FEDERICO RIVAS MOLINA

Argentina se enreda, una vez más. Los obstáculos para construir un gasoducto han eyectado durante el fin de semana del Gabinete al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y agitado las tensiones entre el presidente, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El mar de fondo es una grave escasez de gas y gasoil, que obliga a Argentina a importar y seca de dólares las magras reservas del Banco Central. La crisis energética, que no es nueva, se convirtió finalmente en una crisis política, la enésima que enfrenta el país sudamericano.

Cuando en Argentina llega el frío del invierno, los problemas se multiplican. Desde mediados de 2007, el país sudamericano, alguna vez exportador de hidrocarburos, debe comprar gas licuado envasado o GNL.

Según la consultora Ecoviews, en junio, julio y agosto la factura mensual energética salta desde menos 100 millones de dólares a cerca de 1.200 millones, producto de las compras de gas a Bolivia y, sobre todo, el GNL. En septiembre baja a 800 millones y recién en octubre, cuando los argentinos apagan sus estufas, vuelve otra vez a menos de 100.

La cuestión no sería tan grave si no fuese por dos cuestiones. Una: más de un tercio de las reservas del Banco Central hoy se van en importar gas, en un contexto de déficit crónico de divisas y pérdida del valor del peso. Si no hay ninguna catástrofe económica, la inflación de 2022 rondará el 70%. Dos: el país tiene las segundas mayores reservas de gas del mundo, pero no puede transportarlo desde el yacimiento de Vaca Muerta, donde se produce en la Patagonia, hasta los centros urbanos, donde se usa. La solución está en construir un gasoducto.

A principios de mayo, el presidente Fernández estuvo de gira por España, Francia y Alemania. Vendió allí a Argentina como opción a los hidrocarburos que Europa ya no puede comprar a Rusia. Pedía a cambio inversiones para el sector, hoy atorado por la falta de infraestructuras. “Argentina necesita un gasoducto en Vaca Muerta”, dice Victoria Terzaghi, editora jefe de energía del diario Río Negro. “Pero es una obra que llega tarde; se intentó hacer con Mauricio Macri, porque ya se sabía lo que iba a pasar”, explica.

El problema es simple: Vaca Muerta está en niveles récord de producción de gas, pero los ductos actuales están saturados y ya no es posible enviar el carburante a las plantas de distribución. Sin gas en las grandes ciudades, el país debe importarlo en barcos gasíferos que se comen las reservas. 

Una fuente del sector petrolero explica que “la construcción del gasoducto a Vaca Muerta permitiría reducir los niveles de importación, abastecer el doméstico y plantear en el corto plazo un acceso a los mercados regionales”. “La oportunidad está”, dice, “pero Argentina requiere de inversión internacional significativa por un período de tiempo prolongado. Las condiciones económicas actuales, sin acceso a divisas, son un impedimento”, agrega.

El escenario es el del perro que se muerde la cola. Por la falta de dólares, Argentina aplica un férreo control de cambios y limita la repatriación de las ganancias de las multinacionales. Esas mismas restricciones espantan las inversiones de largo plazo, como las necesarias en el sector petrolero. Y aquí volvemos al gasoducto, que el Gobierno ha llamado Néstor Kirchner, en honor al expresidente y marido de la actual vicepresidenta. La salida de Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo es la foto de una gran crisis.

La política energética argentina está en manos del kirchnerismo. Su gente controla la secretaría de Energía, y con ella las agencias encargadas de desarrollar la producción de gas, electricidad y petróleo. Alberto Fernández y los pocos ministros que le responden, entre ellos Kulfas -antes de su salida- y el ministro de Economía, Martín Guzmán, han chocado varias veces contra los funcionarios kirchneristas a cargo del sector.

La pelea paralizó cualquier estrategia de Estado, hasta que la guerra en Ucrania disparó la factura de la importación de gas y se reactivó la idea del gasoducto. Fernández inauguró con solemnidad la construcción del ducto incluso antes de que Energía Argentina, la oficina a cargo de la obra, haya iniciado el proceso de licitación. Pronto empezaron los problemas.

La semana pasada, durante la conmemoración del centenario de la petrolera estatal YPF, Cristina Kirchner, se preguntó porqué Techint, la empresa que fabricará los caños del gasoducto, “no trae su laminadora a la Argentina y hace acá esa chapa que le compra a Usiminas, en Brasil”. Usiminas es una de las mayores metalúrgicas de América Latina. Como en Argentina la chapa necesaria para producir los caños no se produce en el espesor necesario, Techint se los compra a Usiminas, de la cual es socia en un 20%. Fernández, sentado a su lado, recibió el golpe.

Fue entonces que desde el ministerio de Kulfas filtraron una declaración a la prensa donde acusaban al kirchnerismo de haber beneficiado a Techint en el contrato. El presidente, que ensayaba entonces una tregua con Kirchner, sacrificó a un hombre leal y lo sacó del cargo. Kulfas no se fue en silencio. Repartió a los medios su carta de renuncia, 14 carillas donde mezcló dosis de catarsis con graves denuncias.

Kulfas acusó a los funcionarios de Kirchner de demorar el inicio del gasoducto y de sostener, contra la opinión del ministro Economía, un sistema de subsidios a la energía en los hogares que el año pasado costó a las arcas públicas US$ 11.000 millones, equivalentes a 2,3% del PIB. Las tarifas de electricidad, gas y agua llevan congeladas desde finales del gobierno de Mauricio Macri y acumulan un retraso de más de 200%, en un esfuerzo por evitar que sumen presión a la inflación.

“El segundo desafío era salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige en nuestro país desde hace dos décadas”, escribió Kulfas, “el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, anti federal y pro rico (…), que como peronista me avergüenza”, escribió Kulfas, ya sin la presión del cargo.

Desde Energía Argentina le contestaron con un escrito: “Lamentablemente se observa que mientras la Secretaría de Energía fue una dependencia bajo su órbita, hasta agosto del año pasado, y tampoco posteriormente, logró entender cómo funciona el sistema energético”. La guerra abierta está declarada. Mientras tanto, la obra del gasoducto se encuentra recién en su etapa inicial y es poco probable que esté lista para finales del año próximo, como espera, y necesita, el gobierno.