GLADYS PEREYRA COLCHADO

“Hemos agotado todas las vías”, dice Edar Troncos con una mezcla de impotencia y resignación. El alcalde del distrito de Suyo, en Piura, asegura que ni la intervención de la policía ni de la fiscalía ha podido frenar a los mineros ilegales que contaminan el río Macará. Proteger al río, que divide la frontera de Perú y Ecuador, depende casi únicamente de la población. El problema es que nadie los protege a ellos.

Suyo es uno de diez distritos de la provincia de Ayabaca que concentra la mayor cantidad de mineros ilegales de la región. Solo hasta el 2019 , la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) estimaba que el 70% de 10.000 mineros ilegales e informales de Piura estaba en Suyo.

Ese año, el crimen del dirigente campesino Wilbelder Ángel Vegas Torres, férreo opositor a la minería ilegal que había solicitado garantías para su vida por las continuas amenazas en su contra, evidenció –ya tarde – el nivel de violencia e impunidad alrededor de la minería ilegal y la desprotección de los defensores ambientales. La situación no ha cambiado desde entonces.

Una intervención realizada en diciembre del año pasado por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana inutilizó cuatro minas de oro ilegal, cuyo procesamiento se realizaba en pozas de sedimentación y de cianuración.

“A veces hay intervenciones, pero los mineros ilegales regresan. Los detienen, vuelven y lo peor es que todo el mundo los ve”, cuenta un testigo que prefiere mantener su nombre en reserva. Una de esas zonas “visibles” es el río Macará, en cuya ribera se han encontrado varias retroexcavadoras que extraen material y desvían el cauce. En mayo pasado las rondas campesinas intentaron detener a los responsables, pero fue en vano.

Según el alcalde, se tratarían de mineros ilegales procedentes de Ecuador que operan en ambos lados del río. Una intervención realizada por la Agencia de Regulación y Control de Energía de dicho país, realizada en febrero pasado, confirmó que en el lado de su país no hay concesiones mineras.

“Es un tema bastante complicado por ser frontera. Ellos traen maquinaria pesada y hacen lagunas para amontonar el material. Las rondas campesinas, con justa razón, tratan de erradicarla y reciben todo tipo de amenazas”, dice Troncos. El principal temor es que la contaminación por mercurio y cianuro alcance la cuenca del canal Quiróz, que irriga el reservorio de San Lorenzo de uso agrícola. “No solo afecta a la parte alta sino también a la población abajo que reciben agua del reservorio. Los más afectados son del caserío de Cucuyas”, añade.

En mayo pasado, la policía ecuatoriana realizó una intervención contra minería ilegal en el sector de Vicin, ubicado a 30 minutos de Macará. Detuvieron a 27 personas, entre ecuatorianos, peruanos y colombianos.

BAJO AMENAZA
A menos de 200km de distanciad de Suyo, las comunidades awajún y wampis en el Cenepa, distrito de Amazonas que limita con Ecuador, viven una situación similar. El 22 de mayo pasado, la misma población, representada en el Comité de Autodefensa Indígena de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), intervino un campamento de minería ilegal ubicado entre las comunidades nativas Tutino y Pagki. Ese día siete mineros ilegales fueron puestos a disposición de la fiscalía, pero liberados horas después.

“Lamentablemente la actuación del Estado para erradicar la minería ilegal y para salvaguardar la seguridad de la población indígena en la zona ha sido realmente deficiente”, explica Patricia Tipián, representante de la Adjuntía para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Luego de la intervención de la comunidad, los mineros ilegales volvieron en mayor cantidad y con ello aumentaron las amenazas.

Si bien la ubicación geográfica de frontera hace difícil la atención inmediata del problema –que se intensificó con la pandemia–, Tipia sostiene que la falta de recursos hace infructuoso cualquier intento de erradicación.

“No se cuenta con presupuesto para llegar a la zona y realizar acciones de interdicción. Se requiere presencia policial en la zona permanente para brindar seguridad tanto a la población como a los defensores ambientales que están poniendo en riesgo su vida para este proteger nuestros recursos naturales”, dice.

A fines de mayo, Augostina Mayan Apikai, lideresa ambiental y dirigente de ODECOFROC, viajó a Lima para denunciar las amenazas que vive ella y su comunidad por oponerse a la minería ilegal. 

“Cenepa es considerado de extrema pobreza, con la pandemia ha sido que han ingresado [los mineros ilegales] justificando por hambre, por necesidad de salud, necesidad de educación”, dijo entonces a Canal N. Por eso la erradicación necesita una intervención integral con promoción de actividades productivas sostenibles y atención a las demandas sociales.

El 2 de junio, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, anunció que se fortalecería la lucha contra la minería ilegal y la tala ilegal en la provincia de Condorcanqui, donde se encuentra El Cenepa, con la ejecución de operaciones policiales y militares. Dijo que iba a proponer una declaratoria del Estado de Emergencia en dicha provincia para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. Hasta la fecha el anuncio no se concreta.

PROTESTAS EN ECUADOR
Grupos de indígenas en Ecuador bloquearon algunas carreteras con montículos de tierra y quemaron neumáticos, dando inicio a lo que dicen será una protesta indefinida contra las políticas económicas del presidente conservador Guillermo Lasso.

Las organizaciones indígenas quieren que Lasso congele los precios de los combustibles a tasas más bajas, frene los planes de expansión petrolera y minera y extienda los plazos para que los pequeños agricultores paguen sus deudas con los bancos, según informó Alexandra Valencia en Reuters.

En octubre, el presidente congeló los precios de la gasolina más usada y del diésel a tasas más altas que las vigentes antes de adoptar la medida, lo que provocó protestas que terminaron cuando el Gobierno abrió conversaciones con líderes indígenas y otras organizaciones sociales.

Los diálogos continuaron desde entonces, pero los líderes indígenas dicen que el Gobierno no está escuchando sus preocupaciones y, por lo tanto, han decidido reiniciar las protestas.

"Hemos tenido que recurrir a la resistencia en vista de que el Gobierno Nacional ha instalado más y más las políticas de muerte que no permiten sostener nuestras economías irrisorias", dijo Leonidas Iza, líder de la organización indígena CONAIE.

"Señor presidente responda al pueblo los temas urgentes, necesarios y más dolorosos", añadió Iza junto a decenas de otros indígenas en una carretera al sur de Quito, instando a Lasso a no permitir que el Fondo Monetario Internacional "imponga" sus políticas.

El país sudamericano mantiene un financiamiento por 6.500 millones de dólares con el organismo multilateral en un acuerdo que concluye este año.

Las vías que conectan a Quito con el Norte y Sur del país, en algunos tramos fueron bloqueadas con tierra, árboles y neumáticos en llamas por los manifestantes.

En otras provincias andinas algunos tramos fueron cerrados, dijo el servicio de emergencia ECU 911, mientras que la organización indígena CONFENIAE aseguró que algunas vías en la región amazónica, donde se ubica la infraestructura petrolera y minera, también estaban bloqueadas.

"No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras, no vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público", dijo Lasso en sus redes sociales y agregó que los bloqueos afectarían a la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19.

"Tengo la voluntad para cambiar el Ecuador, no podemos parar, tenemos que unirnos y trabajar fuerte" añadió.