos por los cuales elevaron su reclamación ante el Comité de Ministros.

“Tenemos gran confianza de que existe una actitud favorable hacia el proyecto y creemos que debe reforzarse el diálogo. En términos de lo que creemos sería un resultado positivo, se trata de un resultado en el que todos tengan la misma confianza que tenemos nosotros en el proyecto”, complementó Aaron Puna.

“Idealmente, eso implica que estamos muy probablemente apuntando a una aprobación con condiciones y creo que eso es muy importante. Mencioné antes que no hubo tiempo para analizar, evaluar y verificar parte de la información”, acotó.

“Creo que necesitamos dialogar aún más con las autoridades y articular mejor en qué consiste el proyecto y los impactos positivos que tendrá para la base de los grupos de interés”, añadió.

Asimismo, destacó que la iniciativa obtuvo el respaldo de 23 de los 25 procesos de aprobación de servicios evaluadores.

Por último, sostuvo que durante el año pasado Anglo American pagó impuestos por US$1.000 al Estado de Chile y destacó la relevancia de dichos recursos para ejecutar proyectos sociales en materia de educación.